Texto escrito por: Carlos Lagos
Colombia eligió un nuevo presidente. Con el 99,86 % de las mesas informadas, el preconteo oficial proyecta la elección de Abelardo de la Espriella con 12.944.441 votos (49,65 %) frente a 12.697.154 votos (48,70 %) obtenidos por Iván Cepeda. La diferencia es de 247.287 sufragios, un margen inferior a un punto porcentual que refleja una de las elecciones presidenciales más estrechas de nuestra historia reciente.
Pero quizá el dato más revelador no sea la diferencia entre ambos candidatos. Como lo destacó El Espectador, hubo más votos en blanco que votos que separan a los dos aspirantes. Esa sola cifra resume una verdad política de enorme profundidad: ningún sector puede atribuirse la representación absoluta del país.
Ese es, probablemente, el principal mensaje de esta jornada. Jurídicamente existe un ganador. Democráticamente existe un presidente electo. Social y políticamente, sin embargo, Colombia continúa profundamente dividida.
Durante meses el debate dejó de girar alrededor de programas de gobierno para convertirse en una confrontación de emociones. Las redes sociales sustituyeron los argumentos por consignas; los algoritmos premiaron la indignación sobre la reflexión; y la discusión sobre seguridad, crecimiento económico, salud, educación, justicia o infraestructura terminó eclipsada por la lógica del enfrentamiento permanente.
La campaña puso en evidencia un fenómeno aún más preocupante: el progresivo vaciamiento del lenguaje político. Poco importaban las propuestas cuando bastaba un video viral, una descalificación o una frase incendiaria para dominar la conversación pública. Esa degradación del debate produjo una peligrosa confusión entre dos conceptos distintos: la legitimidad democrática y la legitimidad aritmética.
En una democracia, ganar una elección concede el derecho a gobernar, pero no otorga un cheque en blanco. Mucho menos convierte al vencedor en propietario del Estado ni transforma a quienes votaron distinto en enemigos de la República.
La Constitución de 1991 fue concebida precisamente para impedir que una mayoría circunstancial concentrara el poder. El Congreso, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los organismos de control, la Rama Judicial y el Banco de la República existen porque la democracia no descansa únicamente sobre las urnas, sino también sobre un sistema de contrapesos diseñado para proteger las libertades de todos, incluso de quienes perdieron las elecciones.
Por eso el verdadero desafío comienza ahora. Gobernar un país donde prácticamente la mitad de los ciudadanos respaldó una opción diferente exige algo más que legitimidad electoral. Exige prudencia, capacidad de diálogo y una profunda vocación republicana.
La tentación de interpretar el resultado como autorización para imponer un proyecto político sin escuchar al resto del país sería un error histórico. Pero la responsabilidad tampoco recae únicamente sobre quien ganó.
La oposición tiene el deber democrático de ejercer control político dentro de las reglas institucionales. Una democracia madura necesita una oposición firme, crítica y vigilante, pero también respetuosa del orden constitucional. La crítica fortalece la República; la deslegitimación permanente de las instituciones termina debilitándola.
Existe además una realidad que ninguna campaña logró modificar. El nuevo gobierno recibirá un Estado sometido a enormes restricciones fiscales, con desafíos crecientes en materia de seguridad, crecimiento económico, sostenibilidad del sistema de salud, generación de empleo, transición energética, confianza inversionista y cohesión social.
La realidad terminará imponiendo límites que la retórica electoral muchas veces ignoró
Los mercados internacionales, la regla fiscal, la estabilidad monetaria, las necesidades sociales y las restricciones presupuestales obligarán a cualquier administración a gobernar con mucho más pragmatismo del que exhibió durante la campaña. Quizá esa sea la principal enseñanza que deja esta elección.
Las promesas absolutas suelen estrellarse rápidamente contra la complejidad del Estado. Gobernar resulta infinitamente más difícil que hacer campaña. Por eso conviene abandonar cuanto antes el lenguaje de vencedores y vencidos. Las campañas terminan. La República permanece.
El verdadero triunfo de Colombia no consistirá únicamente en haber elegido un presidente, sino en demostrar que sus instituciones son capaces de procesar una elección extraordinariamente reñida sin quebrar la convivencia democrática.
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