Texto escrito por: Edison Garnica
La reciente ratificación de condena por parte de la Corte Suprema de Justicia en contra del ganadero y empresario Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se da en un momento de presión política, en el que las elecciones presidenciales se encuentran en su máximo punto de tensión. No es de extrañarse que este evento en cuestión genere aún más tensión al ambiente, más si se elevan los cruces álgidos entre los defensores del expresidente Uribe y sus más férreos contradictores.
Es un hecho judicial que sobre este personaje pesa una condena penal de 28 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Desde hace más de 15 años se surte en su contra una acusación al ser señalado como presunto fundador y jefe de la agrupación conocida como "Los 12 Apóstoles" o Autodefensas del Norte Lechero. Este grupo armado operó en la región norte de Antioquia entre 1992 y 1997, siendo investigado por cerca de 500 homicidios documentados, y teniendo como uno de sus presuntos centros de operaciones la hacienda La Carolina, ubicada en el municipio de Yarumal.
Particularmente, el caso cobró mucha notoriedad por tratarse del hermano de uno de los expresidentes más populares y cuestionados de la historia de Colombia como lo ha sido Álvaro Uribe Vélez, hasta tal punto que dos de los testigos claves del proceso, el extrabajador de La Carolina Eunicio Pineda y el coronel de la Policía Juan Carlos Meneses, debieron recibir garantías de protección internacional por parte de numerosas ONG internacionales, la orden religiosa de la Compañía de Jesús, y el respaldo de defensores de derechos humanos como la fallecida Fabiola Letelier y el premio nobel de paz Adolfo Pérez Esquivel.
Las acusaciones de ambos testigos vinculan al ganadero en la presunta conformación del grupo junto a personas de la región entre ganaderos, comerciantes, sembradores de papa, comerciantes y un sacerdote, con el propósito original de combatir el accionar criminal de los grupos guerrilleros y de delincuencia común. En la práctica, según los expedientes judiciales, esta agrupación operó mediante la ejecución de los denominados actos de "limpieza social" y control poblacional, recurriendo a listados para cometer asesinatos, torturas y desapariciones en el norte de Antioquia.
Si bien el nombre de Santiago Uribe Vélez resalta principalmente por el caso de los Doce Apóstoles, diversos investigadores señalan que su mención en expedientes judiciales, acusaciones e investigaciones periodísticas abarca otros escenarios del contexto antioqueño, donde se examinan presuntos vínculos con sectores cuestionados o menciones en casos de homicidios políticos de los años 90.
1. Las menciones en el contexto taurino y caballista de Medellín
Por años, sectores de oposición e investigadores han debatido sobre el origen de los bienes de la familia Uribe Vélez. Durante la década de los 80, el periodista Fabio Castillo expuso en su obra Los Jinetes de la Cocaína a diversos personajes vinculados al crimen organizado en Colombia, mencionando al asesinado Alberto Uribe Sierra y a la hacienda La Carolina como puntos de encuentro de ganaderos y caballistas de la región antioqueña en la época en que cobraba auge el denominado Clan Ochoa. Aunque el libro no vinculó directamente a Santiago Uribe con actividades ilícitas, describió el entorno socioeconómico de la época.
Por otra parte, la presencia de Santiago Uribe en el ámbito social taurino y equino fue registrada en el libro Mi vida en el mundo de los caballos, publicado por Fabio Ochoa Restrepo en 2001. En dicha publicación se incluyó una fotografía de 1985 donde aparece Santiago Uribe en una actividad social junto a miembros de la familia Ochoa Restrepo y ganaderos de la región. Para la época, los miembros de dicho clan se encontraban bajo investigación judicial por los hechos que rodearon el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.
Asimismo, investigaciones de la periodista Olga Behar en El Clan de los Doce Apóstoles y del abogado Sergio Mesa en El Apóstol Santiago recogen testimonios de extrabajadores y declaraciones del exoficial Juan Carlos Meneses que señalan la presunta operación de laboratorios de procesamiento de estupefacientes en predios colindantes entre las haciendas La Carolina y La Isla, señalando supuestas omisiones o connivencias de propietarios locales.
Es de aclarar que no existe una acusación ni condena formal contra Santiago Uribe Vélez en Colombia o en los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Sus defensores sostienen que sus actividades económicas han sido lícitas y transparentes, mientras que los críticos insisten en revisar las fuentes de financiamiento que permitieron la estructura de seguridad en sus propiedades.
2. El debate sobre los testimonios de Justicia y Paz
Un testimonio polémico que reposa en los archivos de la Unidad de Justicia y Paz, y que fue retomado en discusiones judiciales recientes, corresponde a las declaraciones entregadas en 2008 por el exparamilitar Francisco Enrique Villalba. Ante los magistrados del tribunal, Villalba testificó sobre una presunta reunión que habría tenido lugar a finales de noviembre de 1997 en el Valle del Cauca, en la que supuestamente se habría coordinado el accionar contra defensores de derechos humanos y personalidades públicas como Jesús María Valle, Eduardo Umaña Mendoza y Jaime Garzón.
Según ese relato, en dicho encuentro habrían participado jefes paramilitares como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, miembros de las Fuerzas Militares y particulares. Los señalamientos de Villalba apuntaban a que los sectores investigados veían el trabajo jurídico de Valle Jaramillo y Umaña, así como la sátira política de Garzón, como un obstáculo para sus proyectos de expansión en el territorio nacional. Estas denuncias guardan relación histórica con los debates de control político que el entonces representante Gustavo Petro Urrego adelantaba en el Congreso de la República sobre la penetración paramilitar.
Las declaraciones del fallecido exparamilitar mencionaron además la supuesta existencia de listas donde figuraban investigadores del CTI de la Seccional Antioquia, defensores de derechos humanos y líderes políticos de la época. Las autoridades judiciales han evaluado a lo largo de los años la credibilidad de estos testimonios, confrontándolos con las redes de sicariato que operaban en Medellín desde centros de operaciones como el denominado "Parqueadero Padilla".
Los analistas históricos encuentran similitudes discursivas entre estas dinámicas y las listas de amenazas que circularon en Antioquia a finales de los años 80, un fenómeno que fue denunciado públicamente por el médico y activista Héctor Abad Gómez días antes de su asesinato en 1987. Como lo relató el escritor Héctor Abad Faciolince en su obra El olvido que seremos, la confrontación ideológica en la sociedad antioqueña de la época cobró la vida de numerosos intelectuales, defensores de derechos humanos y reclamantes.
Ante la opinión pública y las instancias judiciales, la defensa de Santiago Uribe Vélez ha reiterado de manera sistemática su inocencia, argumentando que los procesos en su contra obedecen a un montaje político y a un cartel de falsos testigos enfocado en afectar el legado de su hermano, el expresidente Álvaro Uribe. El caso continúa siendo uno de los termómetros judiciales más complejos del país, mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la justicia ordinaria siguen avanzando en el esclarecimiento de las responsabilidades individuales en el marco del conflicto armado.
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