Una comisaría de familia de Cartagena ordenó el 29 de mayo de 2026 medidas de protección provisionales contra Raúl Santiago Botero Jaramillo, candidato a la presidencia de Colombia, tras una denuncia que presentó su esposa, Manuela Echeverri Hoyos, por presunta violencia intrafamiliar. El documento oficial activó el procedimiento legal colombiano para atender casos de este tipo, que permite adoptar medidas preventivas incluso antes de que exista una decisión definitiva.
La solicitud fue admitida y la comisaría tomó varias decisiones de manera inmediata para proteger a Echeverri Hoyos, a otra integrante de su familia identificada como Victoria Hoyos Gil y a un menor de edad mencionado en el expediente. Las autoridades justificaron la urgencia de las medidas en que la permanencia de Botero en la vivienda familiar podría representar un riesgo para la seguridad y la integridad de la denunciante.
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Entre las disposiciones adoptadas, la comisaría ordenó que el candidato abandone la vivienda que compartía con su esposa y le prohibió ingresar a los lugares donde ella se encuentre. El objetivo de esa restricción es evitar posibles intimidaciones o amenazas contra Echeverri Hoyos o contra los menores de edad vinculados al proceso. Además, Botero no podrá movilizar ni ocultar a ningún menor o persona en condición de vulnerabilidad que forme parte del núcleo familiar.
La Policía deberá brindarle protección a la denunciante, tanto en su residencia como en su lugar de trabajo, si ella lo solicita. Como parte del proceso, el candidato también tendrá que someterse a un tratamiento terapéutico y reeducativo a su propio costo, según lo establecen las normas vigentes para este tipo de casos.
Las medidas también cubrieron el patrimonio familiar. La comisaría ordenó una protección patrimonial temporal para impedir que se enajenen bienes muebles o inmuebles de la sociedad conyugal mientras avanza la investigación. Tampoco se podrán hacer cambios en documentos societarios ni retirar a nadie de los bienes del domicilio sin autorización. La administración del edificio donde residían las partes recibió la orden de cambiar las guardas y llaves del apartamento, que deberán quedar en manos exclusivamente de Echeverri Hoyos.
Uno de los detalles que llamó la atención en el proceso fue la custodia de los tres perros de la familia, que la comisaría dejó a cargo de Manuela Echeverri Hoyos mientras continúa el trámite.
Alberto Boek, abogado de la denunciante, explicó que las acusaciones incluyen presuntos hechos de violencia psicológica, económica y de otros tipos, que su clienta habría denunciado aproximadamente un mes antes de que se emitieran las medidas de protección.
El proceso estuvo acompañado además de un incidente que trascendió públicamente. Según un audio revelado durante las diligencias, Botero habría amenazado por teléfono a uno de los funcionarios que participó en el operativo, diciéndole que agradeciera que no había bajado a dispararle. La frase generó rechazo y alimentó el escándalo que rodea al candidato en medio de la campaña presidencial.
La denuncia fue radicada con base en hechos ocurridos hasta el 28 de mayo de 2026, según consta en el auto emitido por la comisaría. El caso involucra también a un hijo de la pareja de diez meses de edad, quien habría sido impedido de ingresar a la vivienda junto con su madre en uno de los episodios que motivaron la actuación de las autoridades.
Botero Jaramillo es un empresario del sector privado que entró recientemente a la carrera presidencial. El caso abrió un debate sobre su candidatura en un contexto en el que los hechos denunciados por su esposa se conocieron públicamente mientras la campaña estaba en marcha. Las autoridades competentes continúan revisando el expediente y escuchando a las partes involucradas.
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