Texto escrito por: Carlos Alberto Agudelo Arcila
Produce indignación y vergüenza observar a un expresidente, rodillo en mano y rodeado de escuderos, entregado con fervor a borrar como si enfrentara enemigos de la patria y no una legítima expresión ciudadana. La escena posee una dimensión simbólica imposible de ignorar: un dirigente convertido en censor callejero, decidido a combatir imágenes y consignas desde la lógica inquisitorial del enemigo interno.
Nada allí resulta accidental. El episodio delata una conducta persistente: una concepción de la hegemonía fundada en la confrontación, el sometimiento y la anulación del contradictor. La imagen remite de forma directa al 13 de septiembre de 2019, cuando Álvaro Uribe Vélez, entonces senador de la República, lanzó en La Calera una frase de inequívoca resonancia autoritaria: “Hacen silencio o los callamos”.
Ese discurso retrata una cultura partidista arraigada con fuerza durante los años 2002-2010: la sospecha permanente frente al disenso, la descalificación moral del adversario y la conversión de toda discrepancia en amenaza contra el orden. Aquel estilo de liderazgo dejó marcas profundas en la vida pública colombiana y contribuyó a normalizar la intolerancia como mecanismo ordinario de confrontación democrática.
La furia del dirigente —hoy refugiado en el Centro Democrático— permite comprender el origen de su virulencia, jamás justificarla. El episodio terminó convertido en una caricatura involuntaria: un concejal del bate, inflado por la teatralidad del heroísmo instantáneo, retrocediendo apenas encontró una juventud dispuesta a resistir la intimidación. En ese instante cayó el decorado y apareció el vacío.
La historia ofrece suficientes antecedentes sobre la destrucción de murales y símbolos públicos. Nunca se trató de simples actos vandálicos. Desde la antigüedad, regímenes, movimientos extremistas y autoridades autoritarias destruyeron imágenes para imponer doctrinas, borrar adversarios y controlar la memoria colectiva. El dominio de los muros siempre significó dominio del relato. La contemporaneidad latinoamericana conserva ejemplos elocuentes.
Entre 2019 y 2021, Bogotá presenció el borrado de murales críticos frente a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Ejército. Medellín vio desaparecer, en 2025, pinturas dedicadas a líderes sociales asesinados. Los murales de “Las cuchas tienen razón” recibieron ataques por reivindicar la memoria de víctimas de desaparición forzada. Durante la dictadura de Rojas Pinilla, expresiones artísticas incómodas para las autoridades padecieron censura sistemática. En España, los murales feministas de Ciudad Lineal y Getafe sufrieron actos vandálicos promovidos por sectores extremistas empeñados en decidir cuáles voces merecen ocupar el espacio público.
Nada ocurre por azar. Borrar un mural constituye un acto político. Quien cubre una pared intenta también cubrir una memoria, sofocar una denuncia y disciplinar la expresión ciudadana. El rodillo deja entonces de ser un objeto doméstico: adquiere condición de símbolo autoritario al pretender sustituir el debate por la imposición.
Las democracias auténticas no temen a las paredes pintadas ni a las voces incómodas. El miedo aparece, más bien, en quienes conciben el mando como sometimiento y no como convivencia. Todo intento de borrar un mural revela, en el fondo, la incapacidad para coexistir con una sociedad renuente al silencio impuesto.
Álvaro Uribe Vélez llamó “apache” e “indio” a Iván Cepeda, hijo del asesinado dirigente Manuel Cepeda Vargas. Ninguna salida verbal desafortunada aparece allí; tampoco una simple provocación. Surge, en cambio, la expresión descarnada de una cultura sectaria dedicada a degradar al contradictor, banalizar el odio y convertir el prejuicio social y racial en instrumento de confrontación pública.
Cuando la retórica del mando recurre a la descalificación étnica para herir al adversario, la erosión alcanza no solo la dignidad individual, sino también la altura moral del debate democrático. Colombia conoce demasiado bien las consecuencias de la polarización fanática: canibalismo político, violencias entre compatriotas y élites incapaces de reconocer legitimidad en la diferencia.
Resulta alarmante observar, en pleno siglo XXI, arengas orientadas a fomentar resentimientos y fracturar vínculos, familias y tejido social alrededor de bandos ideológicos convertidos en bastiones morales. El empobrecimiento de la expresión pública suele anticipar la erosión de la convivencia civil.
Más allá de la indignación inmediata, estas escenas dejan algo todavía más grave: la constatación de un fracaso republicano. Una parte de la dirigencia nacional continúa confundiendo liderazgo con intimidación, autoridad con desprecio y poder con humillación pública. Y acaso esa sea la decadencia más profunda: no la arremetida pasajera, sino la habituación a una actividad pública donde la ausencia de dignidad termina convertida en norma. Porque el problema nunca fue el mural. El problema es el que lo borra.
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