Texto escrito por: Pablo Emilio Obando A.
A principio de este año, el Gobierno de San Juan oficializó, sin consulta previa, que la empresa Minerales Camino Real, subsidiaria en Argentina de la multinacional Royal Road Minerals, pueda explotar esta área. San Juan es un territorio que atraviesa una profunda crisis hídrica: “La historia ya lo demuestra y, si no, miren cómo quedaron todos los pueblos donde se hizo megaminería. Hoy son pueblos fantasmas, pueblos con sus paisajes destruidos, con sus aguas contaminadas y eso no queremos que pase con nuestro Valle Fértil”. Pueblo de San Juan.
La reciente controversia alrededor del proyecto de ordenanza que buscaba crear la empresa Promotora Minera de Nariño —PROMINAR— abrió una de las discusiones políticas, ambientales y éticas más delicadas de los últimos años en el departamento de Nariño. Lo que inicialmente fue presentado por el gobierno departamental como una estrategia para “organizar” y “fortalecer” el sector minero regional, terminó convirtiéndose en una tormenta política que puso bajo cuestionamiento la transparencia del ejecutivo departamental, el verdadero alcance del proyecto y los intereses que podrían estar detrás de la iniciativa.
La propuesta consistía en la creación de una empresa de economía mixta, con participación mayoritaria privada —70 %— frente a una participación pública del 30 %. Desde el comienzo, diversos sectores sociales, ambientales y políticos advirtieron que el diseño mismo de la empresa levantaba profundas inquietudes: ¿cómo podía hablarse de defensa de los intereses estratégicos de Nariño cuando el control efectivo quedaría en manos privadas? ¿Quiénes serían realmente los beneficiarios de esa estructura empresarial? ¿Qué garantías existían para proteger el territorio, el agua y las comunidades?
Las dudas aumentaron cuando el proyecto fue radicado en sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental, en horarios y fechas que varios líderes políticos calificaron como “inusuales” y “aceleradas”. El exsenador Guillermo García Realpe cuestionó públicamente la premura con la que se pretendía tramitar una iniciativa de semejante trascendencia para el futuro del departamento. Según sus pronunciamientos, no era comprensible que una decisión relacionada con los recursos estratégicos del territorio se discutiera casi de manera exprés, sin una deliberación amplia y transparente con la ciudadanía.
La preocupación pública no surgió únicamente por el contenido del proyecto, sino por lo que posteriormente comenzó a revelarse a través de investigaciones ciudadanas, publicaciones digitales y pronunciamientos en redes sociales. Uno de los hallazgos que más polémica desató fue la existencia de un memorando de entendimiento suscrito entre la Gobernación de Nariño y la compañía estadounidense Royal Road Minerals. Para muchos sectores críticos, este documento evidenciaba que las negociaciones con capital extranjero ya venían adelantándose incluso antes de que PROMINAR existiera jurídicamente.
El aspecto más delicado del debate radicó en las referencias técnicas relacionadas con estudios de geolocalización y exploración minera. Según las denuncias difundidas públicamente, se hablaba de identificar zonas estratégicas para futuros procesos extractivos. Esto encendió las alarmas de organizaciones ambientales y defensores del territorio, quienes interpretaron tales acciones como el primer paso hacia un modelo de explotación intensiva de minerales en Nariño.
Y es que el trasfondo del debate excede ampliamente la discusión jurídica de una ordenanza. En el corazón de la polémica aparece una pregunta profundamente política y ética: ¿quién debe controlar los recursos naturales del departamento? Para amplios sectores sociales, la minería a gran escala impulsada por multinacionales representa una amenaza directa contra los ecosistemas andinos, las fuentes hídricas y las economías campesinas y comunitarias.
Las experiencias latinoamericanas en materia extractiva alimentan esas preocupaciones. En distintos países de la región, proyectos mineros promovidos bajo el discurso del “desarrollo” terminaron asociados a conflictos sociales, desplazamientos, contaminación de ríos y deterioro ambiental irreversible. Por ello, buena parte de la opinión pública nariñense considera legítimo exigir absoluta transparencia frente a cualquier iniciativa relacionada con el subsuelo regional.
La reacción dentro de la Asamblea Departamental fue determinante. Diputados como Alexander Rassa Bravo, Fabio Zarama y Berner Zambrano asumieron una posición crítica frente al articulado de la ordenanza y cuestionaron tanto su sustento jurídico como sus posibles consecuencias ambientales y territoriales. Según los argumentos expuestos por sectores opositores, el proyecto presentaba vacíos legales importantes y no garantizaba mecanismos suficientes de control público sobre las futuras decisiones empresariales.
Finalmente, el retiro del proyecto fue interpretado por muchos ciudadanos como una victoria política de la presión social y del control democrático ejercido desde la Asamblea. Sin embargo, lejos de cerrar la discusión, el episodio dejó abiertas interrogantes de enorme gravedad institucional.
¿Por qué no se informó oportunamente sobre los acercamientos con empresas extranjeras? ¿Por qué un proyecto de semejante dimensión se intentó tramitar de manera acelerada? ¿Por qué el gobierno departamental insistió inicialmente en presentar PROMINAR como un mecanismo meramente administrativo cuando posteriormente aparecieron documentos y acuerdos que sugerían un alcance mucho mayor?
El gobernador Luis Alfonso Escobar enfrenta hoy un fuerte desgaste político derivado de esta controversia. Sus críticos consideran que existió una contradicción entre el discurso público y las actuaciones adelantadas en materia minera. Para sectores ambientalistas y ciudadanos, la sensación predominante es que se intentó abrir la puerta a intereses multinacionales bajo una narrativa institucional aparentemente técnica.
La preocupación se profundiza cuando se analiza el contexto político del actual mandatario departamental. Sus críticos recuerdan cómo su trayectoria ha transitado por distintos sectores políticos, pasando de movimientos asociados a la derecha tradicional, como Cambio Radical, hacia sectores identificados posteriormente con propuestas progresistas cercanas al Pacto Histórico. Para muchos ciudadanos, esa movilidad política genera interrogantes sobre la coherencia ideológica y sobre los verdaderos compromisos que orientan las decisiones del poder regional.
A ello se suma un episodio que aún permanece en la memoria política del departamento: el cuestionamiento alrededor de los procesos internos que antecedieron su candidatura a la Gobernación. Sectores ciudadanos consideran que desde entonces comenzaron a percibirse tensiones entre la voluntad popular y las dinámicas del poder político regional, alimentando un ambiente de desconfianza que hoy vuelve a emerger con fuerza a raíz del caso PROMINAR.
Para amplios sectores ciudadanos, lo ocurrido deja una sensación amarga de desconfianza y de incertidumbre frente a las verdaderas intenciones que rodeaban este proyecto. Porque la pregunta de fondo sigue viva en el corazón de la opinión pública: ¿qué clase de gobernante actúa de una manera que muchos consideran tan leonina frente a los intereses de su propio territorio? ¿Cómo interpretar el hecho de que mientras públicamente se hablaba de fortalecer institucionalmente el sector minero, paralelamente ya existieran acercamientos y memorandos de entendimiento con empresas extranjeras interesadas en la exploración y explotación del subsuelo nariñense?
La indignación ciudadana creció aún más cuando comenzaron a conocerse detalles del memorando suscrito con Royal Road Minerals. Para los sectores críticos, el hecho de que existieran acuerdos preliminares incluso antes de la aprobación formal de la empresa minera departamental constituye una señal alarmante de improvisación institucional o, peor aún, de una agenda previamente definida que no fue comunicada de manera transparente a la ciudadanía ni a la Asamblea.
En las calles, en las redes sociales y en diversos espacios académicos y comunitarios comenzó entonces a consolidarse una narrativa de resistencia. Organizaciones indígenas, sectores ambientalistas, líderes sociales y ciudadanos del común interpretaron el retiro del proyecto no como un simple trámite administrativo fallido, sino como una victoria de la presión popular frente a lo que consideran un intento de abrir el territorio nariñense a intereses multinacionales extractivos.
La contradicción entre el discurso oficial y las actuaciones reveladas terminó siendo, quizá, el aspecto más explosivo de toda esta controversia. Mientras desde el gobierno se hablaba de paz territorial, sostenibilidad y desarrollo regional, numerosos ciudadanos percibieron que detrás de PROMINAR se escondía un modelo económico profundamente agresivo frente al medio ambiente y riesgoso para la soberanía territorial.
Y es allí donde aparece el mayor temor de los sectores opositores al proyecto: que el departamento de Nariño termine reproduciendo las tragedias sociales y ambientales que han vivido otras regiones latinoamericanas sometidas a dinámicas extractivas intensivas. La historia reciente del continente muestra numerosos ejemplos donde la explotación minera a gran escala ha derivado en conflictos sociales, desplazamientos de comunidades, contaminación hídrica y fracturas profundas en el tejido social.
Por ello, para muchos ciudadanos, el debate sobre PROMINAR no puede reducirse a una simple discusión jurídica o económica. Lo que está en juego —afirman— es el futuro mismo del territorio: el agua, los páramos, la biodiversidad, las comunidades campesinas e indígenas y la capacidad del departamento de decidir soberanamente sobre sus recursos naturales.
En medio de este panorama, la actuación de diputados como Alexander Rassa Bravo, Fabio Zarama y Berner Zambrano ha sido resaltada por diversos sectores sociales como un ejemplo de control político y defensa institucional del territorio. Sus intervenciones dentro de la Asamblea Departamental fueron interpretadas como una barrera frente a un proyecto que, según sus detractores, avanzaba sin suficiente claridad jurídica ni legitimidad social.
Frente a la magnitud de esta controversia, diversos sectores ciudadanos han comenzado incluso a plantear una medida de profundo simbolismo político y moral: que el gobernador Luis Alfonso Escobar sea declarado persona non grata en el departamento de Nariño. Más allá del carácter jurídico que pudiera o no tener una decisión de este tipo, lo que se busca —afirman sus promotores— es dejar un precedente histórico y ético frente a actuaciones que consideran contrarias a la dignidad, la soberanía y los intereses del territorio nariñense.
Para quienes sostienen esta postura, el caso PROMINAR representa mucho más que un error administrativo o una controversia política pasajera. Lo interpretan como un episodio que habría intentado abrir las puertas del subsuelo regional a intereses multinacionales sin el conocimiento pleno de la ciudadanía y sin un debate suficientemente amplio, transparente y democrático. De allí que hablen de una actuación marcada por la felonía política, por el ocultamiento y por una grave contradicción entre el discurso público y las actuaciones adelantadas en silencio.
Los sectores críticos consideran especialmente grave que, incluso antes de que PROMINAR existiera formalmente como empresa aprobada por la Asamblea Departamental, ya se hubieran adelantado memorandos y acercamientos con empresas extranjeras interesadas en los recursos naturales del departamento. Para ellos, ese hecho constituye una señal de alarma institucional y un motivo suficiente para exigir explicaciones políticas y éticas mucho más profundas.
Por eso, la propuesta de declararlo persona non grata ha comenzado a entenderse, entre algunos líderes sociales y ciudadanos, como una forma de memoria colectiva y de defensa simbólica del territorio. Un mensaje dirigido no solamente al actual gobierno departamental, sino también a futuros dirigentes: que Nariño no aceptará decisiones relacionadas con sus recursos naturales tomadas a espaldas de la ciudadanía ni procesos percibidos como favorables a intereses extranjeros por encima del bienestar regional.
Quienes respaldan esta posición sostienen que los pueblos tienen derecho a defender su territorio, su agua, sus ecosistemas y su soberanía económica y cultural. Y consideran que cualquier gobernante que, presuntamente, actúe en contravía de esos principios debe responder ante la historia y ante la opinión pública.
Así, el caso PROMINAR termina convertido en algo más profundo que una disputa administrativa. Se transforma en un símbolo de las tensiones entre desarrollo extractivo y soberanía territorial; entre poder político y control ciudadano; entre intereses económicos y defensa ambiental. Y, sobre todo, en una advertencia histórica sobre la necesidad de que las decisiones estratégicas del departamento de Nariño sean discutidas con transparencia absoluta, respeto democrático y verdadero compromiso con la protección de la vida y del territorio.
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