Texto escrito por: Omar Orlando Tovar
El operativo de la derecha para frenar el traslado de los ahorros pensionales a Colpensiones no fue ni improvisado ni fortuito; por el contrario, fue una maniobra jurídica y política perfectamente orquestada, en la que se aprovecharon los vacíos legales heredados del reciente bloqueo judicial a la reforma pensional, para empujar una demanda ciudadana pidiendo la suspensión del decreto del gobierno y lograr que un magistrado del Consejo de Estado paralizara el derecho de miles de trabajadores a disponer de sus propios ahorros.
Quienes tanto pregonan la “libertad de elegir” en el mercado resultaron ser los primeros en impedir que esa libertad se ejerza cuando la elección deja de favorecer sus cuentas bancarias. El resultado: un blindaje judicial para encarcelar $25 billones de los trabajadores en el poderoso sector bancario de Colombia.
En abril de 2026 el gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 415, una norma que ordenaba el traslado expedito desde los fondos privados (AFP) hacia Colpensiones de los ahorros de cerca de 150.000 trabajadores que ya habían decidido cambiarse voluntariamente de régimen. Era un trámite lógico: igual a cuando un ciudadano decide trasladar sus ahorros de un banco a otro, su dinero debe acompañar su decisión.
Sin embargo, el 11 de mayo de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar como ponente, suspendió provisionalmente el decreto al considerar, según su argumentación, que el gobierno se habría extralimitado en sus facultades reglamentarias. Detrás de esa decisión estaba una demanda promovida por Asofondos, a la que se sumaron, de manera casi automática, el candidato presidencial de derecha Abelardo de la Espriella.
El argumento principal de estos demandantes al servicio de los banqueros es que los recursos debían ir a un fondo de ahorro que aún no existe, administrado por el Banco de la República y no directamente a Colpensiones. Una decisión que, de facto, inmoviliza los ahorros en las cuentas de los bancos privados hasta que la ley entre nuevamente en vigor.
Esta treta jurídico-electoral revela el doble discurso de la derecha colombiana. En cuanto el trabajador colombiano ejerce la libertad por decisión propia y se traslada a Colpensiones, el discurso de la libertad se convierte en un alegato contra el traslado de su propio dinero.
No es coincidencia que esta demanda de De la Espriella, Asofondos y otros, tenga el mismo patrón observado en la demanda que la candidata de derecha Paloma Valencia interpuso contra la Ley 2381 de 2024 (la reforma pensional). Mientras la candidata Valencia frena la ley, el candidato De la Espriella y Asofondos frenan el decreto de traslado que ejecuta su único artículo vigente. Estas acciones no son una casualidad, hacen parte de una estrategia de bloqueo coordinado para mantener el monopolio financiero de los ahorros.
La decisión del Consejo de Estado ocurre en un contexto electoral donde la confianza en el sistema financiero privado está en su punto más bajo. El hecho político, pero sobre todo económico, es que esta suspensión beneficia directamente a los fondos privados.
En esencia, la derecha ha construido una ficción jurídica para proteger a los bancos y mantener cautivos los ahorros. Lo que debió ser un trámite sencillo se ha convertido en un ring de boxeo electoral. La realidad es la opuesta: son los banqueros quienes no quieren soltar la plata. Esa es la derecha: ganancias para los fondos privados y precariedad para los pensionados.
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