El asunto clave de esta campaña presidencial no es únicamente quién gane las elecciones. El problema también es la pobreza del debate público con el que el país está intentando decidir su futuro.
Las decisiones políticas que se tomarán en las próximas elecciones presidenciales son, sin duda, importantes. En ellas se juega la posibilidad de continuidad del actual proyecto político o el retorno del péndulo hacia sectores de derecha que han gobernado históricamente buena parte del país desde el siglo XX. Esa tensión es real y tiene implicaciones económicas, sociales y culturales profundas.
Sin embargo, resulta exagerado presentar la coyuntura exclusivamente en términos de “vida o muerte democrática”, como si el día después de las elecciones un solo actor pudiera capturar completamente el poder político nacional.
La propia realidad institucional colombiana muestra otra cosa.
Acabamos de vivir elecciones parlamentarias cuyo resultado deja un escenario fragmentado. Quien llegue a la presidencia tendrá que construir acuerdos, negociar coaliciones y sostener mínimos de gobernabilidad más allá de sus propias fuerzas políticas. Colombia no está ante un sistema de poder absoluto, sino frente a una democracia atravesada por tensiones, equilibrios y disputas permanentes.
Además, en democracia quien pierde una elección no desaparece políticamente. Tendrá capacidad de oposición parlamentaria, movilización social, incidencia mediática y construcción de opinión pública. Ese es precisamente uno de los sentidos de la democracia: tramitar los conflictos políticos dentro de unos cauces institucionales y no mediante la eliminación del adversario.
Y quizás allí aparece el verdadero problema de esta coyuntura.
Lo preocupante no es únicamente la polarización; lo verdaderamente delicado es la fragilidad del debate público
La ciudadanía escucha consignas, ataques cruzados y promesas fragmentadas, pero tiene enormes dificultades para comprender y contrastar con claridad las propuestas de país que están en disputa.
Cada candidato anuncia subsidios, créditos, apoyos al emprendimiento o nuevas ayudas sociales; sin embargo, sigue siendo difícil encontrar discusiones profundas sobre cuestiones estructurales: el modelo económico, la precarización laboral, la transición energética, la seguridad territorial, la reforma del Estado, la crisis ambiental, la salud mental colectiva o las transformaciones necesarias para democratizar realmente las oportunidades en el país.
Incluso buena parte del análisis político termina atrapado en la especulación táctica y la lectura emocional de las campañas. Los medios de comunicación, las redes sociales y las propias agencias políticas parecen estar adelgazando cada vez más la conversación democrática. La política se reduce a frases cortas, indignaciones rápidas y propaganda digital diseñada para producir impacto inmediato antes que comprensión pública.
Eso tiene consecuencias delicadas.
Una democracia sin debate público serio se vuelve más vulnerable a la manipulación, al miedo y a las decisiones tomadas desde el cansancio o la rabia. Cuando la deliberación desaparece, la ciudadanía pierde herramientas para decidir con mayor conciencia sobre el rumbo colectivo.
Por eso el país necesita debates reales. Debates públicos, abiertos y respetuosos, donde las diferencias ideológicas puedan exponerse sin convertir al adversario en enemigo absoluto. Debates donde las campañas expliquen cómo piensan gobernar, con qué alianzas, con qué límites institucionales y con qué horizonte de país.
Una democracia madura no se sostiene solamente en la existencia de elecciones. También depende de la calidad de las conversaciones que una sociedad es capaz de darse sobre sí misma.
Hoy Colombia necesita, más que nunca, debate ya.
Del mismo autor: Precarización y elecciones
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