Al finalizar este mes de mayo, el suministro de gas en Colombia podría entrar en alerta roja. Canacol, la segunda productora del país, está en miras de cancelar 19 contratos de suministro que dependen de decisiones judiciales en Canadá y Colombia.
Los grandes perdedores de esta situación, si la Corte de Alberta, en Canadá, se pronuncia a favor de la solicitud en los próximos días, serán loshogares, las grandes empresas, los distribuidores, comercios y muchos más.
Desde el 28 de mayo, quienes sentirán el efecto negativo de la suspensión del gas de Canacol, empresa que está en proceso de reestructuración financiera, serán los habitantes de la Costa Caribe, porque Canacol cubre el 50 % de la demanda de esa región.
Llenar el vacío con importación, en el caso de conseguirlo, será mucho más caro y al final serán los consumidores, entre ellos los comerciantes, quienes lo pagarán por medio de las facturas.
Entre las grandes empresas la primera perjudicada será Cerro Matoso. Canacol le provee el 80 % de lo que necesita para la producción del níquel en Córdoba. La minera advirtió sobre un riesgo de cierre irreversible y pérdidas diarias de $5.100 millones si se interrumpe el suministro de gas. Como consecuencia de ello, las finanzas del Estado dejarían de facturar miles de millones en regalías si Cerro Matoso detiene su producción de níquel.
Solo en 2025, Cerromatoso giró a la nación $334.570 millones por concepto de regalías e impuestos.
Enel Colombia, que distribuye y comercializa la energía en Bogotá y Cundinamarca, donde suma más de 3 millones de clientes, y en los municipios de Tolima, Boyacá, Meta y Caldas, tiene un contrato vigente hasta finales de 2027 que aparece en la lista de cancelación.
En medio de este escenario, las distribuidoras de gas se verían obligadas a buscar fuentes de gas más costosas, y, a realizar importaciones adicionales a las que ya se hacen en Colombia. Entre ellas están Surtigás, que tiene un contrato hasta 2030; Gases del Caribe, Gases de La Guajira, cuyo contrato va hasta 2028, al igual que el de Gases del Oriente y Gases de Occidente (GdO), afectada indirectamente por la terminación de un contrato de transporte de Gas Natural Licuado (GNL). El año entrante se acaba el contrato con Petromil Gas. Con Promigás, Canacol busca terminar tres contratos de transporte.
Lo demás son las térmicas que utilizan gas y que son la tabla de salvación en periodos de sequía como el del Niño que se avecina. Canacol es responsable del 17 % de la oferta del país.
La Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tienen en sus manos y entre sus responsabilidades la protección al marco contractual vigente, así como garantizar el suministro de gas en condiciones de previsibilidad.
La mala hora de Canacol
La petición al Tribunal del Banco del Rey de Alberta responde de un proceso de reorganización financiera que la compañía inició a finales de 2025. La empresa busca cancelar contratos para acceder a cerca de USD 45 millones de financiamiento adicional, ya que considera que mantenerlos no es económicamente viable.
Canacol Energy, que opera sobre todo en la cuenca del valle inferior del Magdalena (Córdoba y Sucre) y es el segundo productor de gas después de Ecopetrol y su filial Hocol, vive una crisis provocada generada principalmente por la falta de liquidez, el aumento de los costos operativos, pesadas deudas y la caída en la producción de gas, que pasó de 185,6 mpcd en el 2024 a 123,1 mpcd en 2025.
A esto se suman problemas técnicos en la planta de Jobo, el pago de un arbitraje de USD 22 millones por incumplimientos en el suministro de gas natural a VP Ingeniería, y bloqueos en sus operaciones que redujeron su flujo de caja, impidiéndole cumplir con sus obligaciones financieras.
A finales de 2025, la compañía se acogió a la protección por quiebra en Canadá, bajo el Companie´s Creditors Arragement Act, proceso que ha derivado en una reorganización con cambios estructurales significativos en su gestión. En febrero de 2026 salió de la presidencia de la empresa Charly Gamba, su fundador, y quien la manejó durante 18 años. Con su salida, la compañía anunció de inmediato que Jason Bednar (director financiero) y Ravi Sharma (director de operaciones) asumirían como co-CEO interinos.
La situación actual es de expectativa. El dictamen de la corte de Alberta sería el primer paso formal. Si otorga el aval, el caso pasaría a manos de la Superintendencia de Sociedades en Colombia, que deberá decidir si reconoce y valida el pronunciamiento internacional, acorde al procedimiento legal establecido en ambos países. La SuperSociedades deberá evaluarla bajo las reglas de la Ley 1116 de 2006, considerando el orden público económico, la protección de los acreedores y el interés general.
En estos caminos judiciales está en juego el gas de las empresas, las industrias y los hogares colombianos. Los próximos días serán definitivos.
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