Texto escrito por: Horacio Duque
El nuevo Superintendente Nacional de Salud, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha hecho el anuncio de la instalación de la “Auditoría Forense” al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio colombiano (FOMAG), que tiene sus cuentas en la Fiduprevisora, entidad financiera adscrita al Ministerio de Hacienda. Esta herramienta judicial debe permitir examinar en detalle toda la contratación del FOMAG en materia de salud, hospitalaria y entrega de medicamentos a 800 mil educadores y sus familias.
Los resultados de esta intervención deben estar listos, en su primera fase, en 15 días, de acuerdo con la orden del presidente Petro y la demanda de organizaciones sindicales y veedurías ciudadanas organizadas bajo la Ley 850 de 2003. Estas organizaciones han radicado tutelas para hacer efectivo el derecho a la salud y el acceso a la información, denunciando que las directivas del FOMAG suelen bloquear dichos procesos.
Esta acción extraordinaria se inició el 5 de mayo del año en curso para realizar inspección, vigilancia y control sobre los recursos del magisterio que, según denuncias, son objeto de despojo por parte de mafias burocráticas, abogados y jueces laborales. Las revisiones involucrarán más de un periodo de funcionamiento, incluyendo la etapa de transición de mayo de 2024, cuando se implementó el nuevo modelo de salud que ha sido calificado como un fracaso.
Ojalá la lupa se extienda hasta finales de los años 90, donde se sospecha que se tejió una malla criminal de saqueo que involucraría amarres entre “empresarios”, oficinas de abogados y nombres conocidos de líderes de Fecode. Los maestros llevan dos años advirtiendo un deterioro catastrófico en la atención: dificultades para acceder a citas, exámenes y medicamentos básicos.
Desde finales del año anterior, líderes sindicales han exigido esta auditoría bajo los términos del Decreto 1600 de 2024, que define la Auditoría Forense como una rama enfocada en la prevención y detección de riesgos de corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo. El objetivo es recolectar evidencia para ser presentada ante las autoridades competentes en procesos de investigación y juzgamiento.
Es crucial que se garantice el acceso a la información. Según el citado decreto, las entidades públicas deben publicar en su sede electrónica los resultados detallados de sus auditorías, hallazgos y acciones de mejora. Los educadores esperamos que el informe enviado por Karen Viviana Rativa Sáenz, actual gerente de la Previsora, sea solo el inicio de una transparencia real en el manejo de nuestros recursos.
También le puede interesar:
Anuncios.
