Texto escrito por: Camilo Ferreira
Hay una escena que se repite en la Colombia de Gustavo Petro. El presidente escribe en X, señala a alguien con nombre propio, lo llama corrupto, bandido o ladrón. El afectado acude a la justicia. No es la primera vez. Tampoco será la última.
La discusión pública se ha quedado en el dinero. Si los paga él o el Estado. Y aunque válido el debate, le hace el juego a una trampa retórica: convertir un asunto de institucionalidad en una pelea de cifras. El verdadero problema no está en las cuentas. Está en lo que este patrón de conducta le dice al país sobre quién está por encima de las órdenes judiciales.
El Juzgado 24 Administrativo de Bogotá, en providencia firmada por el juez Yimi Alejandro Sánchez, encontró que el presidente incurrió en desacato a una tutela del 11 de noviembre de 2025 que tenía por orden retractarse de haber llamado "corrupto" y "bandido" al exgerente de Coosalud, Jaime González. Petro no lo hizo. En cambio, el 15 de abril de 2026, volvió a señalarlo públicamente y extendió las acusaciones a otros nombres, incluyendo al hermano del exvicepresidente Francisco Santos y al expresidente Andrés Pastrana.
La pregunta que nadie está haciendo con suficiente fuerza es esta: ¿qué recurso le queda a un ciudadano común al que el hombre más poderoso del país llama ladrón ante millones de seguidores? Las vías judiciales existen, y en este caso funcionaron. Pero la obediencia a la sentencia, que es el corazón del Estado de Derecho, brilla por su ausencia. Petro elige pagar la multa como un costo operativo de su narrativa política. La justicia se convierte en un trámite.
Si se analiza un segundo incidente, ocurrido en agosto de 2023, cuando Petro se refirió a Mario Andrés Burgos Patiño como "narcofiscal", el fiscal que llevaba adelante la causa penal contra su hijo Nicolás Petro Burgos, la resistencia a las autoridades judiciales toma una complejidad. El funcionario judicial salió favorecido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Solo en octubre de 2025, y bajo orden expresa del Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá, el presidente cumplió la retractación, publicándola en su cuenta de X con el número de radicado a cuestas.
Sin embargo, la preocupación escala al examinar un tercer capítulo: la medida cautelar en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó rectificar sus afirmaciones sobre supuestos fraudes electorales en 2014, 2022 y 2026. A diferencia de los casos anteriores, centrados en el buen nombre de individuos, este punto ataca la legitimidad de los procesos que llevaron al mismo Petro al poder. ¿Cómo puede un ciudadano creer en el sistema cuando el jefe del Estado lo deslegitima desde adentro?
Al revisar estos tres casos en conjunto, emerge un patrón que va más allá de la impulsividad: Petro parece elegir el costo económico sobre la rectificación porque la rectificación le costaría algo más valioso: el relato. En su lógica, pagar una multa podría interpretarse como una prueba de persecución, mientras que retractarse sería admitir un error.
El problema es que esta estrategia tiene un costo institucional que pagamos todos. Cada vez que un presidente desacata un fallo judicial, debilita la autoridad de los jueces y normaliza la difamación con investidura. Colombia no necesita un presidente que se calle, necesita un presidente que hable con evidencia. Y mientras esa frontera siga siendo opcional, el precio no serán los 26 millones de una multa, será la credibilidad de un sistema que ya le cuesta demasiado creer a demasiada gente.
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