Texto escrito por: Jesús David Torres Consuegra
La urbanización de vivienda de interés prioritario ubicada en el barrio El Pozón, viven personas gays, trans y lesbianas que son dueñas de apartamentos, conviven en pareja y llevan años esperando ser incluidas en las políticas públicas del Distrito. A más de seis años de que el Gobierno nacional ordenara a todos los municipios implementar acciones concretas para garantizar los derechos de la población LGBTI mediante el Decreto 762 de 2018, en este territorio del suroriente de Cartagena esa orden sigue siendo letra muerta.
César Barboza, gestor social y administrador de la ciudadela, lo sabe desde adentro. Es también una persona que habita el proyecto, y desde ese doble lugar —el de administrador y el de miembro de la comunidad diversa— ha construido un liderazgo que pone el respeto como primera norma de convivencia. "No importa mi preferencia ni mi identidad sexual, lo que importa es el ser. Yo estoy educando desde el respeto", dijo durante la visita que se realizó al sector el 23 de abril de 2026.
Pero el modelo de convivencia que Barboza ha construido desde abajo contrasta con el silencio institucional que viene de arriba. La Alcaldía de Cartagena lleva desde noviembre de 2023 en proceso de construcción de su política pública de diversidad sexual, aún en fase de diagnóstico participativo. Mientras tanto, proyectos de vivienda como Ciudadela de la Paz —donde residen familias diversas que no responden al modelo tradicional de "mamá, papá e hijos"— siguen sin ser contemplados en ningún plan concreto de atención diferencial.
"El proyecto siempre nos va a imponer un modelo de familia: mamá, papá e hijos", señaló Barboza con franqueza. Su queja es estructural: los instrumentos de política pública que regulan el acceso a vivienda y servicios sociales en Colombia no han sido actualizados para reconocer formalmente las familias conformadas por parejas del mismo sexo o personas trans, lo que las deja en un limbo jurídico y social.
En 2024, el Plan de Desarrollo Distrital "Cartagena Ciudad de Derechos 2024-2027" mencionó a la población LGBTIQ+ como uno de los grupos históricamente vulnerables que debía ser priorizado. La comunidad diversa participó en mesas de construcción del documento, donde se plantearon necesidades concretas: empleo digno, educación inclusiva, atención en salud sin discriminación y acceso a la justicia con enfoque diferencial. Sin embargo, en barrios periféricos como Ciudadela de la Paz, esa participación no se ha traducido en programas reales.
Los números revelan la urgencia de actuar. En Bolívar, los homicidios contra personas LGBTIQ+ crecieron un 75% entre 2023 y 2024, con siete casos documentados el año pasado, según el informe "Con-permiso para despreciar" de Caribe Afirmativo. A nivel nacional, en 2024 fueron asesinadas 164 personas LGBTIQ+, es decir, una cada 55 horas. El 86% de esos casos permanece en etapa de indagación preliminar, sin condena.
Barboza, sin embargo, no espera a que el Estado llegue con soluciones. Desde su cargo trabaja para que la diversidad no sea una razón de conflicto sino de aprendizaje colectivo. "Cada quien respeta lo suyo y yo me he encargado de eso", afirmó. Ese tejido de convivencia es mérito de su gestión cotidiana, no de ningún programa institucional.
El gestor también reconoce que la clave está en conocer y usar las herramientas del Estado. Estudiar el Plan de Desarrollo para identificar dónde queda incluida la comunidad, y desde allí exigir los recursos que corresponden, es parte de su estrategia. "Nosotros hemos avanzado porque nos hemos basado a estudiar el Plan de Desarrollo", explicó. Una táctica de incidencia desde adentro que muchos líderes comunitarios aplican cuando la política pública no llega sola.
Mientras esa brecha no se cierre, será Barboza —no una secretaría, no un decreto, no un programa distrital— quien enseñe a sus vecinos que la identidad sexual no define el valor de una persona. Que el ser importa más que la preferencia y que en este rincón del sur de Cartagena, la diversidad ya existe, solo falta que el Estado llegue a verla.
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