Los casos de mal llamado “paseo millonario”, o secuestro extorsivo, que se presentaron en Bogotá a principios de 2026, han puesto en alerta a las autoridades, que ya han desplegado estrategias que comienzan a arrojar información.
En primer lugar, se determinó que esta modalidad delincuencial tuvo un incremento en los casos de un 560 % en 2025, alcanzando su registro más alto desde el año 2012, de acuerdo con los datos entregados por el concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque del Partido Verde.
Sobre el tema, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán dijo que el incremento en las cifras de secuestro extorsivo en la ciudad se debe a un cambio jurídico que se hizo en 2025, cuando este delito entró en la categoría de “hurto calificado”. Según el propio alcalde, ese cambio sería la razón por la que, aún cuando las autoridades han capturado algunas bandas dedicadas a este delito, la situación no mejora.
Tanto la Alcaldía de Bogotá, como la Fiscalía y la Policía Metropolitana han recomendado que, si se espera que los responsables de cometer este delito sean privados de la libertad con medida de aseguramiento en una cárcel, lo que incluiría penas de hasta 42 años, todos los casos de “paseos millonarios” deberían calificarse como “secuestro extorsivo” y no como “hurto calificado”.
Pero ahora ha aparecido información que resulta de lo más insólita y grave y que preocupa a las autoridades de Bogotá: de acuerdo con lo manifestado por el secretario de Seguridad de la ciudad César Restrepo, los taxis en la capital no tienen ningún tipo de control, en el sentido de que no se sabe bien quién está al volante de los amarillos.
El secretario Restrepo Flórez aseguró que, en un tamizaje realizado por el GAULA Bogotá a 500 conductores de taxi, se encontró que el 60 % de los escudriñados tienen registros penales; es decir, tienen o han tenido problemas con la justicia. A esta situación debe añadirse que en la mayoría de los casos no existe una relación directa entre el conductor y el dueño el taxi.
Igualmente, las autoridades detectaron que no hay un conocimiento directo y preciso de quién es el responsable de la vida del pasajero que viaja al interior del vehículo durante la carrera. Al parecer, no existe un verdadero registro de los conductores de taxi en Bogotá, asunto que presuntamente le compete al Ministerio de Transporte Nacional.
Según el Restrepo Flórez, el ejercicio de tamizaje se realizó en el marco de la investigación adelantada por la policía a razón de los casos de Diana Ospina y el profesor Neil Cubides, este último encontrado muerto en zona rural de la Localidad de Usme al sur de la ciudad después de subir a un taxi el 15 de enero de 2026.
El otro caso ocurrido en Bogotá y que tuvo mucho despliegue por parte de las autoridades fue el secuestro extorsivo que vivió durante varias horas la señora Diana Ospina, quien salió de la discoteca Theatron, Localidad de Chapinero, en la madrugada del 22 de febrero de 2026, abordó un taxi en la calle y estuvo desaparecida durante dos días.
Ante estos hechos, el secretario de Seguridad Restrepo Flórez ha planteado que los casos en los que se cometen delitos a bordo de un carro de servicio público deberían significar la extinción de dominio de forma inmediata, y que los propietarios de carros que se vean involucrados en los paseos millonarios deberían estar obligados a indemnizar a las víctimas de este delito.
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