La Unión Europea, presidida por Ursula Van Der Leyen, le comunicó ya a la Organización Electoral Colombiana su interés de enviar una misión integrada por 150 observadores para las elecciones de marzo y mayo próximos.
A ese propósito se sumaría también el prestigioso Centro Cárter, la misma organización que fue fundamental en la documentación del fraude que le habría permitido al entonces dictador venezolano Nicolás Maduro mantenerse en el poder hasta cuando fue depuesto forzosamente, mediante intervención militar, por Estados Unidos.
Uno de los primeros notificados de los anuncios fue el presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Cristian Quiroz Romero, para quien, sin duda, el país se prepara para los comicios más importantes de los últimos 50 años, regido por primera vez en su historia por un gobierno de izquierda.
Los anuncios han estado acompañados por solicitudes que interpelan al Estado colombiano sobre la necesidad que garantizar la pureza y transparencia del debate y de rodear de garantías a los votantes que acudirán a las 127.000 mesas habilitadas en todo el país.
El Consejo Electoral respondió potenciando sus capacidades de inspección, vigilancia y control mediante la creación de una plataforma digital electoral única, bautizada con el nombre de Justo.
A través de ella, los partidos y movimientos políticos podrán postular a 6 millones de testigos electorales (127.000 cada uno en promedio), que recibirán capacitación para cumplir a cabalidad su misión
Mediante el mismo ecosistema digital, las organizaciones podrán seguir en tiempo real información sobre la tarea de sus testigos durante el curso de los comicios, y seguir los resultados tras el cierre de las jornadas.
Los testigos de los partidos ya no deberán llegar a las mesas, como en el pasado, con certificados impresos en papel, sino que se identificarán con código digital que será fácilmente verificable por las autoridades de policía.
También tendrán acceso expedito a la plataforma los auditores de sistemas, que podrán verificar la transparencia en la producción y el flujo de la información.
“La la electoral es fundamental y estamos listos, de la mano con la Registraduría, para garantizarla”, asegura el magistrado Quiroz. Los testigos electorales podrán ser postulados a través de los tribunales de garantías que sesionarán en las 32 capitales de departamentos.
La tarea será compleja por la dimensión de los comicios. En marzo los colombianos votarán por candidatos a Senado en Cámara inscritos en 527 listas.
El tarjetón integrado representará riesgos de confusión y de anulación de votos, ya que en él figuran los nombres de candidatos a dos consultas interpartidistas distintas y los votantes solo pueden votar por una de ellas. La insuficiente pedagogía hecha al respecto podría no haber servido para hacer claridad plena al respecto.
A juicio de funcionarios de la Registraduría, fue necesario apelar a esa fórmula para proteger la vida e integridad de los votantes de aquellas regiones donde persiste el riesgo de que actores armados busquen constreñir la voluntad del elector. Así, si las consultas tuvieran tarjetones distintos, el elector votante vería restringida la garantía del voto secreto al pedir uno u otro tarjetón.
Esas razones adicionales obligan a reformar la vigilancia electoral y la organización ha previsto garantizar su libre ejercicio apoyándose en la tecnología de punta en las misiones internacionales de observación.
Según los operadores de la plataforma Justo, el sistema está hecho para resistir y contrarrestar ataques de hackers, otra de las grandes amenazas que enfrentan los procesos electorales en el mundo entero.
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