La administración Santos desde hace tres años ha estado actuando bajo los siguientes supuestos en el sector minero: 1. Que el artículo 80 de la Constitución establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible. 2. Que el artículo 332 de la Constitución dispone que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. 3. Que el artículo 339 de la Carta señala que las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno 4. Que el artículo 360 de la Constitución establece que la ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables.
Con base en los anteriores supuestos, el Gobierno en el 2013 tomó las siguientes determinaciones: 1. Establecer que las zonas excluidas y restringidas de minería competen exclusivamente a las autoridades minera y ambiental. 2. Ordenar que dado el carácter de utilidad pública e interés social de la minería, a través del Ordenamiento Territorial no es posible hacer directa ni indirectamente el Ordenamiento Minero, razón por la cual los planes de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y distritos, no podrán incluir disposiciones que impliquen un ordenamiento de la actividad minera en el ámbito de su jurisdicción, salvo previa aprobación de las autoridades nacionales. 3. Confirmar que los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales no podrán establecer zonas del territorio que queden permanentemente o transitoriamente excluidas de la minería mediante acuerdos municipales u ordenanzas departamentales respectivamente, por exceder el ámbito de sus competencias.
La Corte Constitucional, en controvertidos fallos de tutelas en los últimos meses ha decidido pasarse por la galleta la jurisprudencia del sector minero y dejar sin piso la normativa del gobierno en materia de competencias. El fallo de esta semana de la Corte Constitucional también ratifica otra decisión de esa misma Corte que en mayo tumbó la prohibición que existía para que alcaldes y concejos pudieran crear en sus municipios zonas vedadas para la minería. En esa primera decisión el alto tribunal, que resolvía una demanda contra el Código Minero, señaló que a través de consultas populares y reformas de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) los entes locales si podían frenar cualquier proyecto minero, una facultad que hasta ese momento solo estaba en manos de las autoridades nacionales.
En plata blanca, lo que la Corte Constitucional acaba de confirmar
es que son los alcaldes los que deciden si puede o no puede haber
en sus respectivos municipios explotaciones mineras.
En plata blanca, lo que la Corte Constitucional acaba de confirmar es que son los alcaldes los que deciden si puede o no puede haber en sus respectivos municipios explotaciones mineras. Dado que Colombia posee 1122 municipios, conteo que incluye los 5 distritos especiales que se cuentan también como municipios, lo que la Corte ha creado son 1122 ‘Reyezuelos’ que en adelante van a decidir a su libre albedrío si permiten o no permiten el explotar en sus respectivos municipios recursos mineros que supuestamente pertenecen es a todos los colombianos.
Se estimaba que entra el 60 % y el 80 % de la explotación minera en Colombia se realizaba sin licencias ambientales, títulos mineros, o solicitudes de legalización. Con el fallo de la Corte Constitucional, la cifra de la minería ilegal se va a acercar al 100 %. Y lo que vamos a ver, con obvias y honorables excepciones, es que una parte importante de estos 1122 ‘Reyezuelos’ dichosos de ser los amos y señores de la minería en Colombia, enriquecidos más allá de sus más delirantes sueños. Los honorables magistrados de tan distinguida Corte son unos verdaderos magos: recibieron un país y nos van a entregar 1122 ‘Feudos’ con ‘Reyezuelos’ incluidos.
