En la antesala de su elección como contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas tuvo que tocar a las puertas del bunker de la Fiscalía. Llovían sobre él una serie de ataques en redes sociales, una especie de celada cibernética, que le atribuía conductas indignas, incluidos un supuesto acoso sexual y relaciones con el ‘cartel de las marionetas’ que dirigió su paisano congresista Mario Castaño, ya fallecido.
Laverde hizo una pausa en el debate preelectoral para darle poder al penalista Ricardo Gaviria, con la misión de develar montajes sistemáticos con las que enemigos ocultos estarían buscando debilitar su talente académico e intelectual y su trayectoria de 24 años en el sector público.
La elección fue casi que por unanimidad
Con respaldo en todas las bancadas, en las oficialistas y en las de oposición, Laverde logró su elección por amplia mayoría por parte de un Congreso que él, más que los otros nueve candidatos con los que competía, ha conocido por ejercicio de doce años como secretario de la Comisión Sexta del Senado.
El nuevo Contralor reivindica su formación la más sólida de todos los aspirantes. Destaca, por ejemplo, que él es el único auditor internacional certificado por Reino Unido. Y no deja de mencionar, por supuesto, su condición de abogado constitucionalista con cuatro maestrías en acreditadas universidades y sus calidades como autor de libros jurídicos, entre ellos una semblanza de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Tiene un origen político. Al comienzo de su carrera, cuando fue elegido diputado de la Asamblea de Caldas, este hijo del puerto de La Dorada era identificado por sus electores como uno de los herederos de Víctor Renán Barco, uno de los más poderosos caciques que han llegado al Congreso y padre de las reformas tributarias tramitadas en las cámaras hasta hace 17 años, cuando falleció.
En esa línea de heredad política estaba, para bien o para mal, Mario Castaño. El ahora Contralor asegura que las supuestas menciones a su nombre en el expediente del ‘cartel de las marionetas’, que recoge historias turbias sobre millonarios amaños en contratos públicos, provienen de un caso de homonimia. Por eso no tiene ningún apremio de carácter judicial.
Antes de su llegada a la Asamblea de Caldas, en 2012, fue elegido concejal del puerto sobre el río Magdalena por las listas liberales del más puro barquismo.
Cuando llegó a Bogotá encontró el padrinazgo de Simón Gaviria, expresidente de su partido y quien ahora reclama como propia su elección. Gaviria hizo causa común con Lidio García Turbay, expresidente del Senado, para montar el engranaje electoral que le garantizó un respaldo casi unánime.
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Llega a la Contraloría con el anuncio de que aplicará una “mano de hierro jurídica” para combatir a un espectro de corrupción que, de acuerdo con estudios a los que le confiere plena credibilidad, le cuestan anualmente al país $50 billones. Es decir, un daño equivalente en cifras al diez por ciento del Presupuesto General de la Nación.
La estrategia trípode
Su aspiración a manejar la poderosa institución se abrió paso con la presentación ante las cámaras de una estrategia basada en trípode de acciones. La primera la describe como la “humanización del control fiscal” y consiste en abrirle las puertas a los ciudadanos para que se acerquen a una institución que suele hablar un lenguaje excesivamente técnico.
El segundo pivote va a ser la “internacionalización del control” y girará en torno al propósito de perseguir en el exterior a los capitales que se han fugado del país por obras de la criminalidad transnacional de la corrupción.
Recuperar la soberanía sobre los datos y consistirá en la aplicación de la inteligencia artificial para darle mayor celeridad al control preventivo. “Con las nuevas tecnologías seremos capaces de actuar predictivamente y anticiparnos al daño fiscal”, prevé.
Espera apoyarse en el Congreso para producir un estatuto orgánico único del control fiscal para evitar la dispersión normativa.
Este porteño de La Dorada, de 46 años, se esfuerza por liberarse de su perfil como político de la entraña del Congreso y por reconocido como un técnico. ¿Lo conseguirá? La dinámica de su relación con el Congreso será la prueba de su independencia.
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