Un crimen de lesa educación
Opinión

Un crimen de lesa educación

Por:
septiembre 15, 2014
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Víctimas de las disputas politiqueras entre el alcalde Petro y el Concejo de Bogotá, 39.667 niños y niñas de los estratos 1 y 2, están en grave riesgo de perder la educación de calidad que en la actualidad reciben en 25 colegios en concesión.

Los colegios en concesión fueron creados por Enrique Peñalosa  y consolidados  por la administración de Antanas Mockus. Son colegios públicos administrados  por instituciones privadas sin ánimo de lucro, en su mayoría con una gran tradición en el campo  educativo y social en favor de los pobres, tales como Cafam, Colsubsidio, Don Bosco, el Colegio San Bartolomé, Fe y Alegría, Colegio Calasanz, y a los cuales difícilmente se le podría tildar de  “voraces empresarios en plan de enriquecerse a costa de los dineros púbicos y de la educación”.En su totalidad están ubicados en  las localidades  de San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar

Las administraciones de  Lucho Garzón y Samuel Moreno, elegidos como gobiernos de izquierda, al igual que Petro, nunca objetaron su existencia y modelo de funcionamiento y los mantuvieron, al tiempo que fortalecieron notablemente la educación pública distrital, mediante la construcción cincuenta megacolegios y el mejoramiento de las plantas físicas de 200 deteriorados colegios. De igual manera, ampliaron la jornada escolar mediante programas como Escuela-ciudad-escuela y la intensificación en áreas como las matemáticas y las ciencias en la jornada contraria o los días sábados.

En la campaña electoral y en ejercicio de su gobierno, el alcalde Petro expresó su decisión de terminar con los colegios en concesión y convertirlos en colegios directamente administrados por la Secretaría de Educación, como parte de su empeño de “fortalecer lo público”.

Como en otros asuntos de su administración, Petr dio marcha atrás y atendiendo la equilibrada y oportuna recomendación del secretario de Educación, Óscar Sánchez, aceptó someter a evaluación los colegios en concesión antes de tomar la decisión unilateral de terminarlos.

La evaluación de los 390 colegios públicos confirmó lo que ya habían señalado anteriores estudios y evaluaciones: los colegios en concesión muestran mejores resultados que los públicos distritales: los dos mejores colegios de Bogotá, el Jaime Garzón y el Miravalles son colegios en concesión; siete de los diez mejores colegios son concesionados; 17 de los 25 colegios en concesión se ubican ente los 100 mejores.

En términos de eficiencia, según estadísticas de la propia Secretaría de Educación, sus resultados superan el promedio de los colegios públicos: mientras  la reprobación o pérdida de año en los colegios distritales es de 10,6% los colegios concesionados es de 7,5 %. La deserción de los distritales es de 4,5 % y en los de concesión de 0,8 %. Por supuesto, también hay colegios que muestran pobres resultados, han incumplido los contratos pactados y no deben seguir administrando los colegios que les fueron  entregados.

Este mejor resultado se explica en gran medida por la jornada escolar: mientas los colegios en concesión tiene una jornada de 8 horas, los demás colegios distritales solo tiene 5 horas y día. Además tiene alimentación escolar, modernas instalaciones, bibliotecas muy bien dotadas y un amplio respaldo y participación de los padres en las actividades académicas y culturales de los colegios. Sin duda tiene condiciones privilegiadas frente a los colegios distritales, que deberían generalizarse, adoptarse para todos los colegios administrados directamente  por el Distrito.

Es del todo equivocado considerar que los colegios en concesión son el principal problema de la educación de Bogotá. Los 39.667 estudiantes que allí se educan representan apenas el 4,2 % de los 935.957 que asisten a la educación pública. El gran problema son los otros 900.000 y la calidad de educación que reciben. Creer que “estatizarlos” fortalece la educación pública, como lo consideraba el alcalde Petro, o lo reiteran el sindicato de educadores y concejales “del magisterio”, no pasa de ser un maximalismo ideológico desde el balcón o la curul, una visión corporativo-sindical  de la educación,una dosis de populismo educativo. El verdadero problema hay que buscarlo en el tradicional y obsoleto modelo de gestión pública que impera actualmente en los colegios distritales, en la inequitativa jornada escolar de  cinco horas, en la pertinencia de los programas de mejoramiento de la calidad, para solo enumerar algunos.

Ante la evidencia de los resultados de su propia evaluación, el alcalde Petro no tuvo otra alternativa que  renovar la concesión a 17 colegios, dejar 5 en observación y devolver al distrito 3 colegios que registraron un mal resultado en la evolución. De igual manera presentó ante el Concejo un acuerdo con el fin de asegurar la financiación de dichos colegios durante los próximos tres años. Los esfuerzos del secretario de Educación por salvar los colegios en concesión se estrellaron con la pugnacidad y el agudo enfrentamiento que durante toda la administración han caracterizado las relaciones ente Petro y el Concejo de la ciudad. Acusaciones y recriminaciones que ya son objeto de mutuas denuncias los estrados judiciales. El Concejo hundió el proyecto mediante exegéticas consideraciones presupuestales y legales. El resultado práctico de la decisión del Consejo es castigar a los colegios en concesión que han demostrado resultados fehacientes de que imparten una educación de calidad.

Una vez más la administración Petro prefirió optar por el camino de ampliar a última hora los contratos, como ya lo había hecho en Transmilenio, en basuras, o el sistema integrado de movilidad SIM, que convocar una nueva licitación como aconsejan las normas de contratación y el sentido común. Tomar una decisión al filo de vencerse los contratos condujo al desafortunado resultado.

Leso significa agraviado, lastimado, ofendido.Tanto la administración con sus vacilaciones, como el Consejo  con sus decisiones,agravian y lastiman  los incontrovertibles resultados en materia de calidad demostrados por los colegios en concesión. Ofenden a los 39.000 estudiantes pobres de los estratos 1 y 2 que se educan  en estos colegios,en grave riesgo dedesaparecer.

Ojalá los acuerdos entre el presidente Santos y el alcalde Petro, tan útiles y efectivos para otros menesteres, permitan salvar el derecho a una educación de calidad que le asiste a niños y niñas pobres de la ciudad, así el precio de tal acuerdo sea que Gina Parody vuelva a intervenir en los asuntos de Bogotá.

 

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