“Sin mano de obra barata no hay neoliberalismo que valga”. Con esta frase, Francisco Mosquera sintetizó la política laboral de los gobiernos que aplican con disciplina los dictados de Washington, que es lo que han hecho Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos en estos 25 años de libre comercio.
Bajo el pretexto de reducir salarios para crear empleo formal, Santos y sus antecedores impulsaron una política de flexibilización laboral que, mediante reformas como la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002, les arrebataron numerosos derechos a los trabajadores. El fracaso del discurso oficial salta a la vista: la informalidad laboral es del 65%, lo que quiere decir que casi 7 de cada 10 trabajadores son informales.
En realidad, esta política no busca generar empleo sino abaratar la mano de obra para aumentarle las ganancias al capital extranjero. Dan vergüenza las cartillas en las que Proexport les explica a los magnates del mundo que en Colombia cuentan con una de las legislaciones laborales que mayor explotación prescribre contra los trabajadores. En ellas, Santos se ufana de las normas que permiten la tercerización, de los salarios más bajos de la región y de tener una de las jornadas más largas del continente.
La política de este gobierno es la tercerización laboral, lo que muestra su desprecio por los derechos laborales. El Plan de Desarrollo que se tramita en el Congreso promueve la tercerización como una forma de contratación y, para mencionar solo un ejemplo, durante los últimos cuatro años la contratación mediante contratos sindicales aumentó en 1.868%, lo que los convierte en uno de los principales instrumentos de la tercerización. Lo peor es que a las justas protestas de los trabajadores tercerizados Santos ha contestado con represión, como lo muestran los casos de Pacific Rubiales y del Ingenio Risaralda.
En la llamada "ley antitrámites" Santos intentó quitarles a los trabajadores enfermos su derecho a ser reintegrados cuando fuesen despedidos sin autorización del Ministerio de Trabajo. Y mientras el presidente-candidato hacía política prometiendo que reestablecería la jornada nocturna a partir de las 6 p.m, sus mayorías en el Congreso hundían un proyecto del Polo con el que los trabajadores recuperaban este derecho. Sobra decir que el mandatario incumplió su promesa.
La política laboral de Gustavo Petro también tiene el sello del abaratamiento de la mano de obra. En ETB, el Alcalde intentó quitarles derechos convencionales a los trabajadores y durante su administración la tercerización ha aumentado en un 30%. En el sector educativo, Petro fue capaz de introducir profesores tercerizados con su programa 40 x 40, a los que se suman los 19 mil trabajadores del sector salud, y 50 mil del sector central contratados mediante órdenes de prestación de servicios.
A los trabajadores que el Acueducto contrató, luego de que en la negociación de diciembre de 2011 Sintraemsdes obligara a la empresa a terminar la tercerización mediante gestores privados, Petro les quitó el derecho a gozar de todos los beneficios convencionales. Y no se puede pasar por alto la política de persecusión y represión contra los vendedores informales quienes, ante la ruina del aparato productivo, no les queda otro camino que vivir del rebusque.
Santos y Petro no solo coincidieron en la reelección, también concuerdan en la política laboral. Ante esta realidad, a los trabajadores en general solo les resta seguir el buen ejemplo del magisterio, los corteros de caña y los obreros petroleros, quienes han emprendido una digna lucha contra el abaratamiento de la mano de obra y por la plena vigencia de sus derechos laborales y sindicales. Sin embargo, estos están más amenazados que nunca por las medidas que Santos ha anunciado en el marco de la crisis económica.
@mjsarmientoa
