El día de ayer se desarrolló lo que el gobierno nacional denominó el gran Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural con el cual se pretende, según el propio presidente, “refundar el campo colombiano”. Refundarlo de la mano del nuevo ministro de Agricultura quien señaló: “aquí llegué no a prometer, sino a continuar una política”. Política que espera sea respaldada por las autoridades locales y departamentales, pero sobre todo por el sector privado. El pacto contó con la participación de la Sociedad de Agricultores de Colombia –SAC– y de algunas Federaciones afines a la “política” que se pretende implantar. El ministro Lizarralde afirmó que los sectores que no decidieron asistir al Pacto están movidos “por otros intereses”. ¿Quiénes no asistieron? ¿Cuáles son esos oscuros intereses?
Días atrás el movimiento Dignidad Agraria anunció su inasistencia al Pacto ante la negativa por parte del gobierno de no modificar los TLC y las propuestas de la SAC de privilegiar la agricultura a gran escala. Las “dignidades” representan los intereses de los productores de café, papa, cacao, arroz, panela, cebolla entre otros. Dentro del pliego presentado en el paro se señalaba la “defensa de la producción nacional” como interés fundamental. Los medianos empresarios agrícolas, en parte representados en las “dignidades”, no tendrían cabida en esa nueva política agraria que se pretende implantar. Pero seguramente los campesinos sí, o acaso en Indupalma ¿no son propietarios y empresarios con una producción asegurada?
Los otros dos actores fundamentales del Paro Nacional Agrario y Popular, el Coordinador Nacional Agrario –CNA– y la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo –MIA Nacional– tampoco asistieron al “gran” Pacto. Como bien señaló Lizarralde, tenían otros intereses que defender. Más de 2.500 líderes campesinos se reunieron en la Universidad Nacional para el lanzamiento de una –ésta vez sí– Gran Cumbre Nacional Agraria y Popular, en ella se socializaron los logros de la reciente movilización y se plantearon rutas para la unidad del movimiento popular colombiano.
Con respecto a las recientes movilizaciones en 22 departamentos en las que se evidenció el amplio poder de convocatoria de los campesinos se denunció la brutal represión gubernamental representada en 12 asesinatos, 4 desapariciones, 660 violaciones de derechos humanos, 262 detenciones arbitrarias, 506 personas heridas -21 de ellas con arma de fuego-, 52 hostigamientos y amenazas. Para el ministro de Defensa, la reacción policial no fue adecuada, por eso decidió duplicar el ESMAD y criminalizar la protesta social.
Las propuestas y exigencias de la Cumbre Agraria y Popular no se limitan a la renegociación de los TLC, incluyen también una reforma agraria integral que desmonte los grandes latifundios, se exigen adjudicaciones de tierras a campesinos, indígenas y afrodescendientes, porque la tierra es de quien la cuida y trabaja. Se exige derogar las leyes que promueven el despojo y el desplazamiento, se busca la sustitución autónoma y concertada de cultivos ilícitos, así como precios para la sustentación de la producción campesina. Fundamentalmente se exige el reconocimiento político del campesinado.
Los participantes de la Cumbre señalaron que no asistieron al Pacto Agrario del gobierno por considerarlo una reedición del Pacto de Chicoral, pero con el agravante de querer aliarse con los pequeños productores con el fin de apropiarse de su trabajo. Hecho por el cual desconocen al nuevo Miniagricultura, para los campesinos el modelo desarrollado por el ministro en el sector palmero es “agente de contaminación ambiental, despojo, persecución al movimiento sindical y desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores”. ¿No es Lizarralde el interlocutor apropiado? Dicen que es un muy buen empresario.
La política que pretende “pactar” el gobierno, consiste en intentar replicar lo hecho por el ministro Lizarralde cuando era gerente de Indupalma: tras la apropiación fraudulenta de grandes extensiones de tierra, se proceden a asignar mediante créditos unidades de 5 a 10 hectáreas a los campesinos que se convierten en “empresarios” y “propietarios”. Se realizan capacitaciones y en algunos casos se suministran los insumos agrícolas y las semillas, el producto es finalmente comprado por Indupalma quien es la que fija el precio y las condiciones. El campesino pone la tierra, la mano de obra, los insumos, pone a trabajar a su familia pero no puede vender su producto a un precio justo. Además desaparece la relación empresa-trabajador, pues la nueva relación laboral es entre empresa y cooperativas. Éstas últimas deben asumir los costos de las prestaciones sociales y demás auxilios, que generalmente son diferidos directamente a los trabajadores. Una forma bastante sofisticada de explotación en la que el campesino no solamente es condenado a la pobreza sino a la esclavitud, ¿cuánto tiempo deberá trabajar para poder pagar la tierra prestada?
El Pacto Agrario del gobierno no contó con la participación de los principales actores del Paro Nacional Agrario y Popular, lo que se busca pactar no pretende mejorar las condiciones de los campesinos sino de los grandes empresarios a quién el ministro Lizarralde ha pedido apoyo con tanta insistencia, entonces, ese tal Pacto Agrario ¡No existe!
En twitter: @LC_Cote
Lea la Declaración Política de la Cumbre Nacional Agraria y Popular: http://prensarural.org/spip/spip.php?article12071
