No obstante el mayoritario y abrumador respaldo que han alcanzado las jornadas de protesta iniciadas el pasado 28 de abril de 2021, tal y como se puede constatar en los resultados de los sondeos de opinión publicados recientemente —incluso por empresas consultoras afines al actual gobierno nacional de Iván Duque—, aún subsiste y empieza a crecer un sector de la sociedad colombiana que aún no se convence o ha dejado de creer en la justeza y necesidad de las protestas. Este sector corresponde al de aquellas personas cuya opinión sobre la protesta se resume en la expresión: yo apoyo el paro, pero…
Es normal que jornadas de protesta de tan larga duración sufran un desgaste, bien sea por el cansancio físico y mental de los protestantes; por las incomodidades que la alteración de la cotidianidad (movilidad, orden público, acceso a bienes y servicios, etc.) ocasiona en la población que no protesta activamente en las calles; por la percepción de impotencia de protestantes y ciudadanía en general frente a los abusos y desmanes ocurridos durante las jornadas; y por la desconfianza frente a una institucionalidad alcahueta con la violencia e ineficiente a la hora de negociar con quienes están protestando. En todo caso, sea cual sea la causa, la protesta también desgasta y se desgasta.
Pero más allá del análisis de las dinámicas propias de la protesta social y del manejo institucional que se le dé, en estas notas se pretende hacer un muy somero examen a las motivaciones que tienen sectores de la sociedad colombiana frente a unas jornadas de movilización social que —si bien es cierto se encuentran justificadas— no terminan por motivarlos a participar directamente en ellas, e incluso terminan por satanizar —al no encontrar en ellas relación directa con su realidad socioeconómica e ideología, o por la incomodidad que les causan—.
En primer lugar, habría que señalar que este sector de la población que dice apoyar las jornadas de protesta, pero que también las cuestiona corresponde en términos generales a personas mayores de 35 años, de los estratos socioeconómicos 3 en adelante, con escolaridad de nivel tecnológico y profesional, religiosamente activos, que tienen trabajos mas o menos estables y se autodefinen como emprendedore(a)s, de tendencia política de centro. También es posible encontrar personas de estratos 1 y 2, mayores de 50 años, con baja escolaridad, religiosamente activos, de ideología política conservadora. Ambos grupos corresponden a personas que viven en cascos urbanos.
Este particular grupo poblacional de la sociedad colombiana refleja en mucho una concepción más bien conservadora del relacionamiento entre el Estado colombiano y la llamada sociedad civil mucho más afín a la concepción de Estado de derecho, correspondiente al planteado en la Constitución Política de Colombia de 1886, que aquella planteada por el Estado social de derecho, establecida en la Constitución de 1991. En términos muy sucintos, este grupo poblacional cree y siente que gobierno y Estado son la misma cosa y que ambas son entidades superiores a las que se les debe respeto reverencial y que cualquier intento de subversión de su orden es asimilable a un pecado capital.
Ante una concepción instaurada en la psique colectiva de la sociedad colombiana desde hace muchos años, en la que protesta social es sinónimo a subversión del orden establecido, es fácilmente comprensible que ciertos grupos poblacionales, como los anteriormente descritos, crean firmemente en las bondades de un sistema sociopolítico de este tipo (conservador-capitalista) que, si bien es cierto, posee falencias, estas pueden ser subsanadas a través de las peticiones, quejas y/o reclamos, debidamente gestionados por el conducto regular o por el enlace electrónico dispuesto para ello por la institucionalidad oficial.
Sin embargo, ante la demostrada ineficiencia del actual gobierno nacional de Iván Duque, el desgaste y falta de salidas del modelo socioeconómico que, durante los últimos veinte años, ha exacerbado el paulatino empobrecimiento de este grupo poblacional específico (capas medias urbanas y pequeños y medianos propietarios rurales), se presenta una especie de fractura en ese reverencial respeto a la dupla gobierno-Estado y se encuentra, así sea momentáneamente, que las quejas y modos de tramitarlas, que plantean otros sectores de la sociedad colombiana (campesinos, afros, indios, lgbtiq, mujeres, animalistas, estudiantes, artistas, profesores, sindicatos, políticos alternativos, etc.), bien valen la pena ser apoyadas, en tanto no alteren la falsa sensación de bienestar que el sistema le ha vendido a este sector poblacional, ni mucho menos, que vaya a afectar sus emprendimientos o capacidad de ingreso constante; que les permita mantener su ritmo y niveles de consumo.
Desafortunadamente, esta deformación de la realidad colombiana —atribuible, en buena parte, al modelo educativo replicado por siempre por generaciones y generaciones de educadores, también formados en este mismo modelo— ha producido un grupo de personas que, ante el dilema de apoyar unas reclamaciones que consideran justas o proteger su aparente normal estilo de vida de supuesto bienestar económico, terminan por justificar el uso de la violencia en contra de aquellos que pelean por eso que este grupo considera justo y deseable, pero cuya lucha molesta su cotidianidad y su posibilidad de continuar yendo al gimnasio, al Éxito o a McDonald's.
