¿Y en qué queda el derecho a la educación?

Historias que demuestran todo lo que le falta a la educación en Colombia

Por: Mónica Machado Valencia
mayo 08, 2015
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¿Y en qué queda el derecho a la educación?
Foto: tomada de acnur.org

Luego de que el Gobierno Nacional y Fecode establecieron un acuerdo para levantar el paro nacional de maestros, tras quince días de movilizaciones, me pregunto: ¿Y del derecho a la educación qué?, ¿vamos a desaprovechar este momento coyuntural para poner sobre la mesa las reflexiones profundas sobre nuestro maltrecho sistema educativo?

Si bien el acuerdo podrá tener algunos impactos positivos en las condiciones salariales y de seguridad social de los docentes, además de revisar el método de evaluación para ascender en el escalafón, estas medidas son a todas luces un tímido avance para lograr el objetivo planteado por Gina Parody, actual responsable de la cartera de Educación, cuando manifestó en el mes de agosto del año pasado, al inicio de su encargo, que “en diez años ser maestro será lo más taquillero”.

Por otra parte, la situación de los docentes en Colombia y su falta de reconocimiento son solo una de las condiciones históricas que no solo impiden caminar en una ruta certera para que Colombia sea el país más educado de América Latina en el 2025, de acuerdo con la bandera de campaña reeleccionista de Santos, sino que también vulneran diariamente el derecho a la educación de miles de niños y niñas en el país.

A propósito del derecho, el martes pasado el abogado Germán Calderón España interpuso una acción de tutela con el fin de solicitar medidas cautelares para la reanudación de las clases en todo el país. El tutelante estableció que los derechos de los maestros debían ceder frente a los derechos de los niños, pues, constitucionalmente, existe una prevalencia de los últimos. También, diversas opiniones, expresadas en los medios de comunicación durante los días de las movilizaciones, generaron el imaginario de que el paro de maestros y maestras era el responsable de vulnerar el derecho a la educación de los más de ocho mil niños que permanecieron sin clases.

Pero en realidad se trataba de una reivindicación justa, de la exigencia de una deuda histórica que, de ser pagada, incidiría significativamente en la garantía de la tan anhelada educación de calidad. Además, si existen actores en Colombia que han trabajado incansablemente por garantizar esa educación, han sido precisamente los maestros y maestras, pese a sus injustas condiciones laborales y a las múltiples falencias en el sistema educativo, cuya causa hay que achacar a los gobiernos nacionales y territoriales. Ellos han desarrollado acciones heroicas para educar y proteger los derechos de los niños y niñas.

Todas las personas que hemos tenido la posibilidad de conocer las entrañas del sector educativo, no solo desde escritorios en Bogotá, podríamos sumar miles de historias para soportar esta afirmación. Aquí solo unas pocas, como evidencia de los que digo:

La mitad de una escuela rural en Rionegro ,Santander, está a punto de caerse, pues la bancada de tierra en donde fue construida pronto va a ceder. Hace ya algunos meses un barranco contiguo a la escuela se derrumbó y afectó los sanitarios. Los niños y niñas no pudieron asistir a clases durante varios días. Los tres docentes de primaria de la escuela y la rectora tienen un archivo muy suculento con las solicitudes a las administraciones municipales y departamentales para que se reubique la escuela antes de que ocurra una tragedia.

También, una docente en el departamento de Boyacá fue asesinada por denunciar el abuso sexual cometido contra una de sus alumnas, por parte del compañero de la madre de la niña, integrante de un grupo armado ilegal.

Dos docentes en Medellín son amedrentados y deben solicitar traslado a otra institución educativa. Acatando su deber constitucional y su compromiso moral de proteger los derechos de los menores, denunciaron a bandas de microtráfico y trata de personas que amenazaban la integridad de sus estudiantes.

Un internado en el departamento de Vichada es incendiado por el excompañero sentimental de una de las estudiantes, porque ella decidió terminar la relación debido a los maltratos físicos y psicológicos que le propinaba. Todas las estudiantes salieron ilesas, gracias a la oportuna intervención de una maestra. La infraestructura no cuenta con cerramiento ni seguridad. Cualquier persona, cualquier animal, puede entrar y poner en riesgo a las niñas.

Diariamente, una profesora de primaria saca de su bolsillo el dinero para pagar el transporte de cuatro niños hacia una institución educativa rural en Barrancabermeja. La maestra sabe que si no lo hace los niños tendrán que caminar diariamente dos horas de ida y dos de regreso y que por esto, seguramente, ya no volverán a estudiar. Hace ya dos meses que la Secretaría de Educación del municipio no renueva el contrato con el operador que transporta a los estudiantes de las zonas más apartadas de la vereda.

La sede principal de la misma institución de Barranca funciona en un hangar medio desbaratado, a pocos metros del Magdalena, y al lado opera una empresa que explota arena en la orilla del río. El profesor de bachillerato, en la modalidad de multigrado (Escuela Nueva), imparte clases diariamente a más de cuarenta alumnos, en medio del ruido infernal de las volquetas. Nadie puede escuchar su voz fatigada de todos los días. Nada se ha podido hacer para que la empresa arenera ceda frente al derecho prevalente de los menores. Nadie puede hablar sobre la ¿legalidad? de la explotación.

Y luego del paro, ¿qué final pueden tener estas historias? La educación no se trata solamente de tener aulas atiborradas de estudiantes, el acceso en condiciones de igualdad constituye una primera condición pero que no es suficiente. La garantía del derecho conlleva la disponibilidad de todas las condiciones físicas y pedagógicas necesarias: infraestructura, materiales de estudio, instalaciones sanitarias, salarios competitivos, capacitación para los docentes, tecnologías, transporte, alimentación escolar. También requiere de un sistema con capacidad para adaptarse a las necesidades de los alumnos, dependiendo de cada contexto social y cultural, y claro está, de garantizar una educación de calidad, la cual no puede sujetarse a los resultados en las pruebas SABER y PISA.

Por ahora ese final no va a ser feliz, no lo creo. Por una parte, el Ministerio de Educación está liderado por una persona sin experiencia ni conocimiento del sector. Aunque la educación se enarbola como bandera cada vez que hay campañas para elecciones nacionales y territoriales, la realidad demuestra la poca importancia que representa para quienes logran las sillas del gobierno. Al igual que Santos al nombrar a Parody, a cambio del favor de renunciar al SENA para hacerle campaña; los alcaldes y gobernadores definen las secretarías de educación con funcionarios poco preparados en la materia, desconociendo el derecho prevalente de los niños y niñas aducido por Calderón, y atendiendo el favor eminente para su carrera política. Por supuesto hay esperanzadoras excepciones, como la del actual secretario de Educación de Bogotá, Óscar Sánchez.

No creo que Parody, acabada de llegar, sea la villana responsable de los desastres de larga data de nuestra educación, pero si tendrá que hacer inmensos esfuerzos para volverse una ministra taquillera y consolidar una propuesta que por fin transforme. Ningún gobierno ha tenido, más que en el discurso, la voluntad política para alcanzar un sistema educativo competitivo, humano y de calidad. No lo hizo siquiera Cecilia María Vélez, “considerada por muchos como la persona que más sabe de educación en el país”, según la revista Semana, quien en la entrevista con María Jimena Duzán intentó expiar las responsabilidades de ocho años que poco aportaron a los cambios en el sector. Ni qué decir de María Fernanda Campo: después de cuatro años en la cartera no logró hablar con propiedad de currículo, estatutos docentes, competencias básicas, convivencia escolar, educación superior u otros temas básicos para quien lidera la educación de un país.

Por otra parte, el panorama del Plan Nacional de Desarrollo no es más alentador. Este plan, después de pasar la conciliación entre Senado y Cámara, poco refleja las promesas del presiente reelecto de acoger el estudio de la Fundación Compartir como parte de una política de Estado para lograr el preciado primer puesto en América Latina. Respecto a la educación superior, los artículos que la abordan, generan alertas sobre la intención solapada de reencauchar la derrotada reforma a la Ley 30.

Pero al final, la coyuntura del paro otorga un imperativo para todos los sectores de la sociedad, de mantener sobre la mesa debates profundos sobre las rutas que se debe trazar el país para alcanzar la garantía real del derecho a la educación en los niveles de primera infancia, preescolar, básica media y superior. Espero que también Fecode, a quien no se puede eximir de estar profundamente politizado, promueva, con la misma contundencia del paro de maestros, estos debates y exigencias al gobierno nacional y a los gobiernos territoriales, que pese a sus graves negligencias e incumplimientos en materia de educación han resultado ilesos en este debate.

La tapa del congolo: el Plan Nacional de Desarrollo excluyó el componente de formación para la ciudadanía y la convivencia, eje fundamental para la calidad educativa y para la construcción de un proyecto de paz con equidad social. Aunque varias organizaciones sociales y expertos en la materia hicieron un llamado a congresistas y representantes, no lo consideraron relevante.

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