Víctimas, sin plata ni garantías para ocupar curules de paz

Aún no han llegado recursos para financiar campañas de las curules de paz. En Caquetá, el presupuesto es de 9 millones por candidato, y no han visto un peso

Por: Karla Diaz
febrero 24, 2022
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Víctimas, sin plata ni garantías para ocupar curules de paz
Foto: Comité Nacional de Víctimas. Florencia, Caquetá

“Si usted no tiene plata, no se lance a la política”, decía un comerciante de la ciudad de Florencia, en el Caquetá. Lastimosamente, la afirmación resulta ser cierta. Hoy, 21 de febrero, a 20 días de las elecciones, no han llegado recursos para la financiación de campañas de las curules de paz. En este escenario quienes han podido hacer campaña son quienes tienen padrinos políticos, quienes están dispuestos a hacer arreglos a costo de “favores”. Como van las cosas, la ventaja la tienen los corruptos.

La Resolución 5877 y la Resolución 5880 de 2022 reglamentan la financiación de campañas políticas para las Circunscripciones Transitoria Especiales de Paz (Citrep), en ellas se determinó que los candidatos no podrán recibir donaciones de forma directa, a excepción de las que hagan familiares de hasta cuarto grado de consanguineidad; lo demás será financiación pública por medio del sistema de anticipo y reposición de votos.

El monto de la financiación pública corresponde a la mitad de lo que vale conseguir el voto de todo el censo electoral rural, lo cual es luego dividido por el número de listas inscritas. Para ser más claros, en el caso del Caquetá el censo electoral rural es de 42.218 y el valor que cuesta conseguir un voto es de 12.280, lo que equivale a $518.437.530, esto se divide a la mitad (el 50 % del anticipo) y luego esto se divide en 14 organizaciones que postularon candidatos.

El valor definitivo para el caso del departamento del Caquetá y el municipio de Algeciras-Huila es de $18.515.609, alrededor de 9 millones por candidato. A esto debe restarse el valor de una póliza que le brinda garantías al Estado por si las organizaciones no presentan la rendición de cuentas correspondiente.

De acuerdo con el artículo 8 del Acto Legislativo 02 del 2021, la financiación debió ser desembolsada el mes siguiente a la inscripción de las listas, es decir, el 13 de enero. Sin embargo, no fue sino hasta el 2 de febrero que se definió el monto de los anticipos, esto es, 36 días después de iniciar la campaña. Luego de definidos los montos, empezó otro calvario con conseguir quién brinde la póliza. Al 21 de febrero no hay aseguradora que conozca de este tema, ni los bancos saben de la garantía bancaria que permite la Resolución 5881 de 2021 para remplazar la póliza.

Al día de hoy, no hay ni un peso para hacer campaña, a lo que se debe sumar que ocho días antes de la campaña no se pueden hacer gastos; es decir, quedan menos de 12 días para hacer uso del recurso. Como si fuera poco, luego de que la organización social reciba el anticipo, debe transferirlo a una cuenta exclusiva que cada candidato debe sacar para la campaña. Los bancos tampoco saben de este requisito y no facilitan la creación de la cuenta exclusiva.

Ahora, supongamos, en caso de que se pudiera sacar la póliza, en caso de que se desembolse el anticipo, se pueda crear la cuenta exclusiva para cada candidato y suponiendo que esto se pueda hacer rápidamente en una semana, quedarían cinco días para gastar alrededor de 14 millones de pesos. ¿Cómo se va a legalizar este recurso? Tratando de recuperar algo de lo que se ha gastado en más de dos meses de campaña, probablemente buscando la forma de conseguir facturas de forma irregular, haciendo firmar cuentas de cobro a los amigos, ¿de qué otra forma?

Las víctimas del conflicto armado del Caquetá y miembros de organizaciones sociales no tienen grandes arcas que les permita moverse con recursos propios, quienes sí tienen son los politiqueros que están regalando gorras, camisetas, haciendo campaña con proyectos de electrificación y poniendo pendón en cada municipio. El caso revelado por El Espectador sobre alianzas entre candidatos de las CITREP y casas políticas del Caquetá es solo uno ejemplo.

En conclusión, barreras y más barreras, no hay garantías para la participación política de las víctimas. Este sistema está diseñado para que las clases políticas del departamento se queden con los espacios que fueron ganados por las víctimas y organizaciones sociales en el acuerdo de paz.

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