Uribe, un desafío a la institucionalidad

“Las elecciones presidenciales 2018 representan para Uribe Vélez el reto de su vida: o pone presidente o terminará en la cárcel. No tiene opción”

Por: Alfonso José Luna Geller
Abril 10, 2018
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Uribe, un desafío a la institucionalidad

El senador Álvaro Uribe Vélez se juega a fondo su futuro personal en las próximas elecciones para presidente de la república de Colombia porque es el expresidente latinoamericano más hábil para manipular la institucionalidad siempre en beneficio propio, logrando desde cambiar la Constitución para acondicionarla a sus necesidades personales hasta evadir con sagacidad la gran cantidad de procesos penales que se le siguen en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y en la Corte Suprema de Justicia, reduciendo todo, con marrullera inteligencia, a una simple “persecución política”.

Si no logra poner a Iván Duque de presidente, para que elimine cortes, ajuste el Congreso y se acondicionen a sus necesidades los entes que administran justicia y toda la institucionalidad, su futuro será muy incierto. Pero, nada de miedo, como se dice, porque para asegurarlo cuenta con más de medio país que lo sigue, tanto que algunos lo califican como “el mejor presidente” en la historia de esta vapuleada nación.

Mientras en otros países sujetos como este están presos o prófugos, en Colombia está a punto de poner nuevo presidente para su servicio. No es sino repasar el entorno latinoamericano para deducir cómo Uribe transita por la cuerda floja y por qué tiene que jugársela toda con Duque. Definitivamente Iván tiene en su gestión electoral, en sus manos, el futuro de Uribe. Colombia se juega su Presidencia 2018 para garantizar la impunidad de un solo ciudadano.

Miremos ese escenario de expresidentes encartados con la justicia: el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski decidió renunciar a su cargo después de haber sido acusado de comprar votos para evitar su destitución. Algo mucho menor que la reforma constitucional soportada en la ejecución de un delito de cohecho que permitió que Álvaro Uribe Vélez aspirara a un segundo mandato presidencial. Por esto fue condenada la representante a la Cámara Yidis Medina y sentenciados los exparlamentarios Teodolindo Avendaño y Omar Díaz Mateus. Igualmente, la condena a 80 meses de prisión a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, y a 60 meses al exsecretario Alberto Velásquez.

En Perú, igualmente, Alberto Fujimori, también elegido dos veces por voto popular, terminó destituido por el Congreso bajo el cargo de “incapacidad moral” para gobernar. Fue condenado a 25 años de cárcel y a pagar una deuda por reparaciones civiles por el monto de 15,6 millones de dólares, pero terminó indultado por el otro corrupto, Kuczynski.

Como veremos adelante, decisiones ejemplarizantes que fueron tomadas por muchísimo menos que las andanzas de Uribe en Colombia.

En aquella nación tampoco lograron mantenerse impunes tras la culminación de sus mandatos ni Alejandro Toledo, ni Alan García, ni Ollanta Humala. Se encuentran presos, investigados o prófugos de la justicia.

Un juez ordenó “prisión preventiva” para el expresidente Toledo y su esposa Eliane Karp, por los delitos de lavado de activos en detrimento del Estado y asociación ilícita para delinquir, por recibir un soborno de 20 millones de dólares por parte de la empresa brasilera Odebrecht.

Alan García Pérez, que también gobernó Perú durante dos mandatos, es objeto de una investigación judicial por canalizar dinero obtenido ilegalmente a través de una fundación de su esposa. Según la Fiscalía peruana, Odebrecht pagó 7 millones de dólares en sobornos para quedarse con un contrato, adjudicado durante el segundo gobierno de García.

A Ollanta Humala Tasso un juez lo condenó, junto con su esposa Nadine Heredia, a 18 meses de prisión preventiva, acusados por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, luego de recibir unos tres millones de dólares para la campaña, según la declaración ofrecida en un tribunal por Marcelo Odebrecht.

En Brasil, Fernando Collor de Mello, acusado de corrupción pasiva, también tuvo que dimitir en 1992, lo cual no impidió que el Senado votase su destitución. Aquí mismo, la presidenta Dilma Rousseff, elegida en 2010 y reelegida en 2014, fue destituida por más de dos tercios de los senadores, acusada de maquillar las cuentas públicas.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras dos periodos en el cargo, sufrió un revés en los estrados judiciales: fue condenado por otro caso de corrupción a 12 años de prisión. El actual presidente Michel Temer también es investigado por el caso Odebrecht.

En Paraguay, Fernando Lugo fue destituido en 2012 “por mal desempeño de sus funciones”, en un juicio político en el Senado.

En Ecuador Abdalá Bucaram, acusado de desvío de fondos públicos, fue destituido en 1997, seis meses después de su investidura. En abril de 2005, en medio de una revuelta popular, el presidente Lucio Gutiérrez, acusado de colocar a allegados en la Corte Suprema de Justicia, fue igualmente destituido por el Parlamento, y fue encarcelado por sedición.

En Venezuela, el presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación y enriquecimiento ilícito, fue cesado en mayo de 1993, y su destitución, confirmada por el Congreso el 31 de agosto siguiente.

En Guatemala, Otto Pérez Molina, acusado de dirigir un sistema de corrupción en la administración aduanera, se vio privado de su inmunidad por el Parlamento el 1 de septiembre de 2015. Ante el riesgo de ser destituido, renunció al mando dos días más tarde y fue colocado en prisión preventiva.

El expresidente guatemalteco Álvaro Colom ingresó a la amplia lista de exmandatarios latinoamericanos que han sido procesados o condenados por la justicia por distintos delitos. También en Guatemala, Otto Pérez Molina está en prisión preventiva desde 2015 acusado de diversos delitos; Alfonso Portillo estuvo en prisión en Estados Unidos por lavado de dinero y sobre Jorge Serrano, asilado en Panamá, pesa aún una orden de captura por delitos comunes cometidos durante el fallido autogolpe de 1993.

En Panamá, es perseguido por la justicia Ricardo Martinelli. Se le acusa de varios actos de corrupción y por interceptación de comunicaciones privadas.

En Honduras, Rafael Callejas fue procesado por corrupción por un caso de fraude ligado a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y espera sentencia en territorio estadounidense bajo libertad condicional.

Cristina Fernandez de Kirchner, en Argentina, es investigada por presunta “asociación ilícita” para adjudicar irregularmente obras públicas viales por unos 2.400 millones de dólares. Es la exmandataria con la mayor cantidad de investigaciones en ese país, no tiene condenas, pero sus bienes están congelados y no puede salir del país sin orden judicial ni cobrar la pensión.

En Costa Rica, Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez fueron condenados a cinco años de prisión por casos separados de desvío de fondos públicos. En contra del expresidente Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz, hay una investigación por prevaricato en la firma en 2008 de decretos para declarar de interés y conveniencia nacional un proyecto de minería.

El salvadoreño Elías Antonio Saca está en prisión preventiva desde octubre de 2016 por malversar 246 millones de dólares del presupuesto estatal. El también salvadoreño Mauricio Funes, asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016, fue condenado en 2017 a reintegrar al Estado más de 419 mil dólares y se le investiga por la supuesta financiación de su campaña por parte de Odebrecht.

Por su parte, en Nicaragua, el expresidente Arnoldo Alemán fue acusado de blanquear 10 millones de dólares de instituciones estatales y de mantener cuentas secretas en Panamá, fue condenado a 20 años de prisión.

En fin, qué aburridor, pero qué aleccionador, registrar tanta delincuencia a tan alto nivel, pero lo peor es que en Colombia no funciona la Justicia, y cuando se pretende ponerla a funcionar, entonces el poderoso implicado hace uso de la ignorancia colectiva para cooptar el poder por la vía de las urnas con el fin de tutelar las instituciones claves del Estado y ponerlas a su servicio, por intermedia persona, que posiblemente será el presidente.

Lo que vemos es un síntoma de la profunda crisis política y moral que vive esta nación y para el inmediato futuro, un gobierno que no tendrá interés real en solucionar los problemas sociales, que no atacará los problemas estructurales que enfrenta la población porque el interés es excluyente, personalista, cortoplacista, asistencialista, porque es mucho más fácil entregar subsidios, para manipular la opinión pública, que elaborar una estrategia para el cambio social.

Gravísimo error elegir un presidente para que ejerza esta funciones populistas, pero egoístas, en favor de un ciudadano. Basta recordar que el expresidente y senador Álvaro Uribe es quien tiene el mayor número de investigaciones pendientes en la Comisión de Acusación del Congreso, donde lo esperan más de 186 procesos en su contra, todos, aún en etapa preliminar (Solución: ¡hay que reformar el Congreso!). Van desde señalamientos por presunta celebración indebida de contratos hasta violaciones al derecho internacional humanitario, pasando por las ‘chuzadas’ que le dejaron una condena de ocho años de prisión al exsecretario general de Palacio Bernardo Moreno y de 14 años de prisión a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. Además, por las interceptaciones del hacker Andrés Fernando Sepúlveda quien, en su momento, aseguró que había sido contratado por la campaña presidencial del Centro Democrático para realizar saboteos informáticos al proceso de paz. En fin, son 186 sumarios…

Además, la Corte Suprema le adelanta 28 procesos, sin avances, en los que aparecen por lo menos cinco relacionados con grupos paramilitares, masacres (La Granja, El Aro, que dejaron muchas víctimas acusadas de ser supuestamente colaboradores de las Farc), homicidios (la muerte de un defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle Jaramillo; de su exsecretario de Gobierno cuando fue gobernador de Antioquia, Pedro Juan Moreno), hasta un proceso por presunta manipulación de testigos, caso Iván Cepeda, además de otras arremetidas paramilitares conocidas como los falsos positivos, relacionados con las madres de Soacha, entre otras, que reclaman porque los jóvenes asesinados por las fuerzas oficiales de su gobierno no eran delincuentes, como fueron presentados.

Este pequeño resumen de las ejecutorias del expresidente colombiano comparadas con las realizadas por algunos de sus colegas del entorno latinoamericano que han sido condenados, serían un verdadero escándalo en cualquier otro país del mundo, donde la Justicia aplica verdaderamente, pero como estamos es en Colombia es precisamente este personaje quien pone a votar a la gente por el que él diga.

En resumidas cuentas, estamos ya muy cerca de que resulte elegido presidente de la república Colombia el candidato que Uribe dijo que es el que más le conviene… pero a él. Habrá garantías de impunidad.

Las elecciones presidenciales 2018 representan para Uribe Vélez el reto de su vida: o pone presidente o terminará en la cárcel. No tiene opción.

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