Universidades y paz, entre intolerancias y esperanzas

“En este tránsito del fin de la guerra a la construcción de paz […] tienen la obligación de sacar de todos sus procesos y actuaciones el espíritu de guerra todavía presente”

Por: Manuel Humberto Restrepo Dominguez
Diciembre 11, 2017
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Universidades y paz, entre intolerancias y esperanzas
Foto: EFE

El difícil camino contra la intolerancia

¿Cómo entender que en universidades de élite como el Rosario, del top 5 en el ranking y con más de 360 años de existencia (fundada en 1653), ocurran cosas propias de las cavernas, no de las academias? La Universidad del Rosario está ubicada en el centro del centro de un país políticamente centralista, con lo cual como bien conocen los opositores a la paz, lo que pase allí rápidamente estará en cámaras, medios, redes y despachos del poder. Sus tres últimas generaciones de profesores y estudiantes aparte de convivir cerca de las mejores librerías, casas de teatro y centros de poder han sido testigos directos de hechos de la más honda relevancia para el país en asuntos de guerra, paz, democracia y poder.

La primera generación hace 70 años a pocos metros de su claustro vio caer asesinado a Jorge Eliécer Gaitán y encender la chispa del horror a la que siguió la violencia sellada con miles de víctimas y el desplazamiento forzado de campesinos finalmente amontonados en los cordones de miseria de ciudad y algunos debajo de sus propios aleros. Esa generación constató la impunidad total para las oligarquías responsables del horror. Su segunda generación hace 30 años vio arder el palacio de justicia con magistrados, civiles y guerrilleros adentro de la que dio testimonio en el informe de la comisión de la verdad (Pinilla, Gómez, Herrera, 2010) y pudo constatar la consolidación sin obstáculo de las mafias en el estado. Y la tercera generación, la de hoy, se debate entre una mayoría que se apresta a defender la conquista social del derecho a la paz y una minoría negacionista disciplinada  y cruel que pretende mantener encendida la llama del odio y la venganza contra los sobrevivientes de la última guerra clausurada con un acuerdo de paz para disputar poder sin armas.

La Universidad del Rosario hace parte de la poderosa Alianza de Universidades por la Paz, junto a Andes, Externado y Javeriana (de régimen privado, ubicadas geográficamente en un pequeño espacio del centro con una distancia media de entre 200 y 2000 metros entre ellas) más la Nacional (pública). La alianza está posicionada en el lugar principal para formular estrategias, obtener recursos, acomodar proyectos y financiar actividades en el nombre de —por, con, para— la paz, lo que muestra una estratégica asociación de universidades del top 10. Razón de más para enfrentar la intolerancia de los ilustrados negacionistas y trabajar adentro por hondas transformaciones culturales. Lo que ocurrió el 27 de noviembre se resume en que algunos estudiantes montaron un alegato de descalificación contra una profesora que los acusaba de ignorancia por cuestionar y pretender impedir la entrada de excombatientes de las Farc a conversar de la implementación de los acuerdos de paz firmados y de las proyecciones de paz estable y duradera. Días atrás un incidente similar había ocurrido en el Externado, que promocionó un mes antes su respeto y tolerancia con la apertura de un baño mixto para sus estudiantes y que en el palacio de justicia perdió a sus mejores magistrados.

Los jóvenes de la censura no son espontáneos en acción, hacen política en defensa del odio y de la guerra, calculan los choques para reiterar el falso señalamiento de que la insurgencia fue la única responsable de la guerra y ponen mantos de duda sobre hechos ocurridos en los que las élites fueron las grandes responsables, además de haber constituido la variable más estable en la historia de sangre del país. Con sus actos de censura muestran que no están dispuestos a permitir que la verdad refleje los vínculos de las élites con la barbarie padecida, de la que muchos de esos jóvenes pueden tener conocimiento. La censura del negacionismo tiene razones ideológicas que —orgánicamente o no— coinciden con los planteamientos de la ultraderecha en promover la invalidación de los alcances de los acuerdos de paz y negar a los excombatientes su condición de sujetos políticos y ciudadanos de plenos derechos. Tratan de responsabilizar de los horrores a un solo actor y negar la existencia de los otros dos (estado y terceros). Anteponen prejuicios a la realidad de las cosas y reducen la paz a la suma de hechos mediáticos fabricados para confundir e impedir entender la complejidad, lo que les resulta útil para imponer sus propios fantasmas y temores, que saben anunciar muy bien con repeticiones de supuestos peligros para la misma paz (su paz de privilegios).

El eje de actuaciones de esta generación ilustrada y bien educada, es la invalidación de la paz negociada y sus posibles consecuencias de mejora del bienestar colectivo. Su obstinación es impedir el habla, la presencia, las actuaciones, las conductas, los gestos y en concreto todo lo que venga de los excombatientes y sus presumibles aliados, incluidas las víctimas, la JEP, la reparación integral, la devolución de tierras, los defensores de derechos. El objetivo central es negar a los otros, sus adversarios, a quienes se empeñan en señalar como enemigos. Su meta es buscar que quienes los siguen usen su rabia y ojala actúen contra quienes para ellos no deben vivir en paz.

Paradójicamente a solo 12 calles de allí, una semana antes (15 de noviembre) en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, también privada y hasta hace poco dirigida por un intelectual de estatura ética (José Fernando Izasa) y hoy por Cecilia Vélez, la exministra de educación de Álvaro Uribe (una muestra de que la realidad no es en blanco o negro) ocurrió lo contrario, igual había ocurrido días antes en la Javeriana. Los excombatientes fueron invitados, recibidos, atendidos y escuchados con respeto. Se hicieron los análisis y explicaciones sobre la implementación de los acuerdos de paz en el ámbito del proceso de pedagogía de paz, que también hacen los gestores de paz del ELN. Allí todo fue como se espera sea en las universidades, con dialogo franco, sin descalificación ni estigmatización, sin  intimidación ni asedio por la temeridad de los que carecen de argumentos.

Entre las diferencias del plural y el singular

El derecho a la educación tiene una sustancia material fundamental que es la universalidad necesaria para todos sus procesos. En la enseñanza, el aprendizaje y las diferentes formas de circulación del saber. De la universalidad emana la interdisciplinariedad, el diálogo de saberes, el reconocimiento de los otros y la comprensión del mundo y su complejidad más allá de cada particular forma de explicar o justificar la existencia propia, que a veces cae en planos de pretendidas purezas más cercanas a la caverna, que  a la academia. Pero valga aclarar que universalidad en la construcción de paz no significa que todo vale, sobre todo para evitar una falsa igualdad que les pida abrir sus puertas para hacer apología del nazismo, el fascismo, el negacionismo o la exaltación del crimen (distinto al delito político o la rebelión) y de criminales como Popeye (morboso youtuber vendiendo su historia mafiosa y criminal) o Mancuso que sembró de terror una universidad pública llegando a controlar al Consejo Superior y a sus directivas o al benefactor Don Berna o a los consejos de los 12 apóstoles de Santiago.

La razón del diálogo en, por y para la construcción de paz, se asienta en la invocación al derecho humano a la educación del que se desprenden las normas constitucionales del servicio publico, la autonomía y las libertades (enseñanza, cátedra, investigación, asociación, expresión, otras) que se completan con el principio de responsabilidad para formar y actuar con sentido crítico y científico en la perspectiva de vivir en una democracia real, alejados del temor y las humillaciones. De ahí que ninguna universidad (ni entidad del sistema educativo) sea pública o privada, puede permitirse la promoción de verdades a medias que tiendan a engañar, polarizar o discriminar a nadie por pensamiento, etnia, sexo, conciencia, posición social o región de procedencia, aun declarándose por ejemplo religiosa, militar o agnóstica. Pero tampoco puede permitir que sobre la razón y la argumentación científica y ética prevalezca la llamada posverdad que con eficiente manejo de las pasiones, emociones y necesidades humanas de grupos colocados en desventaja son controlados por expertos en manipulación que falsean la verdad y aumentan el riesgo para promover violencias.

Los promotores de la censura hacen un uso amañado, consciente y perverso del plural donde debe estar el singular y viceversa. Las Farc fueron una organización política militar insurgente alzada en armas contra el estado (no contra la sociedad) durante cinco décadas y su existencia política dependía en buena medida de su accionar y capacidad militar depositada en un ejército del pueblo (EP)  preparado para la guerra. La Farc, en cambio no tiene el plural de las armas, ya no son Farc-Ep, sino solamente Farc, en singular, por tratarse de un movimiento político. Se mantiene su carácter colectivo pero el plural (S) que le daban las armas ya no existe, como tampoco las llamadas disidencias, que teóricamente no lo son (no se puede estar en desacuerdo con lo que ya no existe). Podrán ser grupos delincuenciales o si lo demuestran insurgentes de nuevo tipo, con otra doctrina, y perspectiva pero en ningún caso herederos del pasado insurgente. Hablar de disidencias es mantener vigente la doctrina de la seguridad nacional que ha producido daños incalculables sobre la vida y la dignidad, pero a la vez una muestra de la necesidad que tiene el estado de tener un enemigo interno para resolver su incapacidad para sacarse de adentro el espíritu mafioso y guerrerista. La diferencia entre el plural que ya es pasado y el singular naciente es esencial para evitar cruzar la línea entre lo real (político) y lo imaginado (político-militar) para mantener odio, discriminación y censura. Mientras no sea entendida y atendida esta diferencia —que es de fondo— por funcionarios y directivos universitarios, tendera a posicionarse el negacionismo cuya estrategia no es buscar justicia como anuncia, si no venganza y clientelizacion de la paz para obtener favorabilidad de votos a su favor.

Las universidades en este tránsito del fin de la guerra a la construcción de paz, igual que el sistema de justicia ordinaria (jurídico) que debe abrir paso a la justicia especial (jurídico-política), tienen la obligación de sacar de todos sus procesos y actuaciones el espíritu de guerra todavía presente en las políticas, reglas y practicas académicas, administrativas y logísticas (por ejemplo el modelo de vigilancia del tipo celaduría fue cambiado por el de seguridad policial en las puertas de ingreso a los claustros) y entrar de manera colectiva en el modo de la paz. Preparase para trabajar en, por, para y sobre la paz, requiere capacitación y comprensión en todos sus estamentos y niveles para aclarararse a sí mismas que el principal beneficiario de la vida sin guerra y en paz es el país entero y no los excombatientes como tratan de señalar los promotores de la distorsión de los acuerdos.

Hay que resaltar en todo caso que las universidades e IES públicas (y también numerosas privadas) han abierto sus puertas al debate y permitido oír otras voces y a la vez han empezado a acompañar y proteger la esperanza de las mayorías que quieren, necesitan y exigen la paz como su derecho y valor humano. Es momento para que aparte de las universidades otras formas organizativas como las iglesias (que con su doctrina debilitan derechos) también abran sus puertas a otras voces y reconozcan que todos los seres humanos tienen derecho a realizar los mismos derechos en presente y sin obstáculos. Es hora también para que soldados y policías, empiecen a reconocerse en sus propios derechos y libertades, a entender los límites del poder que se excedieron en nombre de la guerra y a reclamar por su dignidad. Igualmente colegios e instituciones de educación, sin excepción, sean públicas o privadas, laicas o religiosas, militares o civiles, tienen que asumir la obligación constitucional de hacer pedagogía de paz, incorporar propuestas formativas, renovar acciones curriculares y trabajar para entender porque la guerra no puede volver a ocurrir.

Las instituciones y entidades inteligentes saben el valor de escuchar de primera fuente a sus víctimas, excombatientes y ojala empresarios, políticos, financiadores de la guerra y por supuesto a los gestores de paz y los actores de la ciencia, la cultura y la academia, para que la construcción del relato colectivo y del país plural en paz y tolerancia sirva para explicar y entender la verdad de lo ocurrido. Un buen ejemplo de una verdad revelada en este corto tiempo sin guerra es, que no era cierto, que en las universidades públicas se formaran guerrilleros o le sirvieran al terrorismo.

La educación es parte de la realidad material, sobre la que se forja la justicia y se aprende y enseña a respetar y admirar al otro, en cambio de odiarlo y despreciarlo, pero ello exige pensar de manera crítica y actuar con una perspectiva de praxis transformadora, comprometida con los derechos. El cumplimiento de los acuerdos compromete a las instituciones y a la sociedad y exige trabajar en su implementación en todos sus apartes, pero además recuperar la memoria histórica y construir la verdad como un derecho consignado en la ley de tierras y de víctimas y contribuir con pedagogías de paz, sin perder de vista que impedirla, negarla u obstaculizarla, resulta contrario al espíritu del librepensamiento, del pluralismo y del derecho humano a vivir en paz, con miras a la creación de una sociedad de derechos con democracia participativa, incluyente, justa y soberana.

 

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