Universidades corruptas en un contexto carente de ética, ¿qué hacer?

Al ser un bien público, universal y un derecho humano fundamental, y por su carácter social y cultural, debe primar la gestión transparente

Por: Martin Eduardo Botero
Septiembre 12, 2018
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Universidades corruptas en un contexto carente de ética, ¿qué hacer?
Foto: Pixabay

No compartimos la idea de considerar la “universidad” como un bien económico o privado o una propiedad privada de tipo elitista regido por criterios puramente comerciales o por las fuerzas del mercado, ni tampoco una empresa privada o una institución independiente del sector público. La tendencia de esa moda ha sido de imitar ciegamente el modelo estadounidense.

La universidad por su carácter social y cultural —basado en el conocimiento en favor de la educación, de la formación y de la investigación, de cuyos frutos se beneficia toda la sociedad y contribuye a la calidad de vida de los ciudadanos— se debe considerar como un “bien público”, universal y un derecho humano fundamental.

Por eso tiene que haber una clara afirmación de que la enseñanza superior es una responsabilidad central del Estado, y que la enseñanza superior es un “bien público” que nos pertenece a todos, un derecho de todos los ciudadanos y su disponibilidad en acceso abierto es esencial para el desarrollo sostenible.

Actualmente, la principal fuente de financiación de las universidades en materia de investigación y enseñanza son los fondos públicos. Las universidades que operan con recursos financieros del Estado deben garantizar el uso eficaz del dinero de los contribuyentes, como el caso de los gastos de capital, de los gastos de funcionamiento y de los gastos corrientes, porque los fondos públicos son “sagrados”.

Prevenir y reducir la corrupción en la enseñanza superior tiene como objetivo mejorar la calidad y aproximar la enseñanza y el aprendizaje a las necesidades de la sociedad y del mercado de trabajo, reducir las diferencias en los niveles de competencias de los titulados universitarios entre las distintas universidades, mantener y mejorar la calidad de la enseñanza superior en beneficio de los usuarios, y mejorar sus objetivos de calidad a través de una garantía de la calidad “interna” y una garantía de la calidad “externa”.

Se debe emancipar el pensamiento y alentar la innovación y las reformas para alcanzar un nivel elevado de calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios.

La supervisión gubernamental de financiación de las universidades y gestión transparente

El mercado y la sociedad en general demandan a las universidades o mejor a las personas que toman decisiones, que planifican y administran, no solo un comportamiento ético y responsable en todas sus actuaciones e iniciativas, aplicar y mantener medidas y procedimientos adecuados para detectar riesgos de corrupción y “señales de alarma”, sino también a cumplir con todas las leyes aplicables y con las políticas y directivas anticorrupción. Por ejemplo, en los mecanismos de financiamiento, la gestión del profesorado, las contrataciones públicas, la producción y distribución de libros de texto y comidas escolares, el fraude académico y la corrupción derivada de las clases particulares.

Las universidades han de hacer gala ante todo de una utilización eficaz de los recursos existentes para poder acceder a una nueva financiación. En este sentido, la responsabilidad en el manejo de recursos públicos requiere que estos se asignen y gestionen lo más eficazmente posible y en forma abierta a la ciudadanía, con sistemas eficaces de seguimiento y evaluación transparente y rendir cuentas públicamente de los actos y de los recursos utilizados. Ello solo puede lograrse con un nuevo planteamiento basado en la responsabilidad de las universidades ante la sociedad en su conjunto, manteniendo su orientación hacia una educación orientada a la competencia y relacionada con los resultados y la introducción de sistemas internos de garantía de la calidad que sean válidos en todos los sectores y aplicables a todas las titulaciones, por un lado y, por el otro, la tendencia hacia una buena gobernanza de la educación, la transparencia y un comportamiento ético y honesto, y, por último, la necesidad de medidas específicas para prevenir y reducir el número de situaciones que generan corrupción y las capacidades de supervisión (auditorías financieras y encuestas de seguimiento del gasto público, reglamentos financieros claros, un reparto transparente de las responsabilidades, sistemas limpios de contabilidad y mecanismos de control y auditoría, es decir un diagnóstico eficaz).

Esto exige un marco institucional de gobernanza eficiente y eficaz que debe desarrollarse en el frente de la financiación. Esto exige también un control eficaz y estricto a la hora de conceder ayudas estatales o compensaciones (supeditada a ciertas condiciones), que deberían revisarse a intervalos regulares y apropiados, y en todo caso al menos anualmente, la tarea de controlar y auditar el uso de las ayudas estatales debería delegarse a los órganos de vigilancia o a las autoridades, que a su vez informarían sobre el particular a los órganos legislativos. En cualquier caso, el principio de igualdad de oportunidades debe quedar garantizado.

En estos casos esencial el comportamiento de los alumnos y estudiantes, padres y otras personas interesadas (cuerpo docente, administradores, estudiantes, antiguos alumnos, interlocutores sociales, asociaciones profesionales, expertos extranjeros y un equipo dirigente dotado de la autoridad, la capacidad de gestión y la antigüedad suficientes) para conseguir que las universidades públicas o privadas sean responsables y transparentes y hacer valer su derecho a fiscalizar el destino de los fondos públicos (incluidos presupuestos, inversiones y préstamos). Entonces también será necesario auditar y controlar en cierta medida la financiación, los ingresos y los gastos públicos en la enseñanza superior y la investigación, fomentando las herramientas de transparencia, que deben ser verificados de forma externa para resultar creíbles y en caso necesario sancionar los casos de ineficacia inaceptable (como por ejemplo, las variaciones en los sistemas de evaluación de la calidad, la estructura de titulaciones coherente, las carencias de la empleabilidad y la internacionalización, y la existencia de sellos de calidad fiables, etc.) no solo en los centros de investigación, de enseñanza o formación, o de servicio a la comunidad, sino también en los que tienen el potencial de alcanzar ese nivel y de desafiar a los líderes reconocidos en ese campo. La corrupción en el sistema universitario puede ser un catalizador para otras graves violaciones de derechos.

Un problema conocido, pero indebidamente regulado 

Los gobiernos se enfrentan a retos importantes no solo deben hacer frente a redes políticas y comerciales corruptas arraigadas, sino también a escuelas o universidades corruptas. La corrupción en las universidades, tanto públicas como privadas, tanto en los países ricos como en los países pobres, es un tema fundamental y poco estudiado con claridad y detenimiento, lo que no solo se debe a la carencia de material de referencia, sino también a una metodología fiable para evaluar su importancia, identificar sus causas y analizar sus consecuencias. La corrupción en el sector de la educación es un fenómeno complejo del que poco se habla por ser un asunto que se cree privado y de interés solo para los que están involucrados. Aunque es un tema que los ciudadanos no conocen muy bien, es preciso prestarle atención con carácter urgente, especialmente teniendo en cuenta que una parte sustancial de la ayuda y de los recursos nacionales (sin hablar de una financiación privada más fuerte, la comunidad de donantes y su vinculación con la industria) se destina a la educación superior y universitaria, la investigación y la innovación, que podrá incluir cualquier otra financiación pública en función de las especialidades académicas y la movilidad internacional de los alumnos (acciones de movilidad).

La corrupción en el sector educativo se define como “el uso sistemático del cargo público en beneficio privado, con un impacto notorio en la disponibilidad y la calidad de los bienes y servicios educativos” y, por consiguiente, en el acceso a la educación y en su calidad y equidad. Aunque resulta más adecuado hablar de comportamiento ético y no ético que de comportamiento corrupto y no corrupto. Las universidades no son inmunes a la corrupción ni al clientelismo y la manipulación, especialmente si están vinculados a conglomerados que reciben de ellos gran parte de su financiación.

Ese tipo de corrupción o comportamiento no ético se manifiesta de forma más específica en sus elevados costos de matriculación y el progresivo aumento de las tasas de admisión, en comparación con universidades privadas o estatales de otros Estados u otras regiones del mundo; y en el énfasis que se pone en la calidad y excelencia de nuevos títulos prestigiosos, necesariamente más caros (la mercadotecnia de la educación superior tal como la define la UNESCO), asegurando la calidad de los programas y definiéndose como “centros de excelencia” en la enseñanza superior, si bien solo una parte de los centros de enseñanza superior pueden ser centros de excelencia a nivel internacional. Se considera en general que los centros de excelencia brindan un elevado nivel de servicio y atención de la más alta calidad: la calidad de la docencia, la excelencia en la investigación, el desarrollo y la innovación. Por otra parte, sin un sistema de ayuda eficaz para los grupos de población con ingresos más bajos, también será fácil que terminen promoviendo la exclusión y la desigualdad en materia educativa y el acceso equitativo a la enseñanza, incluido el desarrollo de la calidad general de la oferta educativa y de formación, abrumando a las familias de bajos ingresos, lo que desvirtúa muchos de los principios que pretende fomentar. Al margen de los comportamientos no éticos subyacentes, existen otros factores que inciden de manera directa o indirecta en los derechos de los estudiantes, en particular la reglamentación excesiva, la carencia o exceso de profesores y formadores cualificados, el abandono precoz de los estudios, el desempleo de los titulados, la duración excesiva de los estudios y los bajos niveles de los conocimientos.

Cabe mencionar igualmente otras situaciones, actividades y comportamientos de alto riesgo que constituyen amenazas para la calidad de los bienes y servicios educativos, como la inadecuada rendición de cuentas, el predominio de grupos de intereses creados y las elites tradicionales demasiado tecnocrática y alejada (que protegen sus ventajas y aseguran sus altos estipendios, premios para viajes, comisiones por equipo e inclusive el pago para un auto lujoso, etc. lo que supone un considerable despilfarro que le cuesta a la sociedad), la falta de información, los sindicatos de profesores, el fraude académico y la limitada difusión de los conocimientos, es decir, la incapacidad de preparar a los estudiantes para el mercado de trabajo, sin tener en cuenta sus propios puntos fuertes y sus propias prioridades, “mientras que las intenciones y los objetivos son frecuentemente borrosos”.

Otro factor determinante por considerar son los controles ineficaces o insuficientes, tanto cualitativa como cuantitativamente, sobre los sobornos y las comisiones en la contratación y promoción de profesores e investigadores, muchas veces sin cumplir íntegramente procedimientos abiertos, transparentes y competitivos o sin establecer un código de conducta básico o un conjunto de criterios de calidad accesible al público para la contratación, por no hablar de la normativa laboral por la que se rige el personal académico.

Cabe mencionar asimismo su falta de compromiso con otras importantes cuestiones, en particular con la excelencia o el aseguramiento de la calidad de los servicios prestados, incluidos los métodos de enseñanza, por ejemplo en una determinada facultad o en lo relativo a lenguas (sin garantizar sistemas transparentes de garantía de la calidad más allá de sus fronteras o un sello de calidad extranjero en una disciplina determinada para los niveles de máster y doctorado o evaluaciones o acreditaciones conjuntas con otras agencias) o en la contratación pública del sector educativo, por ejemplo, en la construcción y el mantenimiento de centros superiores.

La investigación reciente de los académicos Jacques Hallak & Muriel Poisson demostró que “la mayoría de las universidades suelen ofrecer los mismos programas mono-disciplinarios y métodos tradicionales de aprendizaje sin una profunda revisión de sus planes de estudios para poder dar respuesta a las cambiantes necesidades de los mercados orientados hacia el mismo grupo de estudiantes académicamente mejor cualificados, lo que lleva a la exclusión de aquellos que no se ajustan al modelo estándar. Esto aumenta el riesgo de que los estudiantes sean víctimas de una orientación e información engañosa y de proveedores deshonestos, organismos poco fiables de garantía de calidad y convalidación de títulos y una formación de mala calidad a la que corresponden cualificaciones de validez limitada”.

Y todo ello sin hablar de la carencia en muchos centros nacionales de investigación de un marco internacional de cualificaciones de enseñanza superior en las titulaciones de grado, máster y doctorado. La corrupción en las universidades, por consiguiente, es solo una nueva y suplementaria ocasión de abordar un problema tan delicado y antiguo como las soluciones propuestas para remediarlo que hace mucho tiempo que dejó de tomarse en serio.

Conclusiones

El nuevo Gobierno se enfrenta ahora al reto de modernizar su “industria del conocimiento”, en particular sus universidades. Invertir más y mejor en la modernización y la calidad de las universidades para hacer frente a la competencia internacional en materia de talento, prestigio o recursos en un entorno abierto, competitivo y cambiante e implementar estrategias orientadas a obtener resultados para reducir la corrupción (o estos comportamientos no éticos), así como incrementar la transparencia y responsabilidad en la gobernabilidad significa invertir directamente en el futuro de Colombia y de los colombianos: conseguir un nivel de calidad regional, mejorar la gobernanza e incrementar y diversificar la financiación (véase Comunicación de la Comisión Europea titulada, El papel de las universidades en la Europa del conocimiento).

Espero que entre las prioridades del presidente Duque estará reducir la corrupción y luchar contra dichos comportamientos no éticos en el sistema universitario para que sean resueltos y para responderle a la sociedad. Ello eliminaría toda la rentabilidad de estas prácticas, la corrupción y las infracciones de la legislación y, por lo tanto, también el fraude y el vergonzoso despilfarro de nuestro dinero y el de los contribuyentes. En la actualidad, sin embargo, la reducción de la corrupción en la enseñanza superior, las reformas y la financiación que deberán guiar la modernización de las universidades no figuran entre los principales objetivos gubernativos. Gracias.

Para más información véase:

Escuelas corruptas, universidades corruptas: ¿Qué hacer?

Comunicación de la Comisión Europea titulada El papel de las universidades en la Europa del conocimiento.

Reseña de Escuelas y Universidades corruptas: ¿una prioridad de la gestión escolar?

 

 

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