Juliette de Rivero llegó a Colombia en plena pandemia, el año pasado, para hacerle frente al tema migratorio, por la crisis venezolana pero la emergencia social del país le cambió la agenda. Reemplazó al italiano Alberto Brunori, quien estuvo un par de años y fue la primera voz en alertar la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales en las regiones de Colombia con sus informes anuales.
El origen peruano de Rivero, le ha permitido moverse bien en Colombia, a donde llegó después de lidiar con varios conflictos internos de África como cabeza de la oficina para ese continente en Ginebra y tras vivir dos años en Costa de Marfil. Su carrera en la defensa de los DDHH cumple ya 25 años en entidades internacionales, especialmente la ONU, a la que ingresó en los años 90 después de asistir labores de relatoría en la Comisión de la Verdad y Reconocimiento en el proceso de posconflicto peruano tras el desarme del extinto grupo guerrillero Sendero Luminoso.
Fue de Rivero la primera en alertar internacionalmente el ataque que sufrió la comisión de verificación asistida por su oficina el pasado 4 de mayo en la estación de policía Fray Damián, en Cali. Aunque ella no estaba en dicha comisión, se desplazó al día siguiente a la capital del Valle en los días desde donde se reunió, entre otros, con el Fiscal General Francisco Barbosa, quien se habria comprometido a darle seguimiento a dicha investigación.
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