Influencers de TikTok, YouTube y X han comenzado a aparecer en cargos, contratos estatales y candidaturas políticas, un fenómeno que ha generado debate público por su alcance y dimensión. Entre los casos mencionados está Lalis, hoy candidata a la Cámara, quien registra contratos acumulados por aproximadamente 220 millones de pesos con varias entidades del Estado, entre ellas la Cancillería/Fondo Rotatorio (hasta diciembre de 2025), el DPS, la SIC y Colombia Compra Eficiente.
También figura Wally, candidato al Senado, con contratos y asesorías en RTVC. Se trata de una tendencia visible en la contratación estatal reciente, que ha despertado cuestionamientos sobre criterios de selección y comunicación pública.
Otro caso es el de una creadora de contenido para adultos (@LaJulietaMM en X), quien se graduó recientemente como ingeniera industrial y, poco después, firmó un contrato de prestación de servicios por 101.400.000 pesos, bajo la modalidad de “apoyo profesional”, con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por 12 meses, en septiembre de 2024.
Inicialmente, surgieron cuestionamientos porque en su hoja de vida publicada en SECOP figuraba como bachiller. Posteriormente, la contratista hizo público su diploma profesional y señaló que cumplía los requisitos exigidos. No obstante, persisten dudas relacionadas con las fechas de grado y la presentación de las pruebas de Estado, lo que ha motivado solicitudes de aclaración.
En RTVC también aparece el caso de @LevyRincón en X, quien no registra título universitario ni experiencia profesional formal, pero cuenta con reconocimiento en plataformas digitales. Figura como presentador en un espacio televisivo propio, con contratos iniciales por 28 millones de pesos durante cuatro meses, seguidos de renovaciones, entre ellas un contrato por 7 millones de pesos mensuales en mayo de 2025. Además, participó como co-conductor en espacios como Política al Revés, junto a Wally.
A estos nombres se suman otros creadores de contenido, como Celso Tete Crespo, quien registra contratos por 280 millones de pesos, y Don Izquierdo, entre varios más. Según reportes publicados en 2025 por diarios como El Espectador e Infobae, al menos 18 influencers tendrían contratos vigentes ese año por un valor conjunto cercano a los 731 millones de pesos.
A su vez, desde 2022 se estima una contratación acumulada superior a 2.300 millones de pesos, de acuerdo con denuncias públicas del concejal Daniel Briceño y publicaciones de El Colombiano.
Desde el Gobierno, voceros y funcionarios como Gustavo Bolívar, Martha Lucía Rusinque y Hollman Morris han defendido este tipo de contratación como parte de una estrategia de modernización de la comunicación institucional.
En este contexto, distintos sectores han planteado que la creciente participación de influencers en la esfera pública y electoral plantea interrogantes legítimos sobre el uso de recursos públicos, los criterios de idoneidad y el impacto de la comunicación digital en la política colombiana.
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