El caso de Noelia Castillo, una joven de 25 años que pidió acceder a la eutanasia en España tras quedar parapléjica, volvió a poner sobre la mesa una discusión que trasciende fronteras. Su decisión, respaldada por un proceso legal que llegó hasta tribunales europeos, reabrió preguntas sobre quién decide cuándo y bajo qué condiciones se puede poner fin al sufrimiento que los cuidados paliativos no han podido evitar.
Mientras la historia de Noelia avanzaba entre recursos judiciales y debates familiares, en Colombia ese camino ya había sido trazado años atrás, no solo desde las cortes, sino también desde instituciones de salud que empezaron a asumir ese momento como parte de la atención médica.
La defensa por la muerte digna en Colombia
En junio de 2015, en una pequeña sede del sector de Ricaurte en Bogotá, comenzó a operar una IPS con apenas tres personas, un capital cercano a 20 millones de pesos y una idea básica: atender pacientes crónicos que no encontraban un modelo de cuidado integral. Así nació, de la mente de su gerente general, Mariana Rodríguez Rodríguez, Health & Life, hoy conocida como HeLi Salud, en un momento en que el sistema de salud colombiano apenas empezaba a organizar la etapa final de la vida como parte de la atención médica.
Ese mismo año el país vivía un punto de quiebre. En Pereira se practicaba la primera eutanasia legal a Ovidio González, padre del famoso caricaturista ‘Matador’ y quien tenía un cáncer de boca que le había desfigurado el rostro, luego de que la Sentencia T-970 de 2014 obligara a garantizar el derecho a morir dignamente.
Pero la historia de la eutanasia en Colombia venía de mucho antes. En 1979, la filántropa Beatriz Kopp de Gómez fundó la Fundación Solidaridad Humanitaria inspirada en la organización estadounidense Concern for Dying, luego de ver de cerca el sufrimiento que una familiar experimentó al sufrir de cáncer durante años. Su propósito era introducir en el país una discusión hasta ese momento inexistente: la posibilidad de decidir sobre el final de la vida. En 1983, esta iniciativa se consolidó como la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente (DMD), que con el tiempo se integró a una red internacional presente en 28 países.
Durante décadas, ese movimiento ciudadano preparó el terreno para lo que luego ocurriría en los tribunales y hospitales. La regulación avanzó hasta consolidarse con la Resolución 971 de 2021, que estableció condiciones claras: diagnóstico de enfermedad grave o incurable, manifestación libre del paciente y evaluación por un Comité Científico Interdisciplinario. El derecho quedó definido, pero su aplicación dependía de instituciones capaces de ejecutarlo.
De los cuidados paliativos al “alivio” de la eutanasia
En ese contexto, HeLi Salud fue creciendo. Su enfoque inicial en pacientes crónicos se transformó en un modelo más amplio de atención al final de la vida. Mientras el sistema de salud estructuraba las rutas de eutanasia, cuidados paliativos y adecuación del esfuerzo terapéutico, la IPS fortalecía su capacidad para acompañar a los pacientes en ese proceso.
Los primeros años no fueron estables. La salida de un socio dejó una deuda cercana a 30.000 millones de pesos. La operación tuvo que ser reconstruida desde lo administrativo y lo clínico para poder continuar. Ese momento marcó un punto de inflexión: la institución consolidó su enfoque en atención domiciliaria y equipos interdisciplinarios.
Con el tiempo, ese modelo se materializó en el programa Dignity, cuyo esquema integra atención médica, apoyo psicológico, trabajo social y acompañamiento espiritual orientado a pacientes con enfermedades avanzadas o irreversibles. Este enfoque se articula con la metodología NEWPALEX, un Sistema de Gestión Integral desarrollado por la New Health Foundation que reúne más de 200 parámetros clínicos y de gestión.
Bajo este sistema, certificado por la fundación española, se atienden cerca de 50 mil personas al año en todo el mundo, con indicadores que reportan 89,9 % de control del dolor, 87,2 % de bienestar y 97,1 % de satisfacción de pacientes y familias. El crecimiento fue sostenido: hoy HeLi cuenta con 4.500 colaboradores y cerca de 70 mil pacientes mensuales en 18 departamentos de Colombia, con sedes en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.
Acabar el dolor por vía de la muerte
Ese desarrollo ocurrió en paralelo a la consolidación del sistema de muerte digna en Colombia. El acceso a la eutanasia implica un proceso estructurado: el paciente debe expresar su voluntad de manera libre, contar con un diagnóstico que respalde su condición y la evaluación de un comité interdisciplinario. Además, existen herramientas como el Documento de Voluntad Anticipada, que permite dejar por escrito decisiones médicas y debe formalizarse ante notaría, médico tratante y testigos.
Dentro de ese entramado, HeLi Salud se integró como parte de la red de Morir Dignamente en Colombia, en articulación con organizaciones como DMD. Su papel se centra en el acompañamiento del paciente y su familia, especialmente desde los cuidados paliativos, dentro de un sistema que combina decisiones médicas, legales y éticas.
En cuanto a cifras, cabe recordar que desde 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2024, en Colombia se realizaron 1.044 procedimientos de eutanasia, según el informe De Muerte Lenta de DescLAB, evidenciando un crecimiento sostenido en menos de una década: de apenas cuatro casos en 2015 a 352 en 2024, el año con mayor registro, lo que representa un aumento del 29,9 % frente a 2023 y una multiplicación por 88 en diez años.
Este incremento también se refleja en las solicitudes, que en 2024 alcanzaron 1.169 (un promedio de 97,4 mensuales y un aumento del 200,5 %), aunque solo tres de cada diez son aprobadas. En cuanto al perfil de los pacientes, hay una distribución cercana entre hombres (53,8 %) y mujeres (46,1 %), con una edad promedio de 62,6 años, inferior a la esperanza de vida nacional (77,2 años), y con registros recientes que incluyen el primer caso en una persona trans (2022) y dos en menores de edad (2023-2024).
El cáncer concentra el 74,6 % de los procedimientos, seguido de enfermedades neurodegenerativas, mientras que el uso del Documento de Voluntad Anticipada creció hasta el 49,8 % en 2024, evidenciando un mayor nivel de planificación sobre el final de la vida.El contexto, sin embargo, sigue mostrando limitaciones. Solo el 41 % de los pacientes accede a cuidados paliativos en el país, y en regiones como Amazonía y Orinoquía la cobertura es inferior al 30 %. A esto se suma que apenas el 2 % de los médicos tiene formación en esta área. Aunque el sistema ha avanzado en regulación, todavía enfrenta retos en cobertura y capacidad.
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