Hace varios días una persona muy cercana me preguntaba por qué continuaban las marchas si habían retirado la reforma y renunciado el ministro carrasquilla. Desde su perspectiva, ese era el problema fundamental y no tenía mayor sentido sostener un paro que afecta a todo el país, tal vez por hacerle un favor a algún político o simple animadversión con el gobierno. Creo que ni ella ni yo entendemos a cabalidad el actual remolino de acontecimientos.
Eso sí, recuerdo cómo en el año 2017 emprendimos la tarea de promover lo que dimos en llamar “paro indefinido desde el sur”, junto a cientos de organizaciones y pobladores agotados colectivamente por el abandono, el empobrecimiento, la segregación y la violencia característica de estos territorios periféricos de Bogotá. En aquel momento, la crisis permanente del basurero de doña Juana fue el motor principal, pero el horizonte, como siempre, ha sido el pago de la deuda social, ecológica e histórica que mantienen las elites público-privadas con el sur. La apuesta por un paro permanente, motivo de risas en algunos casos y preocupación en otros, lo entendíamos fundamentalmente como un mecanismo para resignificar la idea común de dicha acción colectiva, más allá del manido ciclo de toma de vías, pliegos de exigencias, negociaciones infructuosas y repliegue frustrante. Creíamos que un paro debía ser una manifestación expresa de una política subalterna, un acto de dignidad contra las viejas estructuras de poder y sobre todo una herramienta para viabilizar voces y practicas históricamente marginadas. Permanente porque era tanto en la vía pública, como en cada acción vecinal e individual que impulsara el buen vivir, contra el orden de cosas imperante.
Aunque tal idea la dimos por frustrada, la tumultuosa realidad que pervive en el actual ciclo de levantamientos populares, con antecedentes en el 2016 y las multitudes que defendimos el acuerdo de paz después del amañado plebiscito, continuado en 2019 y 2020 respondiendo a la violencia estatal y que hoy toma bríos incontenibles, nos invita a retomar el concepto de un paro permanente (ojo, no una toma de vías interminable) contra la política de muerte, la agenda criminal del neoliberalismo, las elites mafiosas y un estado corrompido hasta los tuétanos. Un paro que da a luz un nuevo país, aunque su alumbramiento no sea sencillo.
Y no es sencillo por tres razones:
1. Enfrentamos un régimen inmoral fabricado para la guerra y la violencia sistemática, con una doctrina macabra que prefiere los ríos de sangre a las reformas más simples
2. Una dirigencia envejecida, no en cuerpo sino en mente, desconectada de la desesperada juventud que agolpa las calle, que no está representada en sindicato, partido político o líder nacional alguno.
3. El desgaste propio de una movilización de tal magnitud que puede llevar rápidamente de la esperanza a la frustración. Este cóctel propio de la crisis puede desembocar en una solución conservadora o en la posibilidad de transitar hacia cambios profundos.
En tal situación no queda otra pregunta sino hasta dónde vamos, y ofrecer una respuesta ahora sería desacertado, ligero y poco realista. Eso sí, considero que una situación inédita necesita una respuesta igual de inédita, que no sea necesariamente sacada del sombrero del mago, sino que simplemente entienda las dimensiones y temporalidades del actual conflicto. Si quienes salen sin descanso a manifestarse son mayoritariamente jóvenes de los barrios populares, pues allí hay una primera pista: es imperativo que el Estado, en teoría descentralizado, con toda sus estructuras y funcionamiento atienda los reclamos básicos. Desde las JAL, alcaldías locales, municipales, distritales, concejos etc. deben reajustar sus lógicas y ponerse en función de ofrecer opciones viables. Como el Estado no es el solo el presidente y el gabinete ministerial, no suena descabellado establecer asambleas, agendas, pliegos y acuerdos a distintos niveles y escalas territoriales. Ese marasmo público debe hacer énfasis en la transición económica, política de empleabilidad, acceso a derechos fundamentales como salud, educación, vivienda digna, la protección de los bienes naturales comunes, entre tantas deudas acumuladas que hoy les explota en sus acicalados rostros, a los operadores políticos anquilosados.
Finalmente, es un buen momento de relevo, tanto de liderazgos, como de formas y modos. Es un tiempo no solo para buscar cambiar la naturaleza del Estado, sino de reconstruir el tejido social a partir de la economía solidaria, el sentido comunitario, la resignificación de lo público, también a diversa escala territorial, la autogestión, construyendo nuevas narrativas y subjetividades. Si bien el comité de paro puede tener las mejores intenciones de canalizar demandas globales, si no existe una agenda territorial propia el paro puede terminar siendo solo un recuerdo de como el país se cansó de sus gobernantes, pero no pudo superarlos.
