Normalmente un garante en cualquier relación es alguien confiable, un tercero llamado a dar fe, a avalar con su palabra o su compromiso algo que es clave y que dos partes en negociación aceptan entendiendo que ese tercero expone calidades especiales. Por simple sentido común, no resulta entonces normal que dos facciones en diálogo busquen al más criminal, al menos confiable, al más rata entre los posibles como garante de cualquier cosa.
Pronto deberán reiniciarse, según se anunció en noviembre pasado, las reuniones del Gobierno con el ELN en desarrollo del proceso de búsqueda de paz, un proceso que este e incluso otros gobiernos anteriores durante este siglo han buscado sin éxito.
Fue a comienzos de 1965, hace exactamente 60 años con la toma de Simacota (Santander) que el ELN, fundado por Fabio Vásquez Castaño y otros estudiantes y campesinos, se instaló en el conflicto nacional que no acaba, que no se resuelve, que no mejora sustancialmente; un movimiento insurgente que despertó ilusión revolucionaria de muchos bajo fórmulas y concepciones de otros tiempos, incluido quien esta columna escribe, pero una organización que ha ido mutando de piel de formas insospechadas y simplemente aterradoras.
Pronto desde su presencia en el país, el ELN volvió suya la consigna del líder comunero José Antonio Galán: “Ni un paso atrás, liberación o muerte”.
Ni un paso atrás, ni uno adelante; liberación ninguna ni de nada, y, eso sí, mucha muerte ha sembrado el conflicto nacional desde esta y otras guerrillas, desde la dimensión sicópata del paramilitarismo y la criminalidad organizada, e incluso desde el propio Estado de maneras abominables.
En el país persisten virus de desigualdad y corrupción que ofenden la dignidad humana, lo que hace difícil en todo sentido que ELN y Gobierno avancen. Así es que hay que perseverar en cambiar estructuras del país y perseverar a la vez en el diálogo instalado.
La autocracia de Maduro avergüenza y deslegitima cualquier mesa a la que se siente, cualquier proceso en el que participe
En lo que sí no puede perseverarse desde ninguna de las dos orillas, si es que quieren transmitir un mensaje estratégico de convocatoria y confianza, es en mantener como garante de este difícil proceso, a una dictadura criminal, transgresora de derechos humanos, vinculada vivamente con el narcotráfico y con el arrasamiento de un país.
La autocracia de Maduro avergüenza y deslegitima cualquier mesa a la que se siente, cualquier proceso en el que participe. Así es que ELN y Gobierno deberían reconsiderar ya antes de volverse a encontrar, sobre todo el gobierno, pues no puede este ir a sentarse a la mesa de garantía en el territorio dominado por alguien a quien oficialmente “no reconoce”.
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