No hay para qué decirse mentiras. Uno en la generalidad de jueces en Colombia no es que crea del todo. Además de la arrogancia preconcebida que los retrata, ahí están a la vista sus arrumes de expedientes engordando, la corrupción jactanciosa de muchos o el universo de trámites y sellos de los que parecen sombríos predicadores.
En el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sin desconocer que para la generalidad del país no es fácil entender qué, cómo y cuándo hace aquello para lo que fue creada, no se sabe bien si por falta de divulgación de resultados o por lentitud en estos, todavía la percepción es distinta.
Son un poco más de siete años los que lleva operando tras una reforma constitucional, con la ilusión de conseguir en esencia la sanción de crímenes atroces cometidos durante la larga guerra nacional antes de 2016 y de obtener verdad y reparación para las víctimas del inolvidable desangre.
Es trascendental por eso el actual anuncio de la JEP, en el sentido de haber hallado los primeros restos humanos en el lugar conocido como La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín, algo que de ser cierto tras una búsqueda de más de 10 años, empezaría a corroborar y descorrer el velo de piedras y escombros botados deliberadamente en un lugar que en testimonio de muchos es la fosa a cielo abierto más grande en el país, en donde se encontrarían cadáveres de personas torturadas, desaparecidas y asesinadas en uno de los periodos brutales de la violencia, sobre todo a partir del año 2000.
Se afirma por la JEP y por familiares de víctimas, que entre 2002 y 2003 se registró el mayor número de casos allí, básicamente a partir de la operación Orión llevada a cabo en 2002 en esa Comuna, durante el gobierno de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe y la administración de Luis Pérez en la ciudad; una operación militar en la que se ha corroborado una tenebrosa alianza con el bloque paramilitar Cacique Nutibara para exterminar cualquier presencia de milicias guerrilleras en la ciudad.
Desde la década de 1980 se trazaron algunos destinos de la Comuna 13 y de la violencia nacional, en una amalgama de controles intermitentes que fueron pasando por el sicariato, tráfico de drogas, organización de bloques urbanos armados, pandillas, milicias guerrilleras y autodefensas paramilitares. El 2002 puso una línea roja, teñida de dudas y sangre, con la “recuperación” de este territorio por el ejército, algo que implicó ataques a la población civil, desplazamiento y una forma de confrontación sucia que contó con ayuda de paramilitares que mantuvieron presencia, control y aplicación de métodos de terror en la zona, con toda impunidad y con muchos haciéndose de vista gorda, por un tiempo prolongado hasta el proceso de su desmovilización.
Serían unos cuatro millones de metros cúbicos de escombros y desperdicios los que estarían cubriendo esta que se cree es una triste fosa común en esta historia de violencia
Serían unos cuatro millones de metros cúbicos de escombros y desperdicios los que estarían cubriendo esta que se cree es una triste fosa común alimentada sistemáticamente en esta historia de violencia.
En su momento, pasados varios años desde la operación Orión, Álvaro Uribe expresó, “Yo llevo esperando desde el año 2003 donde están los falsos positivos, las personas enterradas en una supuesta fosa en La Escombrera, en Medellín. Cuando yo era presidente, 300 mil personas de la comuna 13 eran víctimas y prisioneros del crimen. Se recuperó ampliamente la tranquilidad y entonces empezaron a decir que había sido una política de tierra arrasada, una política de asesinar personas”.
El hallazgo que ha empezado a hacerse en La Escombrera parecería contradecirlo y dar esperanza a una travesía incansable de testimonios civiles que afirman cómo allí ocurrió otro episodio de horrores que debe ponerse al descubierto.