Un año nefasto para el proceso de paz y la seguridad del país

Una mirada sobre lo que ha sido la implementación de lo pactado en La Habana y la grave situación de violencia que se ha vivido en el país

Por: Giovanny Rincon Silva
diciembre 24, 2020
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Un año nefasto para el proceso de paz y la seguridad del país
Foto: Gobierno de Chile

El 2020 ha sido un año oscuro para Colombia, no solo por los quebrantos de seguridad, la pandemia y su economía, sino por los graves ataques al acuerdo de paz alcanzado con las FARC.

El pasado mes de noviembre se cumplían 4 años de la firma del acuerdo de paz entre el principal grupo armado irregular del país, la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y el Estado colombiano. Esta firma se plasmó en el auditorio del Teatro Colón luego de 3 meses de negociación con los líderes de no del plebiscito por la paz, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe, quienes se impusieron con un 50,21 (es oportuno aclarar que el Consejo de Estado concluyó que en la campaña del no hubo un "engaño generalizado").

Sectores académicos, sociales y ambientales mostraban su esperanza en este proceso, con la ilusión de que muchos territorios que han vivido la guerra cruda en el país durante décadas encontraran la anhelada paz, y que sus niños y jóvenes pudieran asistir a escuelas y universidades, en lugar de tener que enlistarse en el Ejército Nacional, en grupos paramilitares o las guerrillas por la falta de oportunidades, o en el peor de los casos ser reclutados de forma obligatoria, como ha sido denunciado por varias organizaciones no gubernamentales (ONG), líderes sociales y activistas de derechos humanos en estos territorios.

Es así como después de la firma de ese jueves 24 de noviembre de 2016 entre Juan Manuel Santos (entonces jefe del Estado colombiano) y Rodrigo Londoño (comandante en jefe de las FARC para la época y líder actual del partido político FARC) había un gran anhelo de progreso para municipios, ciudades y departamentos ampliamente afectados por el conflicto armado como Nariño, Tumaco, Buenaventura, Chocó, Antioquia, Valle, Cauca, entre otros. Sin embargo, no todo era esperanza ya que después de la firma el proceso avanzó muy lento durante los 2 últimos años del gobierno Santos, como era esperado por muchos sectores de la sociedad, ya que estos asuntos son bastante complejos, más si se tiene en cuenta que la guerra con las FARC duró más de 60 años. Además, el clima de zozobra se acentuó para el año 2018 con las elecciones presidenciales, dado que la implementación del proceso de paz era uno de los temas de discusión más relevantes, por lo menos en los debates presidenciales y sectores académicos y de prensa.

Entre los candidatos más fuertes se encontraban personalidades de la política como Germán Vargas Lleras (saliente vicepresidente del gobierno Santos), Iván Duque (un novato e inexperto en política ungido por el expresidente Uribe para tomar las riendas del país), Sergio Fajardo (exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín con amplio liderazgo en sectores de centro y la juventud), Humberto de la Calle (exvicepresidente de Ernesto Samper y jefe negociador del proceso en La Habana) y Gustavo Petro (exalcalde de Bogotá y senador muy popular en sectores de izquierda y juventud progresista). De los anteriores, solo los 3 últimos candidatos parecían estar comprometidos con la implementación del acuerdo de paz, al menos en sus discursos y planes de gobierno.

No obstante, como ya se sabe, resultó victorioso en la contienda presidencial el joven e inexperto senador Iván Duque, el candidato "menos barra brava" del uribismo, como fue denominado por el periodista Daniel Samper. Esto dado que sectores más radicales del uribismo como Paloma Valencia, María F Cabal, Fernando Londoño, entre otros, se oponían radicalmente al proceso de paz, incluso este último afirmaba "hacer trizas ese maldito papel", refiriéndose al documento del acuerdo alcanzado.

El joven y desconocido para la época Ivan Duque se mostraba mesurado y decía continuar con el proceso de paz en los debates presidenciales, por lo menos los de primera vuelta porque para la segunda no se presentó a debatir con Gustavo Petro, el otro candidato que alcanzó la segunda vuelta. Sin embargo, Duque aclaró que de alcanzar la presidencia impulsaría unos pequeños ajustes en lo acordado. Fue así como en su primer año como presidente empleó todo el periodo legislativo intentando que el Congreso le aprobara seis objeciones al acuerdo de paz; objeciones que según analistas políticos y excombatientes pretendían modificar los aspectos fundamentales del proceso de paz como la justicia, delitos de lesa humanidad, extradición, verdad, entre otras.

Es así como el candidato "más mesurado" del uribismo resultó usando su poco "poder político” para intentar cambiar el acuerdo alcanzado después de 6 años de negociación, pero tanto en el Senado y en la Cámara las objeciones que pretendía fueron negadas, dado que solo el partido de Iván Duque (el Centro democrático) y algunos congresistas de partidos tradicionales (como conservadores, liberales, cristianos y de Cambio Radical) apoyaron su reprochable iniciativa.

No obstante, este no ha sido el único ataque que ha sufrido el acuerdo de paz. También sectores tradicionales de derecha han criticado con vehemencia el acuerdo, como el mismo exvicepresidente Germán Vargas Lleras, o el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, o periodistas reconocidos como Vicky Dávila, Salud Hernández, entre otros, quienes consideran que fue un acuerdo solo para premiar la impunidad a los líderes de las FARC.

Adicionalmente, sectores armados y oscuros también ha atacado el proceso de forma radical y violenta, ya que según organizaciones de derechos humanos y el mismo partido FARC, después de alcanzado el acuerdo, cerca de 250 excombatientes han sido asesinados (más de 100 sólo en el actual 2020) por grupos paramilitares, grupos no identificados como las autodenominadas Águilas Negras, el Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas, incluso sectores de las fuerzas militares están involucrados en asesinatos, como en caso del excombatiente Dimas Torres, quien murió a manos de hombres de la segunda división del Ejército de Colombia.

Esta es una situación crítica, pues Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de esa justicia, indica que las versiones oficiales del gobierno sobre la muerte de excombatientes no son del todo certeras y que no solo obedecen a crímenes por las disidencias o rencillas personales. Además, presentó una proyección bastante preocupante, donde indica que para el 2024 podrían ser cerca de 1600 exguerrilleros asesinados, cifras cercanas al genocidio de la Unión Patriótica en Colombia y la cuarta parte del genocidio en Srebrenica (Bosnia, 1995).

Ante estos asesinatos, Iván Duque y su ministro Holmes Trujillo dicen estar dispuestos a dar con los autores intelectuales y materiales de estos crímenes y perseguirlos con vehemencia para detener la ola de violencia, pero lo que se ve en la realidad nacional es un aumento de cifras de los excombatientes asesinados en completa impunidad. Y como lo presentó el director Álvarez, parece ser irreversible su aumento. Incluso, líderes de opinión, políticos y exguerrilleros como Timochenko (quien también fue alertado de una amenaza contra su vida en un atentado), además de sectores académicos y de prensa, se han referido al tema como el inicio de un segundo genocidio político. Esto en referencia al ya comentado y lamentable genocidio que sufrió la Unión Patriótica en la década de los 80 y 90, donde fueron asesinados más de 3.000 militantes de ese partidos, incluidos 2 candidatos presidenciales.

Pero como si lo narrado anteriormente fuera poco, recientemente los senadores Gustavo Petro, Iván Cepeda, Jorque Enrique Robledo y Antonio Sanguino demostraron en un debate de control como el exfiscal Néstor Humberto Martínez, junto con agentes de inteligencia extranjeros, intentó realizar un entrampamiento al proceso de paz haciendo montajes a los excomandantes Seuxis Pausias Hernández e Luciano Marín, más conocidos como Jesus Santrich e Iván Márquez, a pesar de haber sido nombrados como congresistas a raíz de la firma del acuerdo.

En este debate se demostró cómo el exfiscal Néstor Humberto usó recursos de la institución para realizar montajes en contra de los líderes guerrilleros para demostrar ante la opinión pública que estos seguían involucrados en el negocio del narcotráfico. Además, el senador Cepeda demostró que en estos montajes estuvieron involucrados aparentemente agentes de la DEA. Pero este no fue el único accionar del exfiscal Martínez contra el proceso de paz, también diseñó 14 procesos de supuesto testaferrato de bienes de FARC mediante falsos testigos, interceptaciones ilegales a activistas y políticos defensores del acuerdo de paz y exguerrilleros, o el ilegal allanamiento contra la JEP (Jurisdicción Especial de Paz) el 4 de octubre de 2018, decisión que claramente tuvo que revocar.

No obstante, como si esto no fuera suficiente, se ha conocido por denuncia de algunos periodistas que el presidente Ivan Duque pretendía asignar al exfiscal como embajador en España. Sin embargo, gracias al inconformismo dado a nivel nacional e internacional por sus irregularidades contra el proceso de paz, este nombramiento no se dio, aunque resultó designándolo como jefe de comisiones para fortalecer la lucha contra el crimen. ¿Por qué esta designación?, ¿un premio al ataque de Martínez al proceso de Paz? Quizá Duque nunca responderá estos interrogantes.

La lista de ataques contra el proceso de paz es amplia. Habría que recordar las 16 circunscripciones para la paz aparentemente aprobadas por el Congreso, pero negadas por el presidente de esta corporación, Ernesto Macias (senador del Centro Democrático), para que fueran reglamentadas en el año 2018. Por último, cientos de proyectos económicos planeados para los futuros excombatientes indicados en el acuerdo, avanzan muy lentamente y otros ni siquiera han empezado. Se entiende que este tipo de proyectos son complejos y requieren gran capital económico, pero es evidente que al gobierno de Iván Duque no le interesa acelerarlos y que se lleven a buen término.

En el tiempo como presidente, al mandatario aparentemente lo ha preocupado más la situación de Venezuela que el progreso de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), antes Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), ya que casi semanalmente Duque hace un pronunciamiento sobre la situación del vecino país, a tal punto que ha hablado en la ONU de este tema y ha invitado a su programa televisivo Acción y prevención al líder político venezolano Leopoldo López.

Son muchos los problemas que vive el proceso de paz firmado en el 2016 en Colombia, desde inconvenientes políticos, económicos, sociales, de seguridad, etc., pero si la sociedad, la academia, sectores de prensa y políticos influyentes no apoyan este proceso y lo rodean adecuadamente, probablemente la situación critica y descrita en este documento empeore para el próximo año 2021 y los siguientes, haciendo que la violencia se recrudezca más que en el presente 2020.

Solo en este año se han presentado más de 85 masacres en todo el territorio colombiano, y más de 250 líderes sociales y ambientales fueron asesinados, según Indepaz y otras organizaciones. Estas lamentables cifras pueden aumentar fácilmente si el proceso de paz sigue siendo atacado, pues probablemente los exguerrilleros reunidos en los ETCR puedan volver a las armas como miedo a su seguridad e integridad, o simplemente por incumplimientos del gobierno y no tengan como sobrevivir en la sociedad civil debido a su falta de capacitación y recursos. El único camino es blindar y ampliar la paz por todo el territorio e incluir otros grupos armados que operan en la actualidad.

“La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa”: Erasmo de Rotterdam.

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