Mientras se fusionan dos grandes multinacionales dedicadas al multimillonario negocio de la cannabis medicinal, el tratamiento dado a los cultivos de marihuana del área de Corinto y Toribio sigue siendo el de la persecución total, obedeciendo la guerra a las drogas decretada por el presidente Nixon en los años que el superarmado ejército gringo perdía la guerra del Vietnam.
Al contrario de lo que sucede en Bolivía, Ecuador y Perú, el mismo trato le dan a la coca, cuyo uso por las comunidades indígenas está asociado a su cultura y espiritualidad y también como alimento, procesándola como harina, bebidas, ungüentos, etc.
El que gracias a la prohibición estas sustancias y sus derivados químicos se hayan convertido en fuentes de riquezas desbordadas, tal como sucedió con el alcohol en los Estados Unidos de hace un siglo, y alimenten poderosas mafias armadas que con enormes fortunas contaminan y por debajo de cuerda financian la industria, el comercio, la política y la banca, no quiere decir que la prohibición sea receta ideal para afrontar el narcotráfico con sus violentas y desestabilizadoras consecuencias, pues en la práctica ha demostrado su inutilidad avivando el fuego con gasolina.
Ante las críticas al gobierno Duque y al renunciado ministro de Defensa por su inoperancia al no poder controlar la masacre de los dirigentes indígenas y líderes comunitarios: primero responden reforzando el pie de fuerza con 2.500 hombres del ejército, y en su segundo viaje, el presidente anuncia el cumplimiento de los acuerdos firmados después de la minga indígena con inversiones cercanas a $700.000 millones, y la puesta en marcha de los PDET, en algunos municipios del Cauca, para emprender obras públicas, proyectos sociales y productivos en cultivos, como el café, la caña, la producción de leche y sus derivados, entre otros productos, a los que ofrecen asegurar su comercialización a largo plazo.
Son paños de agua tibia, en un panorama mucho más complejo en el que se enmarcan: el boicoteo al proceso de paz, desde que no coparon las áreas dejadas por las Farc y sobre todo en lo relacionado con el freno a la Reforma Agraria Integral y reconocimiento de territorios colectivos a las comunidades indígenas y afros cuyos líderes están en la mira de grupos delincuenciales y paramilitares reactivados, en momentos que en el Cauca y otros departamentos, poderosas empresas nacionales e internacionales les han puesto el ojo a regiones apartadas para desarrollar grandes proyectos.
Aunque las disidencias ligadas al narcotráfico son los principales asesinos de las dirigentes indígenas, no hay que ignorar que desde tiempo atrás paramilitares como las Águilas Negras y otros grupos que cambian de nombres para despistar han asesinado y divulgado comunicados amenazando a dirigentes indígenas y campesinos del norte y otras regiones del Cauca que participaron en la minga y movilizaciones y disputan la propiedad de la tierra a poderosos empresarios y grupos económicos interesados en grandes proyectos madereros, agroindustriales y minero-energéticos.
Tanto a los grupos armados ligados al narcotráfico, minería ilegal, legal y extorsión les conviene que haya profusión de bandas para tirar la piedra y esconder la mano, matando con los paramilitares, a los dirigentes sociales de las comunidades, indígenas, afrodescendientes, campesinas, populares y defensoras de recursos naturales y derechos humanos.
Parece que junto a las "disidencias", el Bloque Calima de las AUC resucitó 20 años después, para sembrar el miedo, esta vez, no con masacres colectivas, sino matando selectivamente a líderes claves de las comunidades, mientras las tales 'disidencias', les hacen el juego perfecto como la otra tapa del sándwich envenenado que ofrecen a las comunidades.
La desconfianza de los indígenas con integrantes de la Policía y el Ejército se agudiza, cuando a pesar de la profusa militarización de vías y numerosos retenes, transitan a su antojo caravanas de la muerte como las que asesinaron a 5 indígenas en Tacueyó, a 4 contratistas en Corinto, y además siguen saliendo cargamentos de marihuana y coca.
¿Qué saben u ocultan al respecto los organismos de inteligencia del Estado cuando han trabajado con los paramilitares como sucedió hace 20 años, apoyando al Bloque Calima, tal como lo demostró el informe publicado en julio de 2018 por el Centro Nacional de Memoria Histórica, antes de que llegara Darío Acevedo a frenar sus investigaciones y publicaciones?
