Sumas y restas en Villa Peculado
Opinión

Sumas y restas en Villa Peculado

Ya en libertad, Odín Sánchez debe estar pensando en su flujo de caja, en los $5885 millones que adeuda a las víctimas de los paramilitares y en los cálculos electorales

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febrero 05, 2017
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Si no fuera porque el ELN intentó iniciar conversaciones de paz con el Gobierno conservando en su poder, criminal y descaradamente, a los secuestrados y, entre ellos, al de más alto perfil político, Odín Sánchez Montes de Oca, la mayoría del país no sabría quién es.  Mientras escribo esta columna, y luego de meses de negociación, de incumplimientos y de un presunto pago de rescate por parte de la familia, el grupo guerrillero libera al excongresista y aparecen las imágenes de felicidad y reencuentro en Quibdó.  Bien por Odín y su familia pues nadie, nunca, debe sufrir un acto criminal como el secuestro.

Dicho esto, y ahora que la lucha contra la corrupción está finalmente “in” y todo lo opaca o aclara, es importante hablar sobre la vida, los hechos y lo que han representado Odín y el Clan Sánchez Montes de Oca para el Chocó, para el conflicto y para la política regional y nacional.

Inspector de Policía, juez municipal, concejal, diputado y representante a la Cámara.  La hoja de vida de Odín pareciera un monumento al servicio público.  No obstante los cargos ocupados, y como pasa en muchas regiones de nuestro país, el camino recorrido por este abogado nacido en Lorica (¡ay, Córdoba!) ha estado acompañado de graves cuestionamientos, investigaciones y, cómo no, condenas.  Su vida política empezó bajo la tutoría del gran cacique liberal del Chocó, Jorge Tadeo Lozano.  Tadeo Lozano, quién fue condenado por 13 cargos de peculado en el año 2000 y luego en 2004 por enriquecimiento ilícito al recibir dineros del Cartel de Cali, fue famoso por su inmenso poder en el Chocó y por construir una descomunal mansión en Quibdó. Con Tadeo Lozano pagando condena, Odín Sánchez y el también condenado Edgar Torres de Cambio Radical (el partido del vicepresidente, de Kiko Gómez y de Oneida Pinto, entre otros) acordaron una especie de Pacto Regional en el cual se repartían el departamento, sus votos y los cargos públicos de la región. Los Sánchez de Oca aprovecharon al máximo el arreglo y rápidamente se posicionaron al frente del sector público chocoano.  Patrocinio, 6 años menor que Odín, fue gerente de Telecom, alcalde de Quibdó y gobernador del Chocó.  Siris fue subdirectora de Salud Departamental y Orlene secretaria de Salud de Quibdó.  Finalmente, en una movida recurrente y muy efectiva en los partidos afectados por la parapolítica, cuando Odín fue capturado y luego condenado por haber pactado con el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, su hermana Astrid recogió banderas y aceitó maquinarias para compensar la pérdida de la curul en la Cámara con una en el Senado de la República.  No hubo nivel, cargo o nombramiento que se le escapara a la animada familia.

 

Con Tadeo Lozano pagando condena, Odín Sánchez
y el también condenado Edgar Torres de Cambio Radical
acordaron una especie de Pacto Regional

 

Odín no ha sido el único Sánchez Oca con problemas judiciales y administrativos.  En el 2010 la Corte Suprema de Justicia condenó a Patrocinio a 18 meses de prisión y lo inhabilitó por el mismo término para ejercer funciones públicas, para ser elegido y para contratar con el Estado por actuaciones al frente de la alcaldía de Quibdó.  Astrid, aunque se posesionó como senadora para ocupar la curul de “usted no sabe quién soy yo”, Merlano del  Partido de la U, protagonizó  un muy cuestionado proceso electoral en el que el número de votos anulados, según el Consejo Nacional Electoral, fue superior a 4000 y en el cual la primípara candidata pasó de 28 000 votos con el 90 % de las mesas a 41 000 con el 10 % restante.  La multiplicación milagrosa de los votos. En suma, combinación de armas y política, condenas por corrupción, inhabilidades para ejercer cargos públicos y procesos por fraude electoral.

Condenas por corrupción, procesos por fraude electoral, combinación de armas y política e inhabilidades. Los vínculos probados con los paramilitares contrastan con el dolor de un secuestro doble y, como en tantos casos en este país, luego de 50 años de conflicto, se comparte la condición de víctima con la de victimario.  La violencia y la corrupción han borrado los límites y los perseguidores y acaparadores como pasa en otras regiones y en otros partidos políticos se declaran perseguidos y víctimas del sistema.

Mucho se ha dicho sobre las causas del atraso y la pobreza del Chocó.  Centralización, economía extractiva y poca inversión son algunos de los factores que se señalan como culpables y algo de cierto tienen esas afirmaciones.  No obstante,  no es necesario hacer una crítica seria y profunda a la política local y a la corrupción endógena para darse cuenta de que en las casas del barrio trágicamente llamado Villa Peculado en Quibdó están enterrados colegios, kilómetros de vías, hospitales y muchas, muchas oportunidades para la gente más humilde de esa región del país. Algunos de su privilegiados habitantes han hecho de la política una empresa comercial y una fuente inagotable de recursos financieros para sus propios patrimonios a costa de mucha pobreza y abandono

Ya en libertad y desde la mansión que alguna vez perteneció a su jefe político Tadeo Lozano, Odín Sánchez Montes de Oca debe estar pensando en su flujo de caja y en la deuda de cinco mil ochocientos ochenta y cinco millones de pesos que le debe a las víctimas de sus socios los paramilitares por cuenta de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.  También debe estar planeando la próxima jornada electoral en la que se elegirán parlamentarios y presidente. Finalmente todo es un juego de sumas y restas.

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Por un error involuntario en la versión original de esta columna se afirmaba erróneamente que la Corte Suprema de Justicia había aplicado la figura de "muerte política" a Patrocinio Sánchez Montes de Oca.  El delito por el cual fue condenado es el de peculado culposo y por lo tanto, y según jurisprudencia de la Corte Constitucional, no aplica la sanción intemporal del artículo 122 de la Constitución.

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