Opinión

Son tiempos de lucha, de inmensos retos

Con su ruidosa alharaca, el fiscal general aspira a darle razones al presidente Duque para que se atreva a objetar por inconveniente la ley estatutaria de la JEP

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febrero 22, 2019
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Son tiempos de lucha, de inmensos retos
El fiscal general presentó como asuntos inaceptables jurídicamente y faltos de discusión, cuestiones ya debatidas en el Congreso y falladas al detalle por la Corte Constitucional. Foto: Leonel Cordero/Las2Orillas

La representante a la Cámara por Bogotá, Juanita Goebertus, del Partido Verde, abogada y politóloga con títulos en las universidades de los Andes y Harvard, se tomó la molestia en estos días de estudiar una a una las objeciones del señor fiscal a la ley estatutaria de la JEP, para compararlas con los textos de diversos actos legislativos y la sentencia de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad del ahora pérfidamente cuestionado estatuto.

Sus conclusiones, respaldadas en textos constitucionales y jurisprudenciales, son contundentes:

La Corte Constitucional ya resolvió qué pasa con los delitos de ejecución permanente:

  1. Los delitos que iniciaron antes del 1/12/16 se quedan en la JEP;
  2. Si hay reincidencia, la JEP abre incidente de incumplimiento; y
  3. Los delitos posteriores van a la justicia ordinaria.

La Corte Constitucional ya resolvió qué le pasa a quienes reinciden:

  1. La JEP le quita los beneficios a quienes vuelven a delinquir, no dicen la verdad y no reparan; y
  2. La JEP le reduce gradualmente los beneficios a quienes solo cumplen algunas de las condiciones.

La Corte Constitucional y la Corte Suprema ya resolvieron la relación entre la Fiscalía y la JEP:

  1. La FGN puede investigar y decretar pruebas hasta la resolución de la JEP; y
  2. La FGN no puede capturar, determinar responsabilidades, ni citar a diligencias.

La Corte Constitucional ya falló que SÍ es posible concentrar la acción penal en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos.

Investigar hecho a hecho, caso a caso genera impunidad.

Para eso fue el Marco Jurídico para la paz de 2011 que la CPI avaló.

Quien esté interesado puede encontrar el hilo completo en @JuanitaGoe en Twitter.

 

Lo que pone en evidencia la representante a la Cámara es simple, el fiscal Néstor Humberto Martínez miente de la manera más descarada, al presentar como asuntos inaceptables jurídicamente y faltos de discusión, cuestiones que ya fueron debatidas ampliamente en el Congreso de la República y estudiadas y falladas al detalle por la Corte Constitucional.

Motiva al fiscal servir a la gavilla de ultraderecha, desesperada por impedir que funcione la Jurisdicción Especial para la Paz, adoptada en el marco de los Acuerdos de La HabanaCon su ruidosa alharaca, agigantada en concierto por los grandes medios de comunicación, aspira a rodear de razones al presidente Duque para que se atreva a dar el paso que lo tiene pensativo, objetar por inconveniente la ley estatutaria de la JEP.

Claro, lo dicen de manera disimulada, nadie está hablando de objetar la totalidad de la ley, sino de algunos de sus artículos que resultan escandalosos. Procurando así desviar la atención acerca del tamaño de su absurda pretensión. No serían artículos de la ley estatutaria los que tendría que objetar el presidente, porque dichos artículos fueron declarados inconstitucionales, sino la sentencia de la Corte que los declaró tales, para ver si logran revivirlos en el Congreso.

 

La artimaña planeada es clarísima.
Como no será fácil conseguir la mayoría calificada en el Congreso
la ley estatutaria de la JEP quedaría flotando en una especie de zona fantasma

 

La artimaña planeada es clarísima. Como no será tan fácil, dada la composición actual del legislativo, conseguir la mayoría calificada para zanjar la cuestión, la ley estatutaria de la JEP quedaría flotando en una especie de zona fantasma que le impediría entrar a regir algún día. La mejor manera de conseguir lo que planteó Uribe, que no la objeten, sino que la eliminen, con esa habilidad para la trampa y la suciedad que caracteriza a su partido político.

El fiscal general, uno de los funcionarios públicos de más alta jerarquía en el país, no solo está desconociendo públicamente una sentencia de la Corte Constitucional, sino que se encarga de encabezar la maniobra para que el presidente y el partido de gobierno consigan burlarla. Si las solas aseveraciones falsas del Fiscal rayan con las líneas del código penal, el propósito común de violar la Constitución y la ley configura un verdadero concierto para delinquir.

Apenas transcurre el séptimo mes del gobierno de Iván Duque y ya vamos por tentativas de semejante naturaleza. Está claro que los uribistas están dispuestos a hacer lo que sea con tal de imponer su lógica de odio, rencor e impunidad. A sus trapisondas jurídicas, se suma la avalancha mediática que persigue posicionar una vez más en la opinión pública su versión mentirosa de las cosas. No hay duda que poderosos grupos económicos están detrás de todo esto.

Pero no estamos en el año 2002, cuando fuerzas de extrema impusieron su seguridad democrática. El escenario de hoy es distinto. Por eso la furia con la que las redes al servicio de Uribe trinan contra Defendamos la paz, el proyecto político y social que comienza a configurarse. Ya la Corte Penal Internacional hizo su clara advertencia al gobierno en caso de no poner en marcha la JEP. Son tiempos de lucha, de resistencia, de inmensos retos.

Aquí nada ni nadie ha fracasado, todo está por hacerse.

 

 

 

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