Solicitud de acompañamiento e intervención urgente en Colombia

Al igual que hace más de treinta años, el actual escenario social y político de Colombia está caracterizado por el despliegue de todas las formas de violencia

Por: Omar Orlando Tovar Troches
abril 22, 2022
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Solicitud de acompañamiento e intervención urgente en Colombia
Foto: Archivo

Dado el actual clima de incertidumbre y tensión social y política que vive en la actualidad la sociedad colombiana, a pocos días de las elecciones presidenciales y teniendo en cuenta la importancia del documento; compartimos el texto de la SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO E INTERVENCIÓN URGENTE EN COLOMBIA, dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada por ciudadanas (os) de diversas regiones de Colombia, agrupados en el colectivo "Nuestra Memoria Colectiva".

Colombia, 16 de abril de 2022

Señores:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Organización de Estados Americanos

Asunto: Solicitud urgente de acompañamiento e intervención en Colombia.

Al igual que hace más de treinta años, el actual escenario social y político de Colombia está caracterizado por el despliegue de todas las formas de violencia, una muy profunda crisis institucional y serios indicios de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado colombiano.

En concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta que:

  • Tras fallidos intentos de diálogos con algunos actores armados de la conflictividad social y armada de Colombia, la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, protocolizada por parte del entonces presidente de Colombia y el máximo comandante de la exguerrilla de las FARC, el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, supuso el inicio de un proceso de transformaciones políticas y sociales, necesarias para emprender el camino de la reconciliación nacional.
  • A pesar de lo prescrito por la Constitución Política colombiana, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio 169 y demás disposiciones de la O.I.T., la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, las declaratorias de Estado Inconstitucional de cosas, los Autos de la Corte Constitucional Colombiana y lo pactado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, el Estado colombiano todavía no ha emprendido las acciones necesarias para la protección de los derechos fundamentales, individuales y colectivos de los pueblos ancestrales, los afro descendientes, la población raizal, palenquera, Rrom y los trabajadores, victimizados por las políticas económicas y sociales implementadas por los últimos gobiernos, que privilegian el interés económico particular (nacional/internacional) por encima de consideraciones ambientales, culturales y humanas.
  • En lo corrido del año 2022, se han venido incrementando las amenazas, desplazamientos[1], masacres, desapariciones y asesinatos selectivos de lideres y lideresas políticas en todo el territorio colombiano, pero de manera especial en los departamentos del Cauca, Choco, Arauca, Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y el Valle del Cauca[2].
  • Las denuncias públicas que las organizaciones sociales (étnicas, ambientalistas, de equidad de género, estudiantiles, sindicales) han hecho ante los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales y ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación de Colombia, no han avanzado, así como las peticiones ante el Ministerio de Interior y la Unidad Nacional de Protección, a pesar que estas entidades son las encargadas constitucionalmente de velar por la protección de los derechos humanos y la vida de los colombianos; así como de brindar las medidas de protección a líderes, realizar las investigaciones de las denuncias de los hechos victimizantes y el juzgamiento y sanción de los culpables (incluidos algunos agentes del Estado vinculados a estos crímenes).
  • A pesar del incremento de las amenazas públicas en contra de líderes y lideresas sociales y de políticos (indígenas[3], afrodescendientes[4], ambientalistas, defensores de derechos humanos, reivindicadoras de equidad de género, de diversidad sexual, estudiantes, entre otras), las medidas que deben garantizar su protección se han venido disminuyendo, sin ningún tipo de explicación, mientras que los asesinatos de quienes han sido sujetos de estas amenazas se han incrementado de forma constante[5].
  • En este escenario de incertidumbre, todavía no existe total claridad sobre los reclamos y demandas de la jornada electoral del pasado 13 de marzo de 2022[6] y cada vez es más próxima la fecha (29 de mayo de 2022) en que se llevará a cabo el proceso electoral más importante de la historia reciente de la República de Colombia, en el que la actual sociedad colombiana, agobiada por la presente situación de crisis humanitaria y con una gran desconfianza alrededor del sistema electoral colombiano[7], está a punto de decidir cuál será la fórmula que dirigirá los destinos de la nación colombiana en los próximos cuatro años.

Por lo descrito y como ciudadanos conscientes de la realidad que vive este país, de manera respetuosa instamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, en cumplimiento de los artículos 63.2 y 106 de la Carta de la Organización, pero de manera especial, en concordancia con lo señalado en el artículo 25 de su reglamento, proceda a disponer de manera urgente e inmediata de los mecanismos necesarios para:

  1. Realizar una visita in loco, con el propósito de hacer acompañamiento y garantizar los derechos políticos de candidatos (as) y ciudadanía en general, en el marco del proceso electoral que actualmente está en curso, en el que el próximo 29 de mayo de 2022 se elegirán presidente y vicepresidente de Colombia.
  2. Evitar que sigan ocurriendo acciones violatorias de los derechos individuales y colectivos de los pueblos ancestrales, los afrodescendientes, la población raizal, palenquera, Rrom y demás organizaciones sociales (sindicales, estudiantiles, de defensa de derechos humanos, de equidad de género, ambientalistas, de diversidad sexual, entre otras).
  3. Solicitar al actual Gobierno colombiano que, en representación del Estado colombiano y como integrante de la Organización de Estados Americanos y signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos; adopte inmediatamente todas las medidas de protección de la vida, la integridad y los derechos fundamentales de la sociedad colombiana, pero de manera especial, salvaguarde la vida de las lideresas y líderes sociales, políticos de las comunidades que son sistemáticamente señaladas y que tradicionalmente han sido desprotegidas por las autoridades nacionales.

Cordialmente,

Nuestra Memoria Colectiva.

Álvaro Molina, Juan P. Sepúlveda, Ruth Celis, Marco Morales, Ana I. Ospina, Carlos J. Medina, Gladis Guatindoy, Mario Gómez

[1] https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/08/indigenas-intervencion-esmad-desproporcionada-bogota-heridos-orix/

[2]https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/

[3] https://www.infobae.com/america/colombia/2022/04/12/unidad-de-proteccion-retiraria-esquema-de-seguridad-a-senadora-indigena/

[4] https://www.proclamadelcauca.com/en-riesgo-la-vida-de-consejera-mayor-de-comunidades-negras/?fbclid=IwAR1FTPHQfAabp4hNazT_c4kFPKd32Q-Z18g8t8GWyQ8MyULooq9XUg5nvbY

[5]https://www.infobae.com/america/colombia/2022/03/22/aguilas-negras-amenazan-a-lideres-del-valle-del-cauca-que-estarian-apoyando-al-pacto-historico/

[6] Denuncias y alertas de fraude electoral requieren una acción pronta - Transparencia por Colombia (transparenciacolombia.org.co)

[7] https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/tag/L%C3%ADderes%20sociales.html

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