Lo que está en juego es la libertad de expresión, de opinión, de asociación y, por supuesto, el derecho a hacer control social a la gestión pública.
“…la tutela no es nada, para lo que se les viene, legalmente…”, nos comentaba una lideresa de la Comuna 6, en una de tantas reuniones (con cena incluida) de las que por esta época se dan en las comunas de Medellín, financiadas con los recursos públicos del programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, a la cual fuimos invitados. La lideresa se refería a un cometario que según ella hizo el presidente de ASOCOMUNAL 6 en otra reunión con líderes y lideresas de la comuna.
La amenaza -porque así debe ser entendido este cometario- no es de poca monta: el poder económico y político que han logrado en la comunas de Medellín algunos pseudolíderes, gracias a los grandes volúmenes de contratación (directa), provenientes principalmente de los recursos públicos del programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo los convierte en poderosos detractores y acosadores de los procesos de control social (veedurías ciudadana), comunicación comunitaria alternativa y defensores de derechos humanos, ya que son estos quienes en su ejercicio diario alertan tempranamente sobre el riesgo que corren los recursos públicos y los procesos de participación ciudadana.
El asesinato del compañero Juan David Quintana Duque el 27 de mayo de 2015, veedor ciudadano, defensor de derechos humanos, líder social y comunitario fue una advertencia contundente sobre la capacidad y determinación que tienen las diferentes fuerzas oscuras que intervienen en el manejo de lo público de la ciudad de Medellín, y el riesgo capital que corre toda aquella persona que, en nuestra ciudad, se atreva a entrometerse en sus “negociados”.
La sofisticación de estas fuerzas, (evidenciada académicamente por el investigador Luis Jorge Garai Salamanca[1]) les ha permitido, mimetizarse e insertarse “legalmente” en la administración de lo público: la estrategia es la cooptación, la captura, y la reconfiguración de los diferentes niveles de la administración de lo público.
Están mudando de piel como serpientes, están dejando atrás el cuero rugoso de reptiles (clanes, combos, entre otros bichos), para convertirse en exitosos empresarios, honestos y transparentes dignatarios.
También están dejando atrás la muy reprochada socialmente y castigada legalmente, eliminación física de sus denunciantes, para acudir a otras formas de eliminación, neutralización, silenciamiento o amordazamiento, desde sus nuevas posiciones de poder; desde las dignidades públicas, están legislado y/o administrando justicia, se están articulando, para mantener y ampliar la captura del Estado y sus recursos.
Paradójicamente, tenemos que decir que, en nuestro caso, están utilizando la forma de eliminación menos letal: el acoso judicial. Porque, debido a su poder económico y político nos pueden amenazar con procesos legales, ahogar en demandas legales e inclusive, despojar de nuestro paupérrimo patrimonio, para silenciarnos, amordazarnos y eliminarnos políticamente, en esta lucha desigual conservamos la vida, si no es otro el capricho de dichas fuerzas.
Pero qué podemos esperar los defensores de derechos humanos, los veedores ciudadanos, los medios de comunicación comunitarios, independientes, y alternativos de los barrios populares de ciudades como Medellín y de las zonas rurales más alejadas del centro del país, si los periodistas y las organizaciones sociales más reconocidas de Colombia hoy se sienten amenazados por la Ley Anticorrupción, tramitada en el Congreso de la república, instancia de poder legislativo, que debería legislar en pro de proteger la Constitución Política y garantizar los principios liberales que la fundamentan.
Aunque el escandaloso “mico” incluido -mañosamente- en la ley anticorrupción, se refiere específicamente, a la “defensa de la honra y buen nombre” de los funcionarios públicos y sus familiares, es preocupante que esta mordaza, que amenaza al periodismo, también se extiende a la investigación social y el control ciudadano (veeduría ciudadana) que hacemos las organizaciones sociales y los ciudadanos, en los barrios y comunas de ciudades como Medellín.
Las alertas tempranas realizadas por investigadores sociales, veedores ciudadanos, periodistas, y organizaciones sociales, en temas de violación de derechos humanos y de lucha contra la corrupción han permitido que las autoridades competentes enfoquen sus investigaciones en las mutaciones que inexorablemente van teniendo los corruptos y las estructuras de corrupción que crean.
En este sentido, la libertad de expresión, de opinión y de asociación juegan un papel importantísimo en el equilibrio de poderes que se debe dar en el Estado; por mordaz que pueda ser la crítica de un humorista, de un Youtuber e inclusive de un ciudadano en redes sociales, desesperanzado frente a la mala gestión de un personaje público, no se justifica la severidad de la sanción, que se pretende aplicar en la Ley Anticorrupción recién creada.
Y ni se diga en el caso de periodistas e investigadores sociales, que rigurosamente documentan la génesis de la corrupción en nuestro país y que evidencian sus mutaciones, iluminando las trochas que crean, para burlar la ceguera de la justicia.
Sin lugar a dudas, los personajes públicos (mandatarios), incluidos los dignatarios de Juntas de Acción Comunal, los ediles, los consejeros de Planeación, entre otros, en el caso de las comunas y corregimientos de Medellín por su investidura están obligados legal a preservar la moral y la transparencia en la administración de lo público.
Es totalmente reprochable que mediante una ley de la república se pretenda amordazar la opinión crítica de los ciudadanos, el trabajo riguroso de investigadores sociales y periodistas, para cubrir con un blindaje “legal” a quienes gracias al cargo público que desempeñan tienen un poder que, dependiendo de la integridad moral y ética de quien lo ostenta, pude ser positivo o negativo para el logro de los fines del Estado.
En aras de equilibrar la fragilidad de la voluntad humana y el poder de las dignidades y los cargos públicos, dicho poder debe ser controlado por quienes se lo otorgan: la sociedad, para evitar los posibles excesos y abusos.
[1] Aparatos estatales y luchas de poderes: de la captura a la cooptación y a la reconfiguración
