La idea de que un gabinete presidencial no represente a las fuerzas políticas que apoyan al gobierno en el Congreso es muy exótica. Claro que un gobierno como el de Abelardo de la Espriella (y en su momento el de Gustavo Petro) pueden creer que como su elección se dio por la fuerza de su personalidad y no por apoyos políticos, no necesitan de los partidos en el Congreso para sacar adelante sus programas de gobierno.
El resultado de esa equivocación es que terminan negociando al granel con los congresistas, lo cual es un trabajo de nunca acabar con resultados inciertos, que deteriora el ejercicio de la política y crea circunstancias extrañas como lo sucedido en la elección de presidente del Senado con los votos de dos grandes grupos de adversarios que no pueden verse ni las caras: uno el Centro Democrático, que es en teoría partido de gobierno por declaración unilateral sin negociación previa y el otro, el Pacto Histórico que ni siquiera reconoce la legitimidad de la elección presidencial.
Todo ello producto de que en estricto sentido la coalición de gobierno en el Congreso, de la que todo el mundo habla, no existe. Se suman los votos de los partidos que han expresado su voluntad de ser partidos de gobierno y se crea una mayoría muy frágil y artificial. Una coalición de gobierno, aquí y en Cafarnaúm, debe ser el resultado de una negociación sobre los principios y programas que un partido político organizado (no sus integrantes individuales) acepta para hacer parte del gobierno, aceptación que implica una responsabilidad en su manejo y por tanto una participación en el gabinete ministerial.
Nada de eso ha sucedido. Casi la totalidad de los anunciados ministros y ministras representan solo al nuevo presidente de la República, es decir su vínculo con los partidos políticos con curules en el Congreso es ninguno; el mismo presidente electo ha tenido fuertes expresiones de desagrado sobre el trabajo del Congreso y es claro que para él, el poder presidencial está por encima de cualquier otro.
Nada de eso sería un gran inconveniente si su partido tuviera mayorías en el poder legislativo. Pero nunca en la historia moderna de Colombia el partido del presidente de la República ha tenido una representación tan exigua en el Congreso, cuatro senadores y un representante. O sea, la votación popular ha creado un divorcio total entre la Presidencia y el Congreso, lo cual es el peor síntoma de debilitamiento de la democracia.
No vale la pena referirse a la manera como los regímenes parlamentarios construyen sus mayorías. El primer ministro es el jefe del partido o de la coalición mayoritaria, y deja de serlo cuando esas mayorías se pierden en lo que se denomina un voto de confianza. Pero un régimen semipresidencialista como el francés sí puede darnos pistas de un buen funcionamiento de la democracia. El primer ministro depende de la mayoría parlamentaria y el presidente de la República elegido popularmente cumple su período, pase lo que pase. Aún en los regímenes presidencialistas de América Latina, una mala copia del sistema norteamericano, dependen para su éxito político de tener mayorías legislativas.
Todo lo cual indica lo absurdo de lo que está pasando y lo inevitable de lo que pueda suceder en la política colombiana, si las cosas siguen así, el gobierno por un lado y el Congreso por otro, como si fueran niños jugando a la gallina ciega.
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