El presidente Gustavo Petro reveló ayer en redes que la reciente salida de la medallista olímpica María Isabel Urrutia del cargo de ministra del Deporte fue producto de una declaratoria de insubsistencia que él se vio obligado firmar al percatarse de que venía cometiendo “actos indelicados”.
Aunque la Constitución y la ley le permiten al Jefe del Estado hacer uso potestativo de su facultad de libre nombramiento y remoción, por lo cual no está obligado a motivar la insubsistencia de algún funcionario, el hecho de que haga públicas sus razones le podría generar obligaciones jurídicas adicionales.
Según expertos en derecho público, como el mandatario atribuyó a su saliente ministra conductas impropias en el ejercicio de su cargo, tenía la obligación adicional de ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes para investigarlas. De otra manera, se expondría a incurrir incluso en una falta denominada omisión de denuncia.
De acuerdo con ellos, la insubsistencia es distinta a la destitución. A diferencia de ésta, no implica una sanción disciplinaria, por lo que no era suficiente retirar de su cargo a Urrutia sino promover acciones adicionales contra ella.
Ha llamado la atención que el trino del presidente se produjo más de 24 horas después de que el abogado Daniel Briceño reveló que, inmediatamente se enteró de que saldría del cargo, la ministra Urrutia firmó 263 contratos por $23’920.982.500.
La ahora exministra se ha defendido y ha dicho que, aunque es cierto que firmó los contratos, se vio sometida a una “maratón” para hacerlo porque los recursos fueron habilitados el 15 de febrero de 2023 y si no hubiera concluido su trámite habría afectado la buena marcha de la administración pública.
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