A Dionisio Hernán Calderón muy pocos lo recuerdan. Su familia, por supuesto, y sus excompañeros del Sindicato de Trabajadores del municipio de Yumbo. De los demás, muy pocos. Lo comprobé hace pocos días que visité la población y pregunté inicialmente a un vendedor de dulces de la plaza principal, quien arrugó el ceño y se encogió de hombros, y a una señora que veía jugar a sus dos nietos. Fue tajante: “Para serle sincera, no sé quién es”.
Comprensible. Este dirigente sindical en cuya memoria se levantó una estatua que todos saben dónde está, pero que, en su mayoría desconocen si era un cantante de vallenato o un prócer de la independencia, cayó en la deshumanización que produce el conflicto, y se convirtió en una estadística, de las tantas que se manejan en Colombia.
Fue asesinado el 28 de septiembre de 1985, pero transcurridos 34 años del asesinato nadie habla del asunto. Olvidaron que fue dirigente sindical, que tenía una esposa y varios hijos, y que alguien, que jamás se supo quién fue, como ocurre con muchos crímenes en Colombia, segó sus sueños.
En el velorio llegaron muchos ramos de flores, cubrieron el ataúd con la bandera del sindicato y, días después, se convirtió en un número más como consecuencia de la indiferencia demoledora que cada día cobra más fuerza en nuestra sociedad.
Precisamente para que no digamos basta a los asesinatos de líder sindicales, barriales y sociales en general, los colombianos estamos llamados a movilizarnos el 26 de julio próximo. Es un deber moral.
Es como ponerse una lápida encima
El ejercicio sindical en Colombia es muy peligroso. “Es tanto como ponerse una lápida encima”, asegura Álvaro Ruíz Erazo, dirigente sindical de la Gobernación del Valle del Cauca, a quien el 22 de mayo último lo atropellaron, primero guardas de seguridad y, después, la fuerza pública, cuando intentó ingresar un megáfono al Palacio de San Francisco para realizar un perifoneo. “Realmente no hay garantías para el ejercicio de la actividad sindical en Colombia y me identifico con la señal de alarma que elevó la CUT en el sentido que, por lo menos, cada cuatro días se amenaza o asesina a un sindicalista. También somos líderes sociales" (Ver: Este año han asesinado a un sindicalista cada cuatro días en Colombia).
En el 2017 fueron asesinados 37 líderes de trabajadores, y 28 más cayeron bajo las balas en el 2018. Adicionalmente, un informe de la Escuela Nacional Sindical al cerrarse la vigencia del año pasado, reveló que desde 1973 al 31 de diciembre último se han registrado más de 14.800 violaciones contra la vida y la libertad de los sindicalistas.
“El asunto es tan grave que hoy las personas no se sorprenden cuando en una fábrica o en una entidad estatal se amenaza o acaba con la vida de alguien involucrado en la actividad sindical. Mi caso es uno de ellos y, aunque me han amenazado muchas veces, he tenido la fortuna de que sigo vivo. Hay quienes me dicen que tengo las 7 vidas del gato”, asegura Rómulo Ramírez Andrade, dirigente sindical y líder social en la Comuna 1, en el occidente de Cali.
De hecho, el año pasado ganó un premio por promover la paz urbana en el barrio Terrón Colorado y en las cárceles. Recibió el reconocimiento de manos de la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, junto con un equipo de trabajo.
Colombia, uno de los países más inseguros
Colombia es uno de los países más inseguros para desarrollar el trabajo sindical. De hecho, cuando el presidente Duque fue recibido con críticas y abucheos en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT el pasado 18 de junio, la Confederación Sindical Internacional reveló otras naciones igualmente peligrosas: Argelia, Bangladesh, Brasil, Guatemala, Kasajistán, Filipinas, Arabia Saudita, Turquía y Zimbabwe.
La sistemática violación de derechos laborales y sindicales denunciadas por organizaciones como Fenaltrase, a cuya cabeza en el Valle del Cauca se encuentra, Alexander Franco, parece no tener eco. Persiste y nada hace pensar que será corregida o, al menos, que disminuirá.
Yelbi Ramírez Rengifo, también dirigente de esa organización, recientemente ganó una larga querella porque querían levantarle el fuero sindical. Todo tuvo origen en los permisos solicitados para visitar los sindicatos que asesoraba. Desconocieron esa garantía que debían ofrecerle y procuraron sacarlo a sombrerazos de su trabajo. Él trabajó en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
Y mientras que ser sindicalista en Colombia es tanto como ponerse una lápida encima, los seguiremos viendo marchar en las calles, con el calor insoportable del sol canicular que parece derretir el asfalto, y el temor que se termine adhiriendo a las suelas de los zapatos, de donde difícilmente saldrá.
