Coincido con Julián De Zubiría Samper en su análisis acerca de que "de dos universidades que alcancen el mismo Saber Pro, tendrá mayor valor agregado, aquella que haya iniciado con estudiantes que estaban en un nivel más bajo al ingresar a la universidad", por lo cual el programa Ser Pilo Paga podría dirigirse en lo porvenir a privilegiar a esas universidades que están haciendo los esfuerzos para dar mayor valor agregado a la formación de sus estudiantes, en especial si son de SISBEN 1 y 2.
No obstante, considero que no debe aprovecharse esa coyuntura y tomar como consigna la defensa de la educación pública para acabar con un programa que les ha dado la oportunidad a los mejores estudiantes de toda Colombia que no contaban con los recursos para formarse como profesionales en las mejores instituciones de educación superior del país.
Está bien que los estudiantes de las universidades públicas salgan a protestar y le exijan al Gobierno central mayor inversión, sobre todo ahora que estamos en el momento histórico de la construcción de una paz estable y duradera. ¡Qué bueno sería que muchos de los recursos económicos que eran usados en el conflicto con las Farc se invirtieran ahora a la educación pública!
Programas como Ser Pilo Paga no deben acabarse ni atacarse, más bien deben mejorarse, deben evolucionar para suplir las necesidades de la población más vulnerable.
Ahora bien, si se trata de protestar para defender la educación pública, entonces ¿por qué no veo a nadie protestando contra los mandatarios territoriales que dilapidan los recursos que deben destinar para el mejoramiento de la educación en sus territorios?
Por ejemplo, la administración municipal de Ciénaga de Oro (Córdoba) en la vigencia 2016 suscribió el contrato 044 (ver imagen) con Abel Mendoza por valor de trescientos millones de pesos ($300.000.000) y en la vigencia 2017 suscribió el Contrato 064 (ver imagen) por el mismo valor con el mismo contratista. Aunque el objeto de estos dos contratos es la "adquisición de material pedagógico (textos educativos) para la dotación de las diferentes instituciones educativas oficiales del municipio de ciénaga de oro con el fin de fortalecer las diferentes áreas del conocimiento"; en el departamento de Córdoba todos sabemos que se trata de los famosos cursos preicfes que vengo denunciando hace años como una forma de dilapidar los recursos de la educación pública.
A pesar de que en noviembre de 2015, la directora del Icfes le dijo al periódico El Espectador “Si uno cree que con un preicfes va a cambiar radicalmente el puntaje, está botando la plata porque uno no aprende en dos meses lo que no aprendió en doce años” (ver enlace).
El 28 de octubre de 2015, tres días después de las elecciones locales, protesté a través de mi cuenta de Facebook por lo que consideré como un accionar ilegal e inmoral en una institución educativa de Ciénaga de Oro, con relación al cobro que trabajadores administrativos de esa institución estaban haciendo a favor del Grupo Educativo Abel Mendoza. En aquella ocasión dije que “quiero hacer visible el despilfarro de dineros públicos por parte de muchos directivos de instituciones educativas a lo largo y ancho del territorio colombiano”.
Tres días después, el 1 de noviembre de 2015, publiqué lo que llamé los resultados de una reunión que sostuve con el rector y el coordinador esa institución educativa; en mi publicación reconocí el interés de los directivos de la misma en mejorar sus indicadores de calidad educativa y manifesté mi intención de seguir oponiéndome a los cursos preicfes como estrategia idónea para mejorar los indicadores de calidad educativa. El rector manifestó que para el año 2016 la institución educativa no contrataría cursos preicfes. ¡Así lo hizo!
Vaya sorpresa me llevé al enterarme de que en el año 2016 y también en el 2017 la administración municipal de Ciénaga de Oro contrató los cursos preicfes por valor de trescientos millones de pesos ($300.000.000) cada año. Haciendo los cálculos per cápita me encontré que es casi 3 veces lo que la institución educativa pagaba por estudiante en el año 2015.
Si todos los municipios de Colombia están haciendo lo mismo que Ciénaga de Oro, entonces se tendría que de las arcas públicas están saliendo alrededor de 1,3 billones de pesos que se estarían yendo al bolsillo de contratistas privados durante el período 2016 – 2019, esto es más que el billón de pesos que el Gobierno nacional está invirtiendo en el programa Ser Pilo Paga, pero no veo a nadie más protestando por esto, protestan porque a los mejores estudiantes de educación media del país el Estado les está pagando sus estudios en las mejores universidades colombianas.
¿Por qué esos mil doscientos millones de pesos ($1.200.000.000) que la administración municipal de Ciénaga de Oro le está dando a Abel Mendoza durante el cuatrienio 2016 – 2019 no se invierten mejor en un fondo educativo municipal que favorezca a estudiantes de bajos recursos del municipio que no son beneficiados por el programa Ser Pilo Paga del Gobierno nacional?
Si se les pagara la carrera en universidades públicas cuyo costo por matrícula de un semestre es de un salario mínimo (algunas universidades ofrecen programas a menor costo), ese fondo educativo alcanzaría para que el municipio de Ciénaga de Oro les pagara la carrera completa a 162,7 estudiantes durante el presente período de gobierno (calculándolo con el valor de un salario mínimo de 2017); es decir, alrededor de 40 estudiantes por año saldrían beneficiados, ¡más de los que han sido favorecidos por el programa Ser Pilo Paga!
Si todos los municipios del país hicieran lo mismo, entonces se tendrían más de 180 mil estudiantes adicionales en las universidades públicas siendo financiados con recursos públicos. ¡18 veces el número de estudiantes beneficiados por el programa Ser Pilo Paga! Esta sería una forma de inyectarle recursos a las universidades públicas colombianas, pero ¿por qué nadie protesta frente a este despilfarro de los recursos públicos?
