Son muchas las razones que hacen justo y necesario el Gran Paro Nacional del próximo 17 de marzo, convocado por las centrales obreras, los partidos, movimientos y grupos significativos declarados en oposición al Gobierno de Santos y en general por toda la ciudadanía cansada de graves atropellos que ha cometido el gobierno de turno.
Solo por recordar algunos de los motivos, se advierte que si bien el Gobierno Santos adelanta un proceso para terminar el conflicto armado interno con la subversión, al mismo tiempo juega a doble cara para debilitar la industria nacional y favorecer las multinacionales, debilitando los derechos laborales de la clase trabajadora. De este modo, se explica la imposición de un aumento al salario mínimo en un 7%, un Sistema de Salud que alcahuetea la corrupción de las EPS y su forma silenciosa de dejar morir por enfermedades que la medicina puede curar, o medidas absurdas y orquestadas por Estados Unidos en el Plan Colombia (ahora Paz Colombia) como la privatización de ISAGEN, donde además de perder una activo estratégico para la Soberanía Energética, el país perdió 2 billones de pesos, conforme lo advirtió la Procuraduría General de la Nación, que hubieran servido en programas sociales, de salud o educación para tanta gente sumida en la miseria.
También está el gravísimo desfalco de REFICAR, donde según la Contraloría General de la República, hay daño fiscal de 4.000 millones de dólares, aproximadamente 14 billones de pesos, fondos públicos aportados por los más humildes, con los cuales se debió pagar el déficit del sistema de educación pública universitaria que a fecha del 2015 estaba por el mismo valor al desfalco, y cuya inversión hubiera garantizado un derecho fundamental a millones de jóvenes que hoy suman alrededor de más 1.962.500 que son considerados NINIS --ni estudian, ni trabajan, ni buscan empleo porque no hay oportunidad laboral--.
En materia agrícola, la situación es más deprimente aún. Alrededor de 2.500.000 de agricultores y sus familias, vienen siendo quebrados por medio de los TLCs, que impone la importación de productos que los colombianos sabemos y podemos cultivar. Según cifras del año 2014, los productos agropecuarios importados alcanzaron 10,2 millones de toneladas y solo 1.7 millones de hectáreas de cultivos transitorios-- dedicados a cereales, legumbres y oleaginosas que hacen parte de la dieta básica de los colombianos-- es decir, 800.000 hectáreas menos de cultivos transitorios en comparación a lo sembrado en 1990, donde empezó el libre comercio.
Del lado de la industria nacional, donde se puede garantizar los empleos de nuestros profesionales, tecnólogos, técnicos y obreros en condiciones dignas y con las garantías legales, el golpe propiciado por la política santista antinacional es evidente, donde solo en el año 2014, 90.000 fábricas fueron liquidadas en el país, lo que disparó la cifra de desempleo en 11.9% y un 65% de la gente está en el rebusque (porque para éste gobierno el rebusque es una modalidad digna de trabajo), lo que concluye que alrededor del 76% de los colombianos sobreviven entre la desocupación y la informalidad, pero más grave aún que el 85% de los trabajadores nacionales ganen máximo 2 salarios mínimos.
Santander en todo este gris panorama no podría quedar ileso, pues además de ser afectado por los hechos y estadísticas anteriormente mencionadas, tiene 3 causas propias por las cuales deberá salir a las calles a realizar su justo reclamo. En primer lugar, a los santandereanos nos duele que con la privatización de ISAGÉN hayamos perdido grandes extensiones de tierras, alrededor de 7.000 hectáreas (extensión que abarca 9 municipios del departamento, alrededor del 10% de su extensión geográfica, y que fueron expropiadas en pésimas condiciones a campesinos pobres y humildes de la región) y una presa con 190 metros de altura con el recurso del agua, que es vital para Colombia en un futuro inmediato ante su eventual escasez a nivel mundial, y que ahora pertenecerán y solo podrán administrar y explotar extranjeros, al mejor estilo de las colonias españolas pero en pleno siglo XXI.
Por el lado industrial, los santandereanos están a punto de ver morir la empresa estatal insignia de la región, pues así lo viene advirtiendo el empresario y líder del Movimiento Dignidad Santandereana Leónidas Gómez: “se viene descuartizando a Ecopetrol para venderla por partes como se vende la vaca de ordeño cuando se decide cambiar la leche diaria de muchos años por la carne de un solo día. Es una estrategia vulgar para que el negocio pase desapercibido y no despierte la indignación ciudadana”, ésta advertencia es real y dolorosa, pues a Ecopetrol lo vienen privatizando de forma agazapada, entregando sus activos que se ubicaban en TERPEL, INVERCOLSA, la Empresa de Energía de Bogotá, Interconexión Eléctrica S.A. y ahora se aprueba vender sus activos en PROPILCO y otros activos que hasta el momento los ciudadanos ignoramos y que el Gobierno Santos no tiene la lealtad de hacerlo saber.
Unido a lo anterior, se debe dar un grito de largo aliento en favor del Plan de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja, la cual fue anunciada de forma extravagante desde 2007 y más aún en la reelección de Santos (además del Contrato Plan que está bastante enredado por la innegable crisis económica), que en promedio costaba 5.800 millones de dólares, lo cual por supuesto que traería prosperidad, empleo y riqueza a nuestra región, pero que fue frenada por la corrupción en REFICAR y por la caída de los precios del petróleo. Sin embargo, no nos podemos dejar mermar en nuestras aspiraciones regionales. Tan grande es el clamor y la necesidad del proyecto y de nuestra gente, que como lo dijo tajantemente la Asamblea Departamental y en especial el Diputado de Oposición Roberto Smalbach: "el Proyecto de Modernización ¡va porque va!, porque a largo plazo la modernización de la refinería de Barrancabermeja le implicaría una dinámica económica equivalente a $12,56 billones de pesos de consumo intermedio, $6,6 billones en valor agregado, $5,7 billones de rendimiento del capital y $800 mil millones de rendimiento del trabajo. Toda esa masa monetaria pondría a la región en una activación económica de creciente movimiento de todos sectores.”.
Finalmente, los habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga tenemos un problema que lo sufrimos a diario: la mala planificación del Sistema Masivo de Metrolínea, el cual fue impuesto por el Gobierno de Álvaro Uribe y auspiciado por el mismo Alcalde Peñalosa que hoy le quiere nublar la posibilidad de tener un Metro a Bogotá, donde de manera arbitraria y casi que en forma relámpago, sacaron del mercado a aproximadamente más de 500 transportadores convencionales y por ende a todos los mecánicos, lavadores y demás personas que vivían de las empresas transportadoras convencionales, creando más desempleo, fuga de capitales de la región y obligando a las personas de bien a trabajar en la informalidad del transporte y que hoy persiguen como a criminales. Aceptada esta realidad, no se conforman con esto nuestros pésimos gobernantes, pues ahora van en camino a PRIVATIZAR a Metrolínea, justificando en su gran desfalco la necesidad de vender a unos pocos lo que hoy es de todos los santandereanos y que a precios de 2013 la creación del Sistema nos valió más de 368 mil millones de pesos, y cuyas pérdidas se dan por la pésima proyección del sistema y que a su vez provocaron demandas por más de 390 mil millones de pesos, donde recientemente se condenó a Metrolínea a pagar indemnización de 135.000 millones de pesos a URBANAS S.A. por la suspensión de la construcción del Portal de papi quiero piña, obra que nunca debió parar teniendo en cuenta que por cada pasaje que pagamos el 11,75% se daba para el financiamiento a dicho portal, además de que una suma jugosa del 30% e injustificada se la lleva TISA S.A. como operador de recaudo y encargado de las tarjetas del sistema, situación que fue adornada con estocada contundente contra los usuarios, al subir el pasaje en un 13.5%, casi el doble del aumento del salario mínimo y más del doble de la inflación nacional del año pasado, todo da la tormenta perfecta para que hoy los concejales liberales de Bucaramanga, los mismos sectores que propiciaron la creación del sistema, llamen a venderla en favor de sus compadres de negocios.
Son incontables las razones que debemos tener para salir al Gran Paro Nacional, en contra de la política económica y social de Santos, pero además sería un esfuerzo de largo aliento para la construcción de un verdadero posconflicto, pues debemos recordar que Santos no le ha cumplido a los campesinos organizados en Dignidad Agropecuaria y que hicieron los grandes paros campesinos del 2012 y 2013. Por ende, bajo este Gobierno y ninguno que tenga origen en los partidos de la Unidad Nacional o del uribismo, tendremos la garantía plena de que se cumplirá lo que se pacte en La Habana y mucho menos que nos quede algo de prosperidad social y soberanía nacional.
