Respuesta de EPM a Felipe Pineda

Respuesta de EPM a Felipe Pineda

Sobre “El conflicto social hidroeléctrico oculto en Colombia”

Por: Grupo EPM
mayo 22, 2014
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Respuesta de EPM a Felipe Pineda

Respondiendo al interés general de los ciudadanos de Antioquia y del país, EPM tiene el compromiso de adelantar la construcción y la operación del proyecto hidroeléctrico Ituango. Esta iniciativa de desarrollo se realiza en un contexto de naturaleza altamente compleja, caracterizado históricamente por unas frágiles  instituciones y por una débil gobernabilidad.

En este sentido, hemos tenido la oportunidad de leer el artículo de la referencia, donde se hace una alusión gráfica a EPM y textual en particular al proyecto hidroeléctrico Ituango, asunto sobre el cual consideramos pertinente hacer algunas precisiones.

En alusión particular en el texto donde se afirma que “este proyecto opera bajo parámetros nada amigables con el ambiente: contaminación de ríos por metales pesados, degradación de los sistemas acuáticos, daños irreparables a especies de peces migratorios (no pueden procrear y desovar), sedimentación y proliferación de algas, alteraciones significativas al clima local perjudicando la agricultura, emisiones desreguladas de grandes cantidades de Gases Efecto Invernadero…”, y más adelante cuando se afirma que “Hidroituango es solo la punta del iceberg de una problemática compleja”, y de manera inmediata se procede a referenciar el informe “realizado por el Instituto Cinara de la Universidad del Valle, en alianza con el Atlas Global de Justicia Ambiental”, asuntos que desde nuestra perspectiva no reflejan en nada la realidad que se vive en la zona de influencia, ya que en el momento todos los impactos están siendo atendidos de manera rigurosa, de acuerdo con el plan de manejo ambiental, y son un requerimiento de la licencia otorgada por el Estado colombiano, sobre la cual se realiza un seguimiento permanente por parte de la ANLA y de otros organismos de control.

Más adelante en el artículo se hace referencia a “la muerte de Nelson Giraldo Posada, líder prominente del movimiento en contra del asentamiento de la represa de Ituango el 17 de septiembre de 2013, quien fue encontrado degollado y con impactos de bala en el cuerpo, y de Robinson Mazo, otro activista importante, el pasado 30 de noviembre...”.  Sobre estees necesario informarle que en el marco de la debida diligencia en materia de Derechos Humanos, mediante oficios N° 2013085207 del 23 de septiembre de 2013 y N° 201300518966 de diciembre 9 de 2013, EPM solicitó al Fiscal General y Defensor del Pueblo, con copia al Ministerio del Interior,  su intervención para adelantar las investigaciones necesarias para esclarecer estas situaciones y  tomar las medidas de protección de los derechos de los habitantes del territorio, que en el marco de las disposiciones nacionales e internacionales debe ser proporcionada por las instituciones del Estado

En la afirmación del texto cuando se dice que “referidos específicamente al caso Hidroituango, la gobernación de Antioquia ha negado tajantemente la situación de desalojo de las comunidades afectadas…”, al respecto le informamos que entre los meses de marzo y octubre de 2013 un grupo de ciudadanos, bajo su propia voluntad,  tomaron la decisión de movilizarse hacia la ciudad de Medellín con el propósito de manifestar su inconformidad con la construcción de la Hidroeléctrica Ituango e ingresaron al campus de la Universidad de Antioquia.

Durante este periodo de tiempo las autoridades públicas del orden local, regional y nacional ofrecieron todas las garantías para su regreso al territorio. Es importante resaltar que la Dirección Técnica de Registro de la Información de la Unidad de Atención y Restitución Integral a Victimas –UARIV-, después de verificar su identidad y condición, mediante la Resolución N° 2013-228510 del 30 de julio de 2013, decidió, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, “no incluir a los solicitantes en el Registro Único de Victimas –RUV- y no reconocer el hecho victimizante de desplazamiento forzado”, ya que las personas en mención se encontraban en actividades de protesta.

En la atención de los impactos por un proyecto de tal magnitud, es normal que se puedan presentar diferencias con los ciudadanos, en la aplicación de las medidas de restitución y en el ingreso a la caracterización socioeconómica de la población sujeto de dichas medidas. Para ello abrimos una oficina de atención a la comunidad en cada uno de los municipios de influencia del proyecto y en los corregimientos del Valle de Toledo y Valdivia; contamos con un sistema de quejas y reclamos atento a los Derechos Humanos, que ha sido construido en el marco de las disposiciones nacionales e internacionales para atender a las personas, cuando por efectos del desarrollo del proyecto, consideren que se está afectando algún interés particular.

En este sentido, son inaceptables los cuestionamientos recibidos, sobre supuestas violaciones a derechos fundamentales en la zona de influencia del proyecto, tratando de colocar mantos de duda sobre nuestras actuaciones, que por nuestra naturaleza son públicas y estrictas en el cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos humanos en relación con los distintos grupos de interés.

El proyecto Ituango cuenta con todos los marcos de legalidad y de legitimidad, que como empresa mantenemos por obligación y por convicción, tenemos la responsabilidad de respetar los derechos de los ciudadanos en todos los ámbitos, como un complemento a la responsabilidad de proteger que le corresponde a las distintas instancias del Estado, que desde ninguna mirada pueden equipararse con las acciones que realizan agentes al margen de la ley.

De acuerdo con lo anterior, y si es de su consideración, quedamos atentos a reunirnos con ustedes y con el autor, para aclarar esta información. En el Proyecto Hidroelectrico Ituango se está llevando a cabo un proceso de gestión ambiental y social sin precedentes en el país desde el punto de vista del fortalecimiento institucional  en un territorio complejo y con ausencia del estado, que nos gustaría que fuera ampliamente conocido.

 

Cordialmente,

ANA CRISTINA NAVARRO POSADA

Gerente de Comunicaciones Corporativas Grupo EPM

Vea el artículo: "El conflicto social hidroeléctrico oculto en Colombia"

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