Para el abogado Iván Cancino se trata de una decisión autónoma que en ningún caso implica pasar por encima de la majestad de la justicia. En su opinión, los jueces de control de garantías y aquellos que tienen a cargo los procesos contra las personas capturadas durante el estallido social serían encargados de verificar que los postulados por el gobierno cumplan los requisitos establecidos.
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“No es que los jueces vayan a tomar decisiones de fondo al respecto, sino que haría una especie de check list para asegurarse de que entre los gestores no sean incluidas personas condenadas o llamadas a juicio”, explica el penalista en esta conversación con Las2Orillas.
Según él, no es certero el argumento de algunos opositores en el sentido de que los gestores solo puedan provenir de grupos organizados a los que sí podrían dárseles un estatus político. Porque si así fuera, personas como la periodista Mabel Lara o líderes o activistas sociales independientes no habrían podido ser tenidos en cuenta para esa misión.
“Si solo los miembros de grupos organizados pudieran ser gestores de paz, personas como Mabel Lara no podrían estar allí”, Iván Cancino.
