¿Realmente 'Ser Pilo' paga?

"El caso de Héyder Carlosama obliga a reflexionar sobre la importancia de la educación como herramienta frente a la pobreza"

Por: Andrés Felipe Caballero Martínez
febrero 18, 2016
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¿Realmente 'Ser Pilo' paga?
Foto: El Espectador

Héyder Carlosama, un estudiante doctoral colombiano de la Universidad de Berkeley, describe su situación, víctima de la intransigencia leguleya y el rigorismo miope e inhumano tan arraigadas en la burocracia de ciertas universidades públicas y ciertos departamentos administrativos:

"Soy un amante profundo pero humilde del conocimiento. (…) Ni mis orígenes extremadamente humildes, ni la nefasta marginalidad que esto conlleva, ni el hambre, ni la enfermedad, ni la más criminal e inhumana violencia que siempre acecharon mi vida en mi tierra de crianza (Corinto) han sido suficientes, todos ellos juntos, para vencer mis propósitos y doblegar mi espíritu.

(…) Siento que se me está castigando por el único delito que al parecer he cometido: soñar en grande, querer hacer patria estudiando para servir mejor y creer que Ser Pilo paga en Colombia”

Lamentablemente algunas entidades ofrecen y administran becas para colombianos representantes de algunos segmentos (grupos étnicos minoritarios, personas con talentos extraordinarios e individuos de zonas vulnerables), cuyo caso se explica detalladamente en la publicación Un genio al borde del colapso por $ 400 millones , escrito por Juan David Laverde Palma el pasado 6 de febrero.

En resumidas cuentas, el artículo inicialmente resume una biografía de Héyder, marcada por las limitaciones, las adversidades y el dolor que desafía su espíritu y talento frente al deseo de salir adelante. Luego, se enfoca en la situación del presente que a familia y a él. Finalmente, el periodista incluye las reacciones de la universidad y el departamento administrativo involucrados en aras de mostrar a todas las posiciones del caso.

Este, como muchos otros, obliga a reflexionar sobre la importancia que dice dar la nación a la educación como herramienta libertadora frente a la pobreza acuciante y elemento multiplicado del desarrollo material, intelectual y moral que toda nación necesita. Paralelamente, es pertinente contrastar la realidad de la educación colombiana a la luz de los hechos.

Ambigüedades

Las últimas administraciones nacionales han promovido un conjunto de políticas educativas encaminadas al aumento de cobertura de la educación básica y media, el impulso de la competitividad nacional a través de la formación doctoral en universidades nacionales y del exterior así como la consolidación de un marco institucional para las relaciones universidad-estado-empresa y la promoción de becas a estudiantes distinguidos de sectores vulnerables y créditos al resto, todos deseosos de estudiar en la educación superior.

No obstante, tales acciones manifiestan un impacto limitado visto desde tres aspectos:

- Administrativo, debido a la existencia y presencia de una burocracia ineficiente y miope en su afán de seguir lo dictaminado por las leyes al pie de la letra se desconectan, desoyendo fundamentos elementales de análisis costo-beneficio, de la realidad del sistema educativo y la necesidad de una visión más integral, más holística, para la aplicación de soluciones reales y sensatas, en cambio, ocasionando incalculables perjuicios sociales, económicos y ecológicos a la nación; ¿Qué pensaría el lector al saber que existen casos de estudiantes sobresalientes de escasos recursos que no son seleccionados en el programa Ser Pilo Paga por errores burocráticos en el manejo de información del SISBEN? ¿Cómo vería a aquellos colombianos que son víctimas de enfermedades degenerativas o terminales reconocidas al punto de ser incapaces de seguir pagando el préstamo educativo y no les aplican la condonación de la deuda ante tales calamidades aún cumplen con tales requisitos? ¿Entenderá alguien que las consecuencias imprevistas de estas situaciones alimentan los flujos migratorios de la “fuga de cerebros” que azota a los países del Sur económico?

- Políticas públicas, con una serie de lineamientos dirigidos al aumento de la cobertura estudiantil que usualmente omiten las apremiantes necesidades de mejoramiento en la calidad del servicio, cuestionada por el desempeño lánguido en exámenes internacionales tales como las pruebas PISA, así como la garantía de la sostenibilidad económica y la movilidad social para los estudiantes, inexistente en la mayoría de los casos; ¿Qué opinaría de la situación de colombianos de capas populares que piden créditos educativos a instituciones públicas para realizar sus aspiraciones de estudiar en la educación superior y deben pagar hasta dos o tres veces lo prestado?

- Cultural, pues no pocas personas e instituciones colombianas, conciben a la educación más como un lastre agobiante que una ganancia sólida pues existe la creencia arraigada de que “lo importante es ganar plata” descuidando el resto, sin llegar a pensar que mediante la educación continuada uno puede descubrir nuevas formas de generar riqueza de manera innovadora, eficiente y organizada a través de la creación de conocimiento fresco, nuevas tecnologías y herramientas que mejoran la calidad de vida de los habitantes. Por otra parte, los educadores son menospreciados con calificativos de profesionales de segunda, a diferencia de otras naciones mucho más exitosas y avanzadas que Colombia, donde son respetados y son ejercidos por los profesionales más competentes. ¿Cómo combatir la pobreza y el atraso sin economistas, sociólogos, ingenieros y científicos? ¿Cómo superar el rezago productivo del país cuando existe una escasez preocupante de doctores, falta de profesionales, técnicos y tecnólogos en áreas de alto impacto tecnológico y económico?

Introducción a lo legal

Regresando al caso de Héyder Carlosama, la Constitución Política colombiana en vigencia se define como “norma de normas” y que “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y las leyes u otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones constitucionales” (Artículo 4), obliga al Estado a reconocer “sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad” (Artículo 5), entre dichos derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y al buen nombre (Artículo 15), a la honra (Artículo 21), a la educación como “un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura” (Artículo 67) y “la autonomía universitaria” donde “las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley” así como “la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado”, y “El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación” (Artículo 69). Seguidamente, el documento declara a los artículos 15 y 21 como de aplicación inmediata (Artículo 85).

A partir de una lectura cuidadosa del escrito periodístico y tomando en cuenta los fragmentos citados de la Constitución, el cobro del multimillonario monto a Héyder Carlosama, la renuencia, a pesar de las reservas del departamento administrativo, a la ampliación de su estancia para culminar exitosamente el doctorado en una prestigiosa universidad estadounidense y la declaración de vacancia de su cargo por parte de la universidad pública involucrada atenta contra sus derechos fundamentales consagrados si bien cumple a cabalidad con los lineamientos de sus normativas internas, por otra parte, el “principio de autonomía universitaria” como justificación de tales decisiones resulta ser un argumento débil frente a la jerarquía legal colombiana por no ser un derecho fundamental de aplicación inmediata, en cambio, la afectación a su buen nombre, construido en una trayectoria académica y profesional sobresaliente, su honra e intimidad personal y la integridad familiar si corresponden.

Tal exposición de hechos lleva a concluir que el principio de autonomía universitaria tiene límites pues se encuentra subordinada a la Constitución y pese a ser un derecho fundamental, este se encuentra subordinado a otros derechos fundamentales que son aplicación inmediata. En consecuencia, deben tomarse en cuenta en la toma de decisiones tan cruciales no solo para el destino de una persona como Héyder, quien ha mostrado el propósito de formarse para servir mejor como académico, investigador y profesional, o de su familia, entregada al desamparo más desolador, sino para el destino del país al destruir una vía que haga posible su desarrollo en todos los órdenes convirtiendo esta pregunta en una afirmación sólida y contundente: ¿Ser Pilo Paga?

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