En la tarde del domingo 15 de febrero el padre jesuita Javier Giraldo recibió un cofre los restos del sacerdote Camilo Torres, muerto exactamente hace 60 años. Horas antes, Giraldo había estado en la capilla Cristo Maestro, en el campus de la Universidad Nacional en Bogotá, participando en una eucaristía en memoria del cura que dejó los hábitos para unirse al ELN y murió en combate el 15 de febrero de 1966. Los restos, cuya localización fue un enigma durante seis décadas, pasaron a sus manos en un acto íntimo, reservado, casi silencioso. Detrás de ese momento hubo una solicitud presentada por él mismo en 2019 y un trabajo forense que atravesó fronteras.
La historia comenzó a moverse cuando la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas UBPD, recibió la petición formal para iniciar la búsqueda. Esa entidad solo actúa cuando alguien pide que lo haga. En el caso de Camilo Torres, uno de los primeros desaparecidos forzados del conflicto colombiano, la solicitud la firmó Giraldo. No fue un gesto simbólico: fue el punto de partida de una investigación que llevó a los equipos a revisar archivos militares, panteones y cementerios.
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Los restos aparecieron escondidos en el panteón militar del Cementerio Municipal de Bucaramanga. Allí habían sido ocultados por orden del general Álvaro Valencia, con la intención de evitar que el cuerpo se convirtiera en objeto de veneración. A Camilo Torres lo inhumaron como un soldado caído en combate. No hubo tumba con su nombre ni lugar para el duelo público. Hubo 60 años de silencio.
En 2024, la UBPD recuperó varios restos óseos en ese panteón y comenzó un proceso técnico complejo. La identificación fue confirmada por tres laboratorios forenses, uno de ellos en Estados Unidos, que realizaron análisis interdisciplinarios y pruebas de ADN adicionales. Solo dos piezas óseas permitieron aislar material genético utilizable, afectado por años de formol. El Instituto Nacional de Medicina Legal no emitió un dictamen definitivo, pero la UBPD no lo necesitaba: las confirmaciones técnicas eran suficientes para proceder a la entrega. La directora de la entidad, Janeth Forero Martínez, anunció que la mayoría de las estructuras recuperadas correspondían al sacerdote conocido como el cura guerrillero.
Ese resultado, sin embargo, no puede entenderse sin el hombre que insistió en buscarlo. Javier Giraldo, miembro del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), lleva más de cuatro décadas siguiendo el rastro de la guerra. Es jesuita, filósofo, magíster en teología, formado en la Universidad Javeriana y con estudios en París. Pero su hoja de vida académica dice menos que su trayectoria en terreno. Desde 1988 participa en la construcción de bases de datos sobre violaciones a los derechos humanos y ha acompañado comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en Antioquia, Cundinamarca, Chocó, Valle y Huila.
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Durante los últimos veinte años su atención se ha concentrado en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que en 1997 decidió declararse neutral frente a todos los actores armados. Unos 500 campesinos optaron por negar la entrada a guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública. Desde entonces han enfrentado asesinatos, desplazamientos y amenazas. Giraldo ha sido uno de sus principales defensores, no solo frente a los grupos armados ilegales sino también ante los señalamientos del Estado. En Urabá ha denunciado la persistencia de vínculos entre estructuras paramilitares y sectores de la Fuerza Pública, y ha advertido que no se ha avanzado en romper esas relaciones.
Su voz es incómoda. Para sectores conservadores de la Iglesia y de la política, su postura lo ubica en una zona sospechosa. Ha sido señalado y atacado públicamente por figuras como la senadora María Fernanda Cabal. También ha enfrentado pérdidas cercanas que convirtió en luchas personales. En 1997, sus amigos Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores vinculados al CINEP, fueron asesinados en su apartamento en Chapinero. Desde entonces, Giraldo convirtió la exigencia de justicia en una tarea personal y colectiva.
En su oficina austera, con estanterías repletas de libros sobre el conflicto y un afiche de Camilo Torres en la pared, repite que la memoria es el único camino para reconstruir a las víctimas. Sostiene que la estrategia del olvido refuerza la zona oscura de la conciencia social, esa que permite que la violencia se repita. Por eso impulsó la revista Noche y Niebla, una publicación casi invisible, que desde hace más de tres décadas documenta homicidios, desapariciones, amenazas y desplazamientos. Los informes recientes registran asesinatos mensuales de líderes sociales y un incremento de agresiones contra defensores de derechos humanos.
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Su mirada sobre los procesos de paz es crítica y matizada. Reconoce aciertos en la idea de dialogar con todos los actores armados y en la convicción de que la paz no se consigue multiplicando la guerra. Pero advierte que firmar acuerdos sin transformaciones estructurales no resuelve las raíces de la violencia. Ha seguido de cerca las negociaciones con el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que adelanta el gobierno de Gustavo Petro al cual apoya sin ocultarlo, pero es claro en afirmar que considera que los intereses económicos ligados al narcotráfico y la falta de cambios profundos en lo agrario, tema que también es de su interés, dificultan cualquier salida rápida al conflicto.
En ese contexto, la recuperación de los restos de Camilo Torres tiene un significado que va más allá de lo simbólico. Colombia acumula más de 120.000 personas dadas por desaparecidas en más de medio siglo de conflicto. Cada identificación es una grieta en la impunidad. El caso de Torres, ocurrido en los albores de la confrontación con el ELN, recuerda que la desaparición forzada no es un fenómeno reciente sino una práctica arraigada. Con el hallazgo de Camilo Tores, el padre Giraldo no busca cerrar un ciclo de ocultamiento y abrir una puerta más grande a la búsqueda de personas desaparecidas, que en Colombia suman más de 120 mil, según las cifras de las entidades que sigue la guerra en el país. Con la recuperación de los restos del cura Torres, seis décadas después de su muerte, el padre Giraldo materializó una convicción que ha guiado su vida y que ha repetido constantemente: sin memoria no hay justicia y sin justicia no hay paz.
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