Del resultado de las últimas elecciones los comentaristas han tomado como lado positivo que la presencia de Álvaro Uribe de un lado, y de miembros de la izquierda como Robledo, Navarro, o Claudia López del otro, augura que se darán debates ideológicos en el Congreso, enfrentando y obligando a las partes a definir posiciones y concretar propuestas; es decir, se espera que, aunque la mermelada se lleve a la mayoría de los parlamentarios (como siempre ha sucedido), habrá confrontaciones a un alto nivel como no se habían dado en el escenario del Congreso desde hace muchos años.
Pero esos debates pueden ser más de lucimiento personal que de poder decisorio. Es probable que sea más importante lo que los acerca que lo que los aleja; en particular el tema de la Constituyente en el cual no solo coinciden ellos sino también es una aspiración de las Farc.
Es posible que más que el tema mismo de la paz sea este el que ocupe la escena política antes de los comicios presidenciales.
Es de esperar que más que las giras, los candidatos a la presidencia organicen lo que ya es convencional en todas partes del mundo, o sea las presentaciones en debates televisivos tanto de lo aspirantes titulares como de sus respectivos vicepresidentes en potencia. En especial ojalá el Dr. Santos no evite tales invitaciones y por el contrario las promueva.
Y ojalá también que sea alrededor de ese punto de la Constituyente pues si algo se puede afirmar es que la Constitución vigente no dio los resultados que se esperaban, que no ha ayudado a organizar mejor la sociedad o a construir un Estado más eficiente.
Es hora de reconocer que el problema no es la guerrilla sino la incapacidad de nuestras instituciones. El verdadero debate no es como manejar los diálogos de La Habana; ni como hacer la reforma de la educación o de la salud o de la administración de Justicia; mientras no aclaremos que el objetivo del Estado tiene que ser más amplio y más ambicioso que el desarrollo económico, no podemos diseñar esas reformas que tienen dimensiones diferentes —y más importantes— que el simple crecimiento del PIB.
Las leyes del mercado puede que —y no es seguro— sean efectivamente las más apropiadas para mejorar la economía del país. Pero decididamente no son las más idóneas para acabar con las desigualdades que presenta nuestra nación. La característica de la Carta del 91 es la ausencia de definición de las funciones de planeación del Estado para alcanzar objetivos sociales de largo plazo. Reivindicamos la naturaleza 'garantista' de este contrato social, pero por los mecanismos que jurídicos que se crearon para controlar algo que no está regulado; lo que faltó es dar prioridad a los elementos que constituyen o permiten la convivencia armónica.
Mucho se dice que será en el posconflicto cuando se deben debatir esos temas. Pero, si queremos salir del marasmo en el que nos encontramos, el camino se inicia por aceptar que no es bajo la actual Constitución donde hallaremos la solución. Solo cuando comience ese debate atacaremos el origen y la causa de lo que vivimos; solo entonces podemos aspirar a una Colombia mejor.
