¡Que se conozcan los crímenes políticos ocurridos en Colombia desde 1947!

Tras las recientes confesiones de las Farc ante la JEP, muchos piden que todos los actores involucrados en el conflicto empiecen a contar la verdad

Por: Marco Aurelio García Pedraza
octubre 29, 2020
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¡Que se conozcan los crímenes políticos ocurridos en Colombia desde 1947!
Foto: Las2orillas

Hace poco el país se estremeció frente a la verdad revelada por la dirigencia del Partido Farc, admitiendo ante la JEP el homicidio de seis colombianos. Así pues, es perentorio exigir a todos los actores involucrados en el conflicto armado (derivado de la violencia liberal-conservadora) aportar la verdad por dolorosa e increíble que sea.

Si bien esta enciende pasiones en algunos, también tranquiliza a la mayoría de las familias de las víctimas y al pueblo en general, que se siente respetado. Eso es lo que ha ocurrido con la confesión de los exguerrilleros de ese grupo armado, hijo legítimo e innegable de esa violencia.

Ahora bien, los medios dedicaron sus portadas, titulares y comentarios a un solo magnicidio, mientras que los otros fueron relegados a "minicidios", por eso es preciso saber quiénes fueron, qué hicieron y qué aportaron a este conflicto que hoy aún campea llevando masacres a todo el territorio nacional.

Hernando Pizarro y José Fedor conformaron el Frente Ricardo Franco en 1982 y se instalaron cerca a Toribio (Cauca). Previamente habían adelantado en algunas universidades una campaña de reclutamiento de estudiantes de ideas de izquierda. Además, tenían mucho dinero, al punto de que se habló de plata suficiente para la toma del poder.

Sobre la procedencia de dicho dinero se tejieron dos hipótesis: una, que era producto del robo de Fedor a las Farc de $1.600 millones, ya que él había hecho parte de esa guerrilla y había desertado; y, dos, un posible convenio entre Fedor, Pizarro y el B2 de la Brigada 13 con el visto bueno de inteligencia americana.

La tragedia terminó cuando amarraron a más de 170 combatientes, los torturaron y los asesinaron, en lo que el país conoció como la Matanza de Tacueyo, ocurrida a finales de 1985, en donde se reconoció la muerte de 164 y la que la inteligencia militar calificó de inmediato como purga en las filas de las Farc.

Pablo Emilio Guarín, otro de los reconocidos, fue congresista por el liberalismo y lideró el proyecto paramilitar del Magdalena Medio. Así mismo, creó en Puerto Boyacá la primera ciudad antisubversiva de Colombia.

Y otro de los mencionados que también puede ubicarse en ese rango de guerra es el general Fernando Landazábal, candidato a la presidencia por el conservadurismo. Este defendió el Palacio de Nariño el 9 de abril de 1948 de los desesperados liberales en el bogotazo, ocasionado por la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, luego hizo parte del Batallón Colombia que viajó a Corea en 1951 y más tarde fue ministro de Defensa de Belisario Betancur. Renunció cuando el presidente habló de paz con el M-19.

Por su parte, Jesús Bejarano, condiscípulo en la Universidad Nacional de Alfonso Cano (comandante de las Farc), lugar en donde fue asesinado en 1999, al contrario de los demás despierta demasiados interrogantes que esperamos conocer: fue impulsor de paz con el EPL y con el Quintín Lame.

Sin embargo, lo de Álvaro Gómez nos regresa a la línea anterior: hijo de Laureano Gómez (presidente en 1947), senador desde 1950 y con el transcurrir de los años llegó a ser el hombre más consecuente sobre los problemas del país: constituyente en 1991, buen escritor (tarea que aprendió en el periódico El Siglo, de propiedad de su padre) y candidato a presidente varias ocasiones (sin lograr esa dignidad).

Durante los años de la violencia liberal-conservadora el pueblo adjudicó a su autoría dos frases que atemorizaron a millones de liberales: el famoso corte de franela para referirse a los liberales que eran degollados a machete por los chulavitas y las llamadas repúblicas independientes, exigiendo airadamente desde el senado su exterminio.

De allí se derivó la Operación Soberanía (que hizo parte del Plan Lasso, agendado desde Washington), ordenada por el presidente Guillermo León Valencia (abuelo de la hoy senadora Paloma Valencia Laserna en 1964) y coordinada por el entonces ministro Alberto Ruiz Novoa, y que consistió en el bombardeo al sector de Marquetalia y Gaitania (Tolima), Río Chiquito (Cauca), Pato (Huila) y Guayabero (Guaviare), al mando de Joaquín Matallana y encaminada a exterminar a Tirofijo y su gente (que como sabemos hoy, no solo salió ileso, sino que además, ordenó su muerte).

La JEP será depositaria de muchas verdades y están en mora de acudir ante esa jurisdicción quienes ordenaron múltiples asesinatos, y contribuyeron al desplazamiento de más de ocho millones de colombianos y al exterminio de más de diez mil integrantes de la Unión Patriótica y de cinco candidatos presidenciales no pertenecientes a las elites gobernantes: Jaime Pardo Leal, José Antequera, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y el mismísimo Jorge Eliécer Gaitán.

Aunque esas verdades nos duelen, más nos entristece la postura de la familia de Gómez Hurtado, que no renuncia a que dicho crimen sea declarado como crimen de Estado, y los anuncios de la Fiscalía que, ad portas de cumplirse 25 años de investigaciones, ahora sí pregona tener todo claro.

Qué país de cafres, como diría el hombre del acuerdo sobre lo fundamental.

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