En un país donde los riesgos se reparten con criterios que parecen más políticos que técnicos, la reciente tragedia del senador Miguel Uribe Turbay ha expuesto una ironía dolorosa: el jefe de la entidad que protege a los amenazados estaba más protegido que quien sí fue atacado.
Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, recibió disparos en la cabeza, el cuello y la pierna durante un acto público. Su agresor, un menor de 15 años armado con una pistola Glock traída de EE. UU., fue neutralizado por su escolta. La seguridad del Senador, sin embargo, no resistió la prueba de la realidad.
Lo curioso –y para algunos, escandaloso– es que mientras Uribe llevaba un vehículo blindado y cuatro escoltas, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, contaba con un esquema que podría envidiar incluso un ministro en funciones: ocho escoltas, tres vehículos blindados y hasta chalecos para sus asesores.
La explicación oficial: Rodríguez firmó en marzo de 2023 una directiva que permitió duplicar su propia protección y asignar recursos privilegiados a varios de sus funcionarios. No consta que enfrentara amenazas mayores que las denunciadas por Uribe en más de 20 solicitudes ignoradas por esa misma entidad.
La familia del senador ha interpuesto una denuncia penal contra Rodríguez, mientras el país se pregunta cómo puede ser que el encargado de proteger a los amenazados esté mejor resguardado que quienes realmente reciben los disparos.
La paradoja se resume así: el protegido no fue protegido, y el protector se protegió de más.
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