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¿Qué pasa con los que denuncian en redes y no en las instancias pertinentes?

Por el mandato legal de denunciar la comisión de delitos y por el derecho a la información veraz y la justicia es imperioso que se realicen las respectivas acusaciones

Por: María Clemencia Torres Gómez
Octubre 11, 2017
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¿Qué pasa con los que denuncian en redes y no en las instancias pertinentes?

En la semana anterior, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación por sobre costos en unos kits escolares al exgobernador de Boyacá Juan Carlos Granados, tan solo tres días después, la Contraloría Departamental informa sobre el detrimento patrimonial de más de 19.508 millones de pesos en el gobierno del mismo señor, 80 hallazgos administrativos, 68 disciplinarios, 37 penales y 31 fiscales. Estos hechos tan graves no merecieron gran despliegue en los medios regionales, no causa asombro alguno… basta mirar la pauta publicitaria y el SECOP.

En cambio, en las redes sociales, Facebook  y Twiter, en los que abundan los “defensores de la moralidad pública” no encontré mención alguna sobre el tema. Eso sí me causó asombro, más cuando todos los días encuentro acusaciones contra el actual gobernador Carlos Amaya, con calificativos como “delincuente”, “corrupto” , “bandido”.

Por citar un solo ejemplo, en el perfil de Facebook de una ciudadana, además de muchos argumentos deleznables sobre la vida privada de Amaya, encuentro sindicaciones de delitos como consta en una publicación del 26 de septiembre de este año en la que afirma que Amaya le ofreció dinero a los campesinos para que siguieran en pie de lucha, “dinero que hasta se robó”. En otra publicación, hecha el 13 de septiembre, le exige al gobernador que responda por todas las irregularidades de su gobierno.

Es obvio que estas no son opiniones porque no se refieren a ningún aspecto subjetivo, sino al conocimiento de la comisión de delitos y por lo tanto deben ser denunciados ante las autoridades competentes como lo ordena el artículo 67 de la Constitución de Colombia. Además, no solo en este perfil sino en al menos 4 más encuentro todos los días este tipo de sindicaciones.

No solo por el mandato legal de denunciar la comisión de delitos, sino por el derecho de los ciudadanos a la información veraz y a la justicia es imperioso que estos ciudadanos realicen las respectivas denuncias o que las instancias legales competentes nos aclaren la verdad: si es cierto o no que el gobernador ha cometido estos delitos o si en realidad el delito es de injuria y calumnia de quienes publican este tipo de acusaciones.

Ni la prensa, ni menos aún las redes sociales pueden pretender sustituir el Estado de Derecho por un Estado de opinión. En un tema tan importante y definitivo para Colombia como lo es la corrupción, es obligación del Estado, las autoridades y los ciudadanos ser responsables y actuar de manera contundente en la consecución de la verdad.

Investigar estas acusaciones hechas en las redes sociales no constituye en ningún caso violación alguna al derecho de opinión, ni de expresión, se afirma en ellas tener conocimiento de la comisión de delitos y es deber no solo de los gobernantes, sino de los ciudadanos acatar la constitución y la ley.

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