Con mucha expectación recibieron todos los pensionados del país el espaldarazo de la Procuraduría General de la Nación al proyecto de ley que reduce del 12 al 4% su cotización a salud. En un contundente concepto el Ministerio Público la lanzó dardos al Gobierno al afirmar que la sostenibilidad fiscal (la camisa de fuerza que el Gobierno le pone a todos los proyectos de ley que ordenan gasto público) no debe ser entendida como una “barrera” para la protección efectiva de los derechos fundamentales y de paso le recordó a la Corte Constitucional que los pensionados son personas que merecen de “especial” protección. Sin lugar a dudas se pronostica un fuerte debate al interior de la Corte y todo parece indicar que los perdedores serán los pensionados. ¿Qué pasó con una promesa de campaña que terminó convertida en un tensionante contrapunteo entre todas las ramas del poder público? Esta es una historia que mezcla a un candidato presidencial desesperado, un Congreso en “rebeldía” con un Gobierno desgastado y a millones de pensionados decepcionados.
Todo empezó antes de la segunda vuelta presidencial de 2014 cuando un presidente-candidato, desesperado por su derrota a manos del uribismo en primera vuelta, le prometió a los pensionados que respaldaría una ley para reducir en 8 puntos su cotización a salud. Promesa que llegó al corazón (y al bolsillo) de aproximadamente 2 millones de pensionados que consideran una injusticia histórica la obligación legal de asumir la totalidad de la cotización a salud automáticamente la pensión es reconocida (artículo 204 de la ley 100). No se podría afirmar que fue por esa promesa que Santos ganó la presidencia. Sin embargo, esa promesa sí movilizó un amplio sector del electorado que confió en las palabras del presidente-candidato y que posiblemente no votó por él en primera vuelta. Aunque Santos incumplió y su Gobierno nunca presentó un proyecto para reducir ese aporte el Congreso sí y desde diferentes orillas (U, Liberal, Polo) radicaron iniciativas en ese sentido, entre 2014 y 2017 se radicaron cuatro, tres se hundieron y una sobrevivió. Esa es el que actualmente tiene en tensión al Gobierno con el Congreso y que resolverá finalmente la Corte Constitucional.
En plata blanca se podría afirmar que el Gobierno incumplió y que el Congreso sí le cumplió a los pensionados. En este punto recuerdo un principio denominado “colaboración armónica entre las ramas del poder público” que invita a una concertación para lograr resultados equilibrados y simétricos entre las diferentes ramas del poder público. Este no fue el caso con esa iniciativa porque a lo largo de los dos años de trámite el Gobierno siempre sentó una posición desfavorable, solicitó reiteradamente su cristiana sepultura y argumentó que desde el Congreso no se planteaba una “fuente sustitutiva” de recursos, es decir, no se tenía claridad de donde saldría la plata para cubrir el hueco que dejaría la reducción de ese aporte en el sistema de salud y que los técnicos del Ministerio de Hacienda calculan en cerca de 3 billones de pesos. Por eso, cuando el Congreso aprobó el proyecto, en vísperas de un año electoral y sobre un cálculo más político que técnico, el Gobierno presentó un informe de objeciones. Santos lo consideró inconveniente (insostenibilidad fiscal) e inconstitucional y se negó a sancionarlo. Al igual que le incumplió a los trabajadores nocturnos (les prometió restituir las cuatro horas del recargo nocturno que Uribe desmontó en 2002) con ese informe le confirmó su incumplimiento a los pensionados.
Hasta aquí se evidencia el enfrentamiento entre el Congreso y el Gobierno, un primer round que ganó el Congreso porque dado el desgaste de su gobernabilidad Santos no fue capaz de hundir su antigua promesa de campaña ni movilizando su bancada. En el segundo y último round le corresponde a la Corte Constitucional asumir un rol activo y determinar quién tiene la razón. ¿Por qué? Así lo establece la Constitución cuando el ejecutivo y el legislativo se tensionan y no llegan a un acuerdo sobre algún proyecto de ley. Ya queda a discrecionalidad de nueve magistrados (elegidos por el Senado) en representación de la rama judicial determinar quién gana el pulso y obligar al presidente a sancionar o al Congreso a aceptar la inviabilidad del proyecto. ¿Y la Procuraduría? Su concepto no es de carácter vinculante pero sí orienta una posición favorable a los pensionados y al Congreso. Todo parece indicar que por la ausencia de la susodicha “fuente sustitutiva de recursos” (¿Eso cómo se hace si el Congreso no cuenta con una entidad independiente al Ministerio de Hacienda para hacer esos cálculos?). La Corte podría inclinar su balanza hacia el Gobierno. Espero equivocarme por el bienestar de los millones de pensionados que esperan ansiosamente esa decisión.
